
Jaqueline Sagahón
01/08/25
El diario estadounidense The New York Times, en su edición publicada este 1 de agosto de 2025, ha revelado una investigación que compromete al exgobernador de Tabasco y actual coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, al documentar presuntos vínculos con el crimen organizado durante su administración en ese estado. El reportaje, firmado por los periodistas Natalie Kitroeff y María Abi-Habib, detalla cómo durante el gobierno de López se consolidó la presencia de una organización delictiva conocida como La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante el nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública, pese a que ya existían investigaciones internas del Ejército mexicano que lo señalaban como operador del narcotráfico.
El escándalo ha estallado con fuerza en medio de una creciente presión nacional e internacional por esclarecer los nexos entre funcionarios públicos y grupos delictivos. Bermúdez, quien se desempeñó como jefe de la policía estatal desde 2019 hasta 2024, es identificado por autoridades federales y militares como líder operativo de La Barredora, una organización implicada en secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y asesinatos selectivos. A pesar de los reportes que advertían sobre su historial criminal, López Hernández lo mantuvo en el cargo hasta el final de su administración, e incluso el siguiente gobernador, Carlos Manuel Merino, lo ratificó.
La permanencia de Bermúdez Requena en el aparato de seguridad pública ha generado sospechas de protección institucional, omisiones deliberadas y presunta complicidad. La gravedad de las revelaciones ha llevado al Partido Acción Nacional a presentar una denuncia penal contra Adán Augusto por supuestos vínculos con el narcotráfico y le ha exigido que renuncie de inmediato a su posición como coordinador parlamentario de Morena en el Senado. La dirigencia panista argumenta que mantener a un personaje acusado de proteger a un criminal al frente de la seguridad estatal durante tantos años solo se explica si existía una red de complicidad que benefició a ambas partes.
Por su parte, López Hernández ha rechazado los señalamientos, calificándolos como “politiquería” y afirmando que su administración logró una disminución significativa de los índices delictivos en Tabasco. Según sus propias palabras, él no tenía conocimiento de ninguna actividad ilícita por parte de Bermúdez, y sostiene que todo se trata de una campaña orquestada por sus adversarios. No obstante, desde febrero de este año, el propio Bermúdez Requena se encuentra prófugo, y cuenta con una ficha roja de la Interpol para su localización y captura, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado las cuentas de varios de sus familiares y operadores cercanos.
El impacto político de este caso ha sido de tal magnitud que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se ha visto obligada a pronunciarse. Aunque ha defendido la presunción de inocencia de su aliado político, también ha sugerido que sería deseable que López diera su versión pública y clara sobre los hechos. La mandataria ha afirmado que su gobierno no encubrirá a nadie, pero ha evitado referirse de forma directa a la posibilidad de una investigación penal formal en contra del senador morenista.
Mientras tanto, el círculo cercano de Sheinbaum y los cuadros dirigentes de Morena han cerrado filas, brindando respaldo político a Adán Augusto en público, pero en privado muchos consideran que este escándalo pone en entredicho la bandera de renovación moral que el partido ha sostenido desde su fundación. El caso ha abierto una grieta en el discurso oficial de lucha contra la corrupción, justo cuando Sheinbaum intenta consolidar su imagen como líder firme y honesta, en contraste con el desgaste del lopezobradorismo tradicional.
El reportaje del New York Times no solo exhibe las omisiones del gobierno estatal de Tabasco, sino que también revela cómo el poder político y el crimen organizado pueden convivir bajo estructuras institucionales supuestamente democráticas. Con testimonios, documentos filtrados de inteligencia militar y declaraciones de funcionarios actuales, la investigación periodística plantea una pregunta incómoda para la clase política mexicana: ¿hasta dónde está dispuesto el sistema a tolerar la infiltración del narco en los niveles más altos del poder?
En las próximas semanas, se espera que las revelaciones del Times tengan eco en organismos internacionales de derechos humanos y combate al narcotráfico, así como en los gobiernos extranjeros que colaboran con México en temas de seguridad. En un momento en que el país atraviesa una transición política delicada, la figura de Adán Augusto López —uno de los más cercanos al presidente López Obrador y actor clave en la sucesión presidencial— podría convertirse en el talón de Aquiles del oficialismo. El caso apenas comienza y ya sacude, desde Tabasco hasta Washington, los cimientos de la llamada Cuarta Transformación.
