Alonso Quijano
30 de junio de 2025
El domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lanzó un mensaje directo al poder político en Hidalgo: el robo de hidrocarburos, mejor conocido como “huachicol”, no podría haberse consolidado en la región sin la colusión activa de autoridades municipales. Así lo dejó claro en la conferencia del Gabinete de Seguridad, donde junto a los altos mandos militares y el Fiscal General de la República, presentó el resultado de uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en la zona centro del país, con epicentro en el llamado “WatchON” hidalguense: el corredor donde el huachicol floreció al amparo de la corrupción.
La operación, resultado de seis meses de investigación de inteligencia federal, exhibió el entramado criminal que operaba con absoluta impunidad entre Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. No es casualidad que, de las 12 diligencias principales, varias se realizaron en municipios hidalguenses conocidos por su historial de tomas clandestinas y extraños ascensos patrimoniales de servidores públicos. Según Harfuch, esta red –liderada por Cirio Sergio “N” y Luis Miguel “N”, alias “Flaco de oro”– era capaz de coordinar la extracción ilegal de combustible, almacenarlo en bodegas y distribuirlo a una red de gasolineras, muchas de ellas conocidas por despachar gasolina robada a plena luz del día, sin intervención de las autoridades municipales.
El “WatchON” en Hidalgo, tradicionalmente asociado a la zona sur del estado y particularmente a los municipios de Tula, Tepeji y Atotonilco de Tula, volvió a la palestra no sólo por su papel en el epicentro del huachicol, sino porque las pesquisas de la FGR han dejado al descubierto una trama de protección política que se remonta a varios trienios. De acuerdo con fuentes federales, ya se investiga a funcionarios municipales y estatales que, por acción u omisión, facilitaron la operación de esta red a cambio de sobornos millonarios, protección electoral o, sencillamente, para mantener la paz social a través de la repartición de recursos ilícitos.
Los números del decomiso hablan por sí solos: más de 15 millones de pesos en efectivo, 21 tractocamiones, ocho pipas, 14 semirremolques, decenas de vehículos de lujo, armas, cargadores y hasta animales exóticos –incluyendo un jaguar y un cachorro de león– que vivían mejor que la mayoría de los habitantes de los municipios saqueados por el huachicol. Pero detrás del espectáculo del aseguramiento, lo verdaderamente relevante es la confesión tácita del Estado: el crimen organizado logró instalarse gracias al cobijo de la clase política local, esa que, año tras año, hace campaña en nombre del “combate a la corrupción”.
De acuerdo con testimonios recabados en la zona y antecedentes periodísticos, la complicidad municipal se expresa de múltiples formas: omisión ante reportes ciudadanos de tomas clandestinas, manipulación de rondines de seguridad para evitar la vigilancia en puntos clave, y la canalización de recursos municipales para cubrir el daño cuando ocurre una explosión o fuga, presentando los hechos como “accidentes inevitables” y no como resultado del saqueo criminal tolerado.
El golpe dado por la SSPC y la FGR es sin duda importante, pero queda lejos de erradicar el fenómeno si no se traduce en investigaciones y, sobre todo, en sanciones ejemplares contra presidentes municipales, mandos policiacos y funcionarios estatales que permitieron, por acción u omisión, el saqueo de uno de los principales activos del país. La presidenta Claudia Sheinbaum lo reconoció al asegurar que la investigación contra la red de “Don Checo” y otras mafias continuará, incluyendo la indagatoria sobre vínculos con servidores públicos.
Por ahora, la pregunta es inevitable: ¿cuántos presidentes municipales, directores de seguridad pública y altos funcionarios en Hidalgo y otros estados están realmente comprometidos con la legalidad, y cuántos son, en realidad, socios silenciosos del huachicol? El WatchON, más que una zona geográfica, es hoy el retrato de un modelo nacional donde la frontera entre la política y el crimen organizado se ha desdibujado peligrosamente. Y mientras no caigan los funcionarios que la protegen, el huachicol seguirá fluyendo, aunque se presenten operativos espectaculares para la foto y la conferencia.
El domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lanzó un mensaje directo al poder político en Hidalgo: el robo de hidrocarburos, mejor conocido como “huachicol”, no podría haberse consolidado en la región sin la colusión activa de autoridades municipales. Así lo dejó claro en la conferencia del Gabinete de Seguridad, donde junto a los altos mandos militares y el Fiscal General de la República, presentó el resultado de uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en la zona centro del país, con epicentro en el llamado “WatchON” hidalguense: el corredor donde el huachicol floreció al amparo de la corrupción.
La operación, resultado de seis meses de investigación de inteligencia federal, exhibió el entramado criminal que operaba con absoluta impunidad entre Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. No es casualidad que, de las 12 diligencias principales, varias se realizaron en municipios hidalguenses conocidos por su historial de tomas clandestinas y extraños ascensos patrimoniales de servidores públicos. Según Harfuch, esta red –liderada por Cirio Sergio “N” y Luis Miguel “N”, alias “Flaco de oro”– era capaz de coordinar la extracción ilegal de combustible, almacenarlo en bodegas y distribuirlo a una red de gasolineras, muchas de ellas conocidas por despachar gasolina robada a plena luz del día, sin intervención de las autoridades municipales.
El “WatchON” en Hidalgo, tradicionalmente asociado a la zona sur del estado y particularmente a los municipios de Tula, Tepeji y Atotonilco de Tula, volvió a la palestra no sólo por su papel en el epicentro del huachicol, sino porque las pesquisas de la FGR han dejado al descubierto una trama de protección política que se remonta a varios trienios. De acuerdo con fuentes federales, ya se investiga a funcionarios municipales y estatales que, por acción u omisión, facilitaron la operación de esta red a cambio de sobornos millonarios, protección electoral o, sencillamente, para mantener la paz social a través de la repartición de recursos ilícitos.
Los números del decomiso hablan por sí solos: más de 15 millones de pesos en efectivo, 21 tractocamiones, ocho pipas, 14 semirremolques, decenas de vehículos de lujo, armas, cargadores y hasta animales exóticos –incluyendo un jaguar y un cachorro de león– que vivían mejor que la mayoría de los habitantes de los municipios saqueados por el huachicol. Pero detrás del espectáculo del aseguramiento, lo verdaderamente relevante es la confesión tácita del Estado: el crimen organizado logró instalarse gracias al cobijo de la clase política local, esa que, año tras año, hace campaña en nombre del “combate a la corrupción”.
De acuerdo con testimonios recabados en la zona y antecedentes periodísticos, la complicidad municipal se expresa de múltiples formas: omisión ante reportes ciudadanos de tomas clandestinas, manipulación de rondines de seguridad para evitar la vigilancia en puntos clave, y la canalización de recursos municipales para cubrir el daño cuando ocurre una explosión o fuga, presentando los hechos como “accidentes inevitables” y no como resultado del saqueo criminal tolerado.
El golpe dado por la SSPC y la FGR es sin duda importante, pero queda lejos de erradicar el fenómeno si no se traduce en investigaciones y, sobre todo, en sanciones ejemplares contra presidentes municipales, mandos policiacos y funcionarios estatales que permitieron, por acción u omisión, el saqueo de uno de los principales activos del país. La presidenta Claudia Sheinbaum lo reconoció al asegurar que la investigación contra la red de “Don Checo” y otras mafias continuará, incluyendo la indagatoria sobre vínculos con servidores públicos.
Por ahora, la pregunta es inevitable: ¿cuántos presidentes municipales, directores de seguridad pública y altos funcionarios en Hidalgo y otros estados están realmente comprometidos con la legalidad, y cuántos son, en realidad, socios silenciosos del huachicol? El WatchON, más que una zona geográfica, es hoy el retrato de un modelo nacional donde la frontera entre la política y el crimen organizado se ha desdibujado peligrosamente. Y mientras no caigan los funcionarios que la protegen, el huachicol seguirá fluyendo, aunque se presenten operativos espectaculares para la foto y la conferencia.
