Jorge Montejo
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló graves irregularidades en la construcción de la carretera Pachuca-Huejutla, en su entronque Real del Monte-Huasca, en Hidalgo, donde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene pendientes por aclarar 89 millones 240 mil 285.02 pesos. A solo días de la inauguración programada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de Hidalgo aceleró la entrega de la obra, pese a la existencia de una suspensión concedida a los comuneros de Pueblo Nuevo por la falta de indemnización de sus tierras.
La ASF detectó pagos en exceso, desaparición de equipo de semaforización y una doble solicitud de recursos federales para la construcción de la carretera, lo que derivó en un sobrecosto millonario. Uno de los hallazgos más graves es el pago indebido de 18 millones 676 mil 936.59 pesos en 15 conceptos de obra ejecutada entre marzo y noviembre de 2023. También se identificaron pagos inflados en trabajos de infraestructura como la base asfáltica, excavaciones y concreto lanzado.
La ASF detectó pagos en exceso, desaparición de equipo de semaforización y una doble solicitud de recursos federales para la construcción de la carretera, lo que derivó en un sobrecosto millonario. Uno de los hallazgos más graves es el pago indebido de 18 millones 676 mil 936.59 pesos en 15 conceptos de obra ejecutada entre marzo y noviembre de 2023. También se identificaron pagos inflados en trabajos de infraestructura como la base asfáltica, excavaciones y concreto lanzado.
Pero las irregularidades no se limitan al sobrecosto de la obra. La Sociedad Real Zumate presentó un amparo denunciando la falta de indemnización por las tierras afectadas, argumentando que el gobierno de Hidalgo realizó los pagos a particulares que presentaron escrituras privadas posteriores el título de los quejosos. Muchos de estos beneficiarios son presuntos prestanombres del exgobernador Omar Fayad, quienes obtuvieron escrituras posteriores al decreto presidencial de 1924 que reconoce a los comuneros como legítimos propietarios de las tierras.
Pese a que los comuneros de Pueblo Nuevo lograron obtener una suspensión que debía frenar cualquier acto que implicara la entrega y uso de la carretera, la administración estatal violó la orden judicial la semana pasada, acelerando trabajos para inaugurar la vía antes de la visita de Sheinbaum. Esta acción no solo atenta contra los derechos de los comuneros, sino que también deja al descubierto el intento del gobierno estatal por encubrir las irregularidades en los pagos y la expropiación de tierras.
La historia del despojo en Hidalgo no es nueva. Políticos y empresarios han invadido terrenos comunales durante décadas, con la complicidad de los gobiernos en turno. En Huasca, por ejemplo, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y otros personajes han construido cabañas en tierras comunales que legalmente pertenecen a los habitantes de Pueblo Nuevo. Estas prácticas han generado descontento entre los comuneros, quienes ven cómo su patrimonio es arrebatado sin recibir justicia.
La entrega de la denuncia directamente a Sheinbaum representa una esperanza para los comuneros de que se haga justicia y se investiguen las irregularidades. No obstante, la violación de la suspensión y la inauguración de la carretera bajo estas condiciones evidencian el intento de encubrir una red de corrupción que, más allá del sobrecosto de la obra, implica el despojo sistemático de tierras comunales en Hidalgo.
