Alonso Quijano
31 de julio de 2025
En medio del escándalo por la muerte de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, la administración de Rocío Nahle en Veracruz enfrenta una nueva polémica: el médico que la gobernadora presentó como “médico legista” para justificar que la docente falleció por un infarto, no cuenta con registro oficial como especialista en medicina forense.
Se trata de José Eduardo Márquez Nava, quien según el portal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), solo posee títulos en Médico Cirujano y como Laboratorista Químico, pero no cuenta con una especialidad en medicina legal o forense, como exige la práctica pericial que él mismo afirmó haber realizado. El número de cédula profesional 7379417 corresponde a una especialidad técnica obtenida en el Cecyte de Tlaxcala, plantel Apetatitlán, en 2012. Su otra cédula, con número 11155803, proviene de la Universidad de Tlaxcala desde 2018, pero ninguna acredita formación forense.
No obstante, Márquez Nava fue presentado por Nahle en su conferencia del lunes como el “médico legista” que practicó la necropsia de Irma Hernández. Con una narrativa cuidadosamente construida, aseguró ante medios que observó “múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo”, pero que las alteraciones se concentraban en el corazón, por lo cual concluyó que la muerte fue producto de un infarto. Lo que omitió decir es que no tiene la acreditación legal ni científica para emitir ese tipo de dictámenes con valor pericial.
El caso, ya de por sí estremecedor, se torna aún más preocupante si se toma en cuenta que Irma Hernández fue secuestrada el 18 de julio por un comando armado. El mismo día apareció en un video, aparentemente forzada, lanzando amenazas contra otros trabajadores del transporte. El 24 de julio, su cuerpo fue encontrado sin vida en una construcción abandonada. Sin una necropsia realizada por un verdadero forense independiente, la versión oficial carece de rigor técnico y, por tanto, de credibilidad.
La respuesta de la gobernadora Rocío Nahle ha sido desafiante: “La maestra fue violentada y después sufrió un infarto, les guste o no, yo tengo que informar”. Pero lo que no dijo es que esa información fue presentada con base en un falso peritaje, emitido por un profesional sin formación adecuada en medicina legal.
Con esta revelación, la tragedia no solo evidencia el clima de violencia en el estado, sino también la falta de seriedad con la que el gobierno de Veracruz maneja la verdad, incluso en casos tan delicados como el asesinato de una mujer. En un país donde el feminicidio y la impunidad son moneda corriente, falsear peritajes para proteger una narrativa política no solo es inaceptable, es criminal.