El diario estadounidense The New York Times, en su edición publicada este 1 de agosto de 2025, ha revelado una investigación que compromete al exgobernador de Tabasco y actual coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, al documentar presuntos vínculos con el crimen organizado durante su administración en ese estado. El reportaje, firmado por los periodistas Natalie Kitroeff y María Abi-Habib, detalla cómo durante el gobierno de López se consolidó la presencia de una organización delictiva conocida como La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante el nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública, pese a que ya existían investigaciones internas del Ejército mexicano que lo señalaban como operador del narcotráfico.
El escándalo ha estallado con fuerza en medio de una creciente presión nacional e internacional por esclarecer los nexos entre funcionarios públicos y grupos delictivos. Bermúdez, quien se desempeñó como jefe de la policía estatal desde 2019 hasta 2024, es identificado por autoridades federales y militares como líder operativo de La Barredora, una organización implicada en secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y asesinatos selectivos. A pesar de los reportes que advertían sobre su historial criminal, López Hernández lo mantuvo en el cargo hasta el final de su administración, e incluso el siguiente gobernador, Carlos Manuel Merino, lo ratificó.
La permanencia de Bermúdez Requena en el aparato de seguridad pública ha generado sospechas de protección institucional, omisiones deliberadas y presunta complicidad. La gravedad de las revelaciones ha llevado al Partido Acción Nacional a presentar una denuncia penal contra Adán Augusto por supuestos vínculos con el narcotráfico y le ha exigido que renuncie de inmediato a su posición como coordinador parlamentario de Morena en el Senado. La dirigencia panista argumenta que mantener a un personaje acusado de proteger a un criminal al frente de la seguridad estatal durante tantos años solo se explica si existía una red de complicidad que benefició a ambas partes.
Por su parte, López Hernández ha rechazado los señalamientos, calificándolos como “politiquería” y afirmando que su administración logró una disminución significativa de los índices delictivos en Tabasco. Según sus propias palabras, él no tenía conocimiento de ninguna actividad ilícita por parte de Bermúdez, y sostiene que todo se trata de una campaña orquestada por sus adversarios. No obstante, desde febrero de este año, el propio Bermúdez Requena se encuentra prófugo, y cuenta con una ficha roja de la Interpol para su localización y captura, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado las cuentas de varios de sus familiares y operadores cercanos.
El impacto político de este caso ha sido de tal magnitud que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se ha visto obligada a pronunciarse. Aunque ha defendido la presunción de inocencia de su aliado político, también ha sugerido que sería deseable que López diera su versión pública y clara sobre los hechos. La mandataria ha afirmado que su gobierno no encubrirá a nadie, pero ha evitado referirse de forma directa a la posibilidad de una investigación penal formal en contra del senador morenista.
Mientras tanto, el círculo cercano de Sheinbaum y los cuadros dirigentes de Morena han cerrado filas, brindando respaldo político a Adán Augusto en público, pero en privado muchos consideran que este escándalo pone en entredicho la bandera de renovación moral que el partido ha sostenido desde su fundación. El caso ha abierto una grieta en el discurso oficial de lucha contra la corrupción, justo cuando Sheinbaum intenta consolidar su imagen como líder firme y honesta, en contraste con el desgaste del lopezobradorismo tradicional.
El reportaje del New York Times no solo exhibe las omisiones del gobierno estatal de Tabasco, sino que también revela cómo el poder político y el crimen organizado pueden convivir bajo estructuras institucionales supuestamente democráticas. Con testimonios, documentos filtrados de inteligencia militar y declaraciones de funcionarios actuales, la investigación periodística plantea una pregunta incómoda para la clase política mexicana: ¿hasta dónde está dispuesto el sistema a tolerar la infiltración del narco en los niveles más altos del poder?
En las próximas semanas, se espera que las revelaciones del Times tengan eco en organismos internacionales de derechos humanos y combate al narcotráfico, así como en los gobiernos extranjeros que colaboran con México en temas de seguridad. En un momento en que el país atraviesa una transición política delicada, la figura de Adán Augusto López —uno de los más cercanos al presidente López Obrador y actor clave en la sucesión presidencial— podría convertirse en el talón de Aquiles del oficialismo. El caso apenas comienza y ya sacude, desde Tabasco hasta Washington, los cimientos de la llamada Cuarta Transformación.
REPORTAJE DE THE NEW YORK TIMES: https://www.nytimes.com/es/2025/08/01/espanol/america-latina/sheinbaum-escandalo-corrupcion-tabasco.html