María Gil
1 de agosto de 2025
El Gobierno Federal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) anunciaron un incremento salarial del 9% ponderado para el personal del sector salud, una medida que, según el sindicato, busca reconocer la labor del personal médico, paramédico y grupos afines, y que será retroactiva al 1° de mayo de este año.
El dirigente nacional de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, detalló que el aumento no se limita al sueldo base, sino que también incluye la asignación bruta y apoyos para la actualización profesional. Asimismo, se contemplan mejoras en prestaciones económicas como la despensa, previsión social múltiple y ayudas por servicios.
De acuerdo con García Ayala, el incremento salarial beneficiará a todos los trabajadores integrados en el Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios, aunque será aplicado con un enfoque progresivo: los trabajadores con menores ingresos recibirán un aumento adicional del 0.5% al 2%.
“Este acuerdo refleja la voluntad institucional de atender las demandas legítimas del personal sanitario y dignificar su labor”, declaró el líder sindical, quien no perdió la oportunidad de destacar el papel de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud y la Presidencia de la República en la consolidación del convenio.
Como parte del discurso institucional, García Ayala también reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que su gobierno está consolidando “una política laboral favorable al bienestar del personal del sistema público de salud”.
Aunque el anuncio se presenta como una muestra de compromiso con el sector salud, no deja de ser también un mensaje político claro: Sheinbaum busca mantener una relación cercana con el sindicalismo tradicional del Estado, que ha sido históricamente un bastión clave para la gobernabilidad burocrática en México. El respaldo público de la FSTSE no es menor, y este tipo de acuerdos puede verse como parte de una estrategia para sostener la lealtad de estructuras sindicales en el arranque de su sexenio.
Si bien el aumento salarial es bien recibido por los trabajadores del sector, aún quedan pendientes de fondo: condiciones laborales en hospitales públicos, déficit de personal, falta de insumos y precariedad en zonas rurales. El incremento, aunque necesario, no sustituye una política integral de salud pública que verdaderamente transforme el sistema.
Por ahora, el pacto salarial es un gesto de alivio económico para miles de trabajadores, pero también una jugada política con múltiples lecturas en el contexto de la recomposición del poder sindical bajo el nuevo gobierno federal.
El Gobierno Federal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) anunciaron un incremento salarial del 9% ponderado para el personal del sector salud, una medida que, según el sindicato, busca reconocer la labor del personal médico, paramédico y grupos afines, y que será retroactiva al 1° de mayo de este año.
El dirigente nacional de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, detalló que el aumento no se limita al sueldo base, sino que también incluye la asignación bruta y apoyos para la actualización profesional. Asimismo, se contemplan mejoras en prestaciones económicas como la despensa, previsión social múltiple y ayudas por servicios.
De acuerdo con García Ayala, el incremento salarial beneficiará a todos los trabajadores integrados en el Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios, aunque será aplicado con un enfoque progresivo: los trabajadores con menores ingresos recibirán un aumento adicional del 0.5% al 2%.
“Este acuerdo refleja la voluntad institucional de atender las demandas legítimas del personal sanitario y dignificar su labor”, declaró el líder sindical, quien no perdió la oportunidad de destacar el papel de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud y la Presidencia de la República en la consolidación del convenio.
Como parte del discurso institucional, García Ayala también reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que su gobierno está consolidando “una política laboral favorable al bienestar del personal del sistema público de salud”.
Aunque el anuncio se presenta como una muestra de compromiso con el sector salud, no deja de ser también un mensaje político claro: Sheinbaum busca mantener una relación cercana con el sindicalismo tradicional del Estado, que ha sido históricamente un bastión clave para la gobernabilidad burocrática en México. El respaldo público de la FSTSE no es menor, y este tipo de acuerdos puede verse como parte de una estrategia para sostener la lealtad de estructuras sindicales en el arranque de su sexenio.
Si bien el aumento salarial es bien recibido por los trabajadores del sector, aún quedan pendientes de fondo: condiciones laborales en hospitales públicos, déficit de personal, falta de insumos y precariedad en zonas rurales. El incremento, aunque necesario, no sustituye una política integral de salud pública que verdaderamente transforme el sistema.
Por ahora, el pacto salarial es un gesto de alivio económico para miles de trabajadores, pero también una jugada política con múltiples lecturas en el contexto de la recomposición del poder sindical bajo el nuevo gobierno federal.
