Alonso Quijano
El pasado 9 de mayo de 2025, un operativo silencioso pero contundente cruzó la línea entre el rumor y la acción internacional: 17 familiares directos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, incluida su exesposa Griselda López Pérez, ingresaron legalmente a Estados Unidos por la garita de San Ysidro. Lo hicieron bajo resguardo y monitoreo conjunto de agencias estadounidenses y mexicanas. Lo que el gobierno de México intenta presentar como un hecho aislado, en realidad fue un traslado pactado bajo un mecanismo que ya ha sido usado en otros casos de crimen organizado: protección a cambio de cooperación judicial.
Este movimiento no sólo confirma la estrecha colaboración entre Washington y ciertos sectores de inteligencia mexicana, sino que representa el inicio de una nueva etapa en la guerra contra el narcotráfico: el uso de testimonios familiares del narcotraficante más célebre del siglo XXI para dinamitar las estructuras financieras que han sostenido —y en algunos casos alimentado— a las cúpulas políticas en México. Pero hay algo más grave: esos testimonios apuntan directamente al partido en el poder, Morena.
El Departamento de Estado de EE. UU. y el FBI ya clasificaron al Cártel de Sinaloa como una organización narcoterrorista. El siguiente paso, ya en marcha, es aún más disruptivo: construir una narrativa judicial y política que vincule de manera directa los flujos financieros del Cártel con operadores, campañas, legisladores y gobernadores de Morena. En Washington ya se baraja una etiqueta inédita para un partido político mexicano: organización narcoterrorista.
Los testimonios no serán vagas declaraciones. Apuntarán con nombres, fechas, montos y rutas de lavado de dinero utilizadas para financiar campañas electorales, comprar protección judicial y garantizar impunidad operativa. El impacto sería devastador: revocación de visas, sanciones económicas, bloqueo de fondos internacionales y aislamiento diplomático para México.
De manera paralela, se está ampliando el enfoque: también se investigan presuntos vínculos de funcionarios con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. La estrategia es clara: asfixiar las estructuras políticas que, desde el Estado, han permitido la expansión del crimen organizado bajo un velo de legitimidad democrática.
Este proceso no es casualidad. Es cálculo geopolítico. Estados Unidos ha decidido elevar el costo de la complicidad. Lo que está en juego ya no es solo la seguridad fronteriza, sino la viabilidad de un gobierno que, según los indicios en manos de las agencias de inteligencia, ha sido infiltrado hasta la médula por los intereses del narco.
Si la administración Biden o una futura administración Trump consuma esta declaratoria, estaremos ante un hecho histórico e irreversible: el primer partido gobernante en América Latina señalado internacionalmente como una organización narcoterrorista.
Las consecuencias son impredecibles. Pero una cosa es segura: el reloj ya empezó a correr. Y el tiempo político para el régimen en turno se está agotando.
El Departamento de Estado de EE. UU. y el FBI ya clasificaron al Cártel de Sinaloa como una organización narcoterrorista. El siguiente paso, ya en marcha, es aún más disruptivo: construir una narrativa judicial y política que vincule de manera directa los flujos financieros del Cártel con operadores, campañas, legisladores y gobernadores de Morena. En Washington ya se baraja una etiqueta inédita para un partido político mexicano: organización narcoterrorista.
Los testimonios no serán vagas declaraciones. Apuntarán con nombres, fechas, montos y rutas de lavado de dinero utilizadas para financiar campañas electorales, comprar protección judicial y garantizar impunidad operativa. El impacto sería devastador: revocación de visas, sanciones económicas, bloqueo de fondos internacionales y aislamiento diplomático para México.
De manera paralela, se está ampliando el enfoque: también se investigan presuntos vínculos de funcionarios con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. La estrategia es clara: asfixiar las estructuras políticas que, desde el Estado, han permitido la expansión del crimen organizado bajo un velo de legitimidad democrática.
Este proceso no es casualidad. Es cálculo geopolítico. Estados Unidos ha decidido elevar el costo de la complicidad. Lo que está en juego ya no es solo la seguridad fronteriza, sino la viabilidad de un gobierno que, según los indicios en manos de las agencias de inteligencia, ha sido infiltrado hasta la médula por los intereses del narco.
Si la administración Biden o una futura administración Trump consuma esta declaratoria, estaremos ante un hecho histórico e irreversible: el primer partido gobernante en América Latina señalado internacionalmente como una organización narcoterrorista.
Las consecuencias son impredecibles. Pero una cosa es segura: el reloj ya empezó a correr. Y el tiempo político para el régimen en turno se está agotando.
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