La restricción de las garantías fundamentales de la sociedad, como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, se ha convertido en práctica común en el estado de Hidalgo. En clara y total contradicción a la principal premisa del gobierno que encabeza Julio Menchaca Salazar, de que primero es el pueblo, muchos ciudadanos han sido violentados, a través de la represión policiaca.
No obstante que el mandatario estatal en reiteradas ocasiones ha expresado su respeto irrestricto a los valores conquistados durante años por los mexicanos, en la realidad éstos han sido pisoteados en las últimas marchas y protestas que se han realizado en la entidad.
Como ejemplo de ello, basta recordar lo sucedido en fechas más recientes. En ese sentido, se encuentra lo ocurrido apenas en diciembre pasado, cuando habitantes de colonias ubicadas al sur de Pachuca fueron agredidos física y verbalmente por policías, por protestar contra la construcción de un albergue para migrantes en esa zona de la capital hidalguense.
Sin conocer a detalle la problemática que aquejaba a los manifestantes, Menchaca Salazar no sólo avaló que los quejosos fueran desalojados con el uso de la fuerza pública, sino que además advirtió que no se detendrían las obras “por capricho de alguien”.
Al más puro estilo lopezobradorista, el gobernador acusó a los inconformes de promover acciones xenofóbicas y racistas. “Recurrió a la ofensa, al ataque, en lugar de abrirse al diálogo con una población que durante años ha sido ignorada por autoridades municipales y estatales”, subrayaron los afectados.
Posteriormente, en las movilizaciones que se realizaron el pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, se reportó de nueva cuenta el uso desmedido de la fuerza por parte de los uniformados, cuyo proceder incluso rayó en lo exagerado.
De acuerdo con narraciones de algunas de las manifestantes, varias de ellas fueron llevadas al sótano del edificio sede del gobierno del estado, en donde tras ser esposadas, fueron agredidas por policías. Se destaca que incluso menores de edad resultaron victimas de insultos y golpes.
Además, gran cantidad de mujeres fueron “encapsuladas” y rociadas con gas, para evitar que retiraran las vallas colocadas por las autoridades para proteger el Palacio de Gobierno.
Cabe resaltar que agrupaciones como “Servicios de Inclusión Social y Derechos Humanos (Seiinac), informaron que no sólo activistas fueron detenidas y agredidas por elementos policiacos, pues lo mismo sucedió a representantes de medios de comunicación y sociedad civil.
En aquella ocasión, fiel a su costumbre de minimizar todo tipo de denuncias, Julio Menchaca pidió “distinguir” entre lo que es represión y el uso legítimo de la fuerza para el orden público.
Acto seguido, el mandatario justificó el actuar de los uniformados, al declarar que “son personas de carne y hueso, hombres y mujeres policías, que son ofendidos, maltratados cuando también están sometidos a mucha presión en situaciones difíciles”.
Y en el hecho más reciente, esto es, apenas el domingo pasado, otra vez se evidenció uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policíacos, ahora en agravio de familiares de una joven desaparecida, que bloquearon parcialmente la carretera México–Pachuca, a la altura de la colonia Santa Matilde, para exigir a las autoridades agilizaran las acciones de búsqueda.
A pesar de que Menchaca Salazar reconoció que hubo actitudes negativas por parte de algunos elementos de seguridad, de nueva cuenta justificó el hecho al argumentar que existió violencia verbal contra los policías por parte de los inconformes.
Bajo esa premisa, lo peor que podría suceder al estado es que comience a normalizarse el viejo concepto de justicia, el cual establece el “ojo por ojo, diente por diente”.
juanmoreno5197@gmail.com
No obstante que el mandatario estatal en reiteradas ocasiones ha expresado su respeto irrestricto a los valores conquistados durante años por los mexicanos, en la realidad éstos han sido pisoteados en las últimas marchas y protestas que se han realizado en la entidad.
Como ejemplo de ello, basta recordar lo sucedido en fechas más recientes. En ese sentido, se encuentra lo ocurrido apenas en diciembre pasado, cuando habitantes de colonias ubicadas al sur de Pachuca fueron agredidos física y verbalmente por policías, por protestar contra la construcción de un albergue para migrantes en esa zona de la capital hidalguense.
Sin conocer a detalle la problemática que aquejaba a los manifestantes, Menchaca Salazar no sólo avaló que los quejosos fueran desalojados con el uso de la fuerza pública, sino que además advirtió que no se detendrían las obras “por capricho de alguien”.
Al más puro estilo lopezobradorista, el gobernador acusó a los inconformes de promover acciones xenofóbicas y racistas. “Recurrió a la ofensa, al ataque, en lugar de abrirse al diálogo con una población que durante años ha sido ignorada por autoridades municipales y estatales”, subrayaron los afectados.
Posteriormente, en las movilizaciones que se realizaron el pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, se reportó de nueva cuenta el uso desmedido de la fuerza por parte de los uniformados, cuyo proceder incluso rayó en lo exagerado.
De acuerdo con narraciones de algunas de las manifestantes, varias de ellas fueron llevadas al sótano del edificio sede del gobierno del estado, en donde tras ser esposadas, fueron agredidas por policías. Se destaca que incluso menores de edad resultaron victimas de insultos y golpes.
Además, gran cantidad de mujeres fueron “encapsuladas” y rociadas con gas, para evitar que retiraran las vallas colocadas por las autoridades para proteger el Palacio de Gobierno.
Cabe resaltar que agrupaciones como “Servicios de Inclusión Social y Derechos Humanos (Seiinac), informaron que no sólo activistas fueron detenidas y agredidas por elementos policiacos, pues lo mismo sucedió a representantes de medios de comunicación y sociedad civil.
En aquella ocasión, fiel a su costumbre de minimizar todo tipo de denuncias, Julio Menchaca pidió “distinguir” entre lo que es represión y el uso legítimo de la fuerza para el orden público.
Acto seguido, el mandatario justificó el actuar de los uniformados, al declarar que “son personas de carne y hueso, hombres y mujeres policías, que son ofendidos, maltratados cuando también están sometidos a mucha presión en situaciones difíciles”.
Y en el hecho más reciente, esto es, apenas el domingo pasado, otra vez se evidenció uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policíacos, ahora en agravio de familiares de una joven desaparecida, que bloquearon parcialmente la carretera México–Pachuca, a la altura de la colonia Santa Matilde, para exigir a las autoridades agilizaran las acciones de búsqueda.
A pesar de que Menchaca Salazar reconoció que hubo actitudes negativas por parte de algunos elementos de seguridad, de nueva cuenta justificó el hecho al argumentar que existió violencia verbal contra los policías por parte de los inconformes.
Bajo esa premisa, lo peor que podría suceder al estado es que comience a normalizarse el viejo concepto de justicia, el cual establece el “ojo por ojo, diente por diente”.
juanmoreno5197@gmail.com
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Foto: Vocales Radio
