Jorge Montejo
En los últimos meses, la estrategia de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico mexicano ha tomado un giro inesperado. Mientras que el gobierno de Joe Biden ha intensificado sus acciones contra figuras prominentes del narcotráfico, como Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y ha extraditado a 29 capos, incluyendo a Rafael Caro Quintero, , la atención se ha centrado en los vínculos del expresidente Felipe Calderón con el narcotráfico, especialmente a través de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
García Luna fue condenado en octubre de 2024 a más de 38 años de prisión en Estados Unidos por aceptar sobornos masivos del Cártel de Sinaloa durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón (2006-2012). Además, en mayo de 2025, una corte civil de Miami lo sentenció, junto con su esposa, a pagar más de 2,400 millones de dólares al gobierno mexicano por un esquema de contrataciones ilegales y desvío de recursos públicos .
Estos acontecimientos han generado cuestionamientos sobre el conocimiento y posible complicidad de Calderón en las actividades ilícitas de García Luna. Aunque Calderón ha negado tener conocimiento de los vínculos de su exfuncionario con el narcotráfico, informes indican que en 2007 fue advertido por un general retirado sobre el involucramiento de García Luna con el narco .
En contraste, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha promovido una política de “abrazos, no balazos”, enfocándose en atender las causas sociales del crimen y evitando confrontaciones directas con los cárteles. Esta estrategia ha sido criticada por algunos sectores en Estados Unidos, que la consideran insuficiente en la lucha contra el narcotráfico.
La atención de Estados Unidos hacia las acciones del gobierno de Calderón y su entorno, sugiere un reconocimiento de que las raíces del problema del narcotráfico en México son profundas y estructurales. La condena de García Luna y las investigaciones en curso podrían ser indicativas de un cambio en la estrategia estadounidense, buscando abordar las complicidades institucionales que han permitido el fortalecimiento de los cárteles durante décadas.
Este enfoque también podría estar motivado por la necesidad de Estados Unidos de demostrar resultados concretos en su lucha contra el narcotráfico, especialmente en un contexto político interno donde la seguridad fronteriza y el combate a las drogas son temas sensibles. Al centrar la atención en figuras del pasado como García Luna y, por extensión, Calderón, se envía un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción y la complicidad gubernamental en el narcotráfico.
En resumen, la reciente atención de Estados Unidos hacia las acciones del gobierno de Calderón, refleja una estrategia más amplia para abordar las raíces institucionales del narcotráfico en México. La condena de García Luna y las investigaciones relacionadas podrían ser solo el comienzo de una serie de acciones destinadas a desmantelar las redes de corrupción que han facilitado el crecimiento de los cárteles en las últimas décadas.
