Alonso Quijano
3 de junio de 2025 — Mientras México presume ser una democracia con garantías constitucionales, en Puebla ha comenzado a consolidarse un inquietante retroceso en materia de libertades. Hoy entró en vigor una polémica reforma al Código Penal local que tipifica como delito el llamado “ciberasedio”, una figura jurídica tan ambigua como peligrosa que, según denuncian periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, podría convertirse en el nuevo garrote legal contra voces críticas.
La modificación fue impulsada por José Luis García Parra, actual jefe de gabinete del gobernador Alejandro Armenta y exdiputado local, y establece penas de hasta tres años de prisión para quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje” a otra persona a través de redes sociales, correo electrónico o cualquier plataforma digital, siempre que exista “insistencia” y que dicha conducta cause un “menoscabo” en la integridad emocional o física del ofendido.
Pero el problema no es solo la penalidad, sino la redacción opaca y subjetiva del tipo penal. ¿Qué significa insultar u ofender con “insistencia necesaria”? ¿Quién define qué es agraviar o vejar en el espacio digital? ¿Basta con una crítica política para encender la maquinaria penal? La organización ARTICLE 19, junto con colectivos ciudadanos, ha alertado que la norma puede ser utilizada de forma discrecional para criminalizar la crítica legítima, silenciar el debate público y amedrentar a periodistas.
Paradójicamente, mientras el presidente López Obrador sigue acusando censura de las “élites mediáticas” y presume su política de “derecho a disentir”, en los estados gobernados por Morena proliferan leyes como ésta, que recuerdan más a regímenes autoritarios que a democracias funcionales. En Puebla, bastará con que un político, funcionario o empresario se “sienta ofendido” para que se inicie una persecución penal, incluso si la crítica está basada en hechos verificables.
En un país donde más de una docena de periodistas han sido asesinados en los últimos años y donde el acoso judicial es práctica cotidiana, esta reforma no representa una solución al problema del acoso real en redes, sino un mecanismo para blindar al poder de la rendición de cuentas. Es el uso del derecho penal como mordaza institucional.
Hoy, el “ciberasedio” ha entrado al catálogo de delitos en Puebla. Y con ello, la libertad de expresión ha salido por la puerta de atrás.
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