El senado aprueba la polémica #LeyEspía: geolocalización en tiempo real, acceso a tus mensajes y el adiós al IFT. Prometen “internet para todos”, pero organizaciones alertan sobre el avance del estado espía. ¡participa, infórmate y exige!
Alonso Quijano
1 de julio de 2025
México dio un paso crucial –y polémico– hacia la “conectividad universal”, pero el precio podría ser mucho mayor que una simple factura de internet. Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó en fast track la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una reforma que, bajo el argumento de modernizar el país, concentra el control de la infraestructura digital y los datos personales en manos de la autoridad federal.
Respaldada por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, y rechazada por el PAN y PRI, la reforma generó un debate encendido: ¿es un avance tecnológico o una amenaza orwelliana disfrazada de progreso? Los opositores advierten la instauración de un “Estado espía” que podría espiar, censurar y castigar a quien no se alinee.
Entre las medidas más controversiales destaca la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo móvil, sin necesidad de orden judicial; el acceso a historiales de llamadas y mensajes; y la sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta ahora autónomo, por la flamante Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cuyas amplias facultades dependen más de la voluntad política que de controles institucionales. Como si fuera poco, la autoridad podrá suspender “precautoriamente” transmisiones de radio y televisión si, según su criterio, afectan a “las audiencias”. Un concepto tan flexible como inquietante.
El dictamen ofrece, eso sí, la promesa de conectar a las zonas marginadas, de fortalecer medios indígenas y comunitarios y –en el papel– llevar internet hasta los rincones más olvidados del país. Sin embargo, para organizaciones como Artículo 19 y R3D, el precio es demasiado alto: aunque se eliminó el polémico artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales, los riesgos para los derechos fundamentales siguen tan intactos como el ánimo controlador de la nueva burocracia digital.
Ricardo Anaya, desde la oposición, fue tajante: “No podemos acompañar una legislación que permite espiar y ponerle una pistola en la cabeza a quien se atreva a decir lo que al régimen le incomoda.” Pero para los defensores de la reforma, se trata simplemente de modernizar el país y cerrar la brecha de desigualdad, como si la conectividad y la vigilancia masiva pudieran ir de la mano sin consecuencias.
El politólogo Jorge Luis González Pacheco lo resume así: “Nos venden el ‘internet para todos’ como si fuera justicia social, pero nos ocultan que, al mismo tiempo, entregamos nuestros datos, ubicación y privacidad sin garantías.” ¿Un México conectado… o un México vigilado?
La ley pasó ya a la Cámara de Diputados, donde se anticipa una batalla similar, mientras la sociedad civil, organismos internacionales y defensores de derechos digitales observan con lupa lo que podría ser el mayor salto –o el mayor retroceso– en la historia de las libertades digitales mexicanas, todo para conservar el poder sin cuestionamientos.
El debate apenas comienza. ¿Avance tecnológico, control político, o ambos? Lo único claro es que la “conectividad universal” llegó envuelta en la sombra de una #LeyEspía.
1 de julio de 2025
México dio un paso crucial –y polémico– hacia la “conectividad universal”, pero el precio podría ser mucho mayor que una simple factura de internet. Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó en fast track la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una reforma que, bajo el argumento de modernizar el país, concentra el control de la infraestructura digital y los datos personales en manos de la autoridad federal.
Respaldada por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, y rechazada por el PAN y PRI, la reforma generó un debate encendido: ¿es un avance tecnológico o una amenaza orwelliana disfrazada de progreso? Los opositores advierten la instauración de un “Estado espía” que podría espiar, censurar y castigar a quien no se alinee.
Entre las medidas más controversiales destaca la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo móvil, sin necesidad de orden judicial; el acceso a historiales de llamadas y mensajes; y la sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta ahora autónomo, por la flamante Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cuyas amplias facultades dependen más de la voluntad política que de controles institucionales. Como si fuera poco, la autoridad podrá suspender “precautoriamente” transmisiones de radio y televisión si, según su criterio, afectan a “las audiencias”. Un concepto tan flexible como inquietante.
El dictamen ofrece, eso sí, la promesa de conectar a las zonas marginadas, de fortalecer medios indígenas y comunitarios y –en el papel– llevar internet hasta los rincones más olvidados del país. Sin embargo, para organizaciones como Artículo 19 y R3D, el precio es demasiado alto: aunque se eliminó el polémico artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales, los riesgos para los derechos fundamentales siguen tan intactos como el ánimo controlador de la nueva burocracia digital.
Ricardo Anaya, desde la oposición, fue tajante: “No podemos acompañar una legislación que permite espiar y ponerle una pistola en la cabeza a quien se atreva a decir lo que al régimen le incomoda.” Pero para los defensores de la reforma, se trata simplemente de modernizar el país y cerrar la brecha de desigualdad, como si la conectividad y la vigilancia masiva pudieran ir de la mano sin consecuencias.
El politólogo Jorge Luis González Pacheco lo resume así: “Nos venden el ‘internet para todos’ como si fuera justicia social, pero nos ocultan que, al mismo tiempo, entregamos nuestros datos, ubicación y privacidad sin garantías.” ¿Un México conectado… o un México vigilado?
La ley pasó ya a la Cámara de Diputados, donde se anticipa una batalla similar, mientras la sociedad civil, organismos internacionales y defensores de derechos digitales observan con lupa lo que podría ser el mayor salto –o el mayor retroceso– en la historia de las libertades digitales mexicanas, todo para conservar el poder sin cuestionamientos.
El debate apenas comienza. ¿Avance tecnológico, control político, o ambos? Lo único claro es que la “conectividad universal” llegó envuelta en la sombra de una #LeyEspía.
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