La ciudadana Karla Estrella está decidida a llevar el caso conocido como #DatoProtegido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su argumento es claro: en una democracia, los actores políticos deben estar sujetos al escrutinio ciudadano y a la rendición de cuentas, sin que ello se traduzca en represalias legales o persecuciones contra quienes ejercen su derecho a opinar.
En entrevista con la revista Proceso, relató cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la obligó a disculparse públicamente durante 30 días con la diputada Diana Karina Barreras —esposa del también legislador Sergio Gutiérrez Luna— tras una serie de publicaciones en redes sociales. Además, recibió una multa económica, fue inscrita por 18 meses en el registro de “violentadores en razón de género” y obligada a tomar un curso de discriminación.
La resolución judicial, explicó, la obligó a modificar su vida cotidiana y su forma de interactuar en el espacio digital, al punto de autocensurarse. “Al principio ya no quería volver a tuitear, me daba miedo que hubiera otra denuncia. Pasar por esto es cansado y te distrae de las cosas que realmente importan”, señaló.
Estrella cuestionó que normativas diseñadas para proteger a las mujeres de la violencia política en razón de género se usen de manera distorsionada, con el fin de silenciar a ciudadanos críticos y blindar a políticos en posiciones de poder. Aseguró que nunca imaginó que la opinión de una “ciudadana de a pie” pudiera escalar hasta convertirse en un caso ejemplarizante, lo que considera una muestra del uso faccioso de la ley.
Pese al desgaste emocional y económico, aseguró que ha encontrado fortaleza en el respaldo de la opinión pública, así como en el apoyo de periodistas y actores políticos de distintos partidos, incluso de Morena. Esa solidaridad, dijo, la convenció de que las redes sociales son un instrumento esencial para cuestionar el poder y denunciar los abusos.
Con la asesoría de la organización Artículo 19, Karla buscará demostrar ante la CIDH que sus señalamientos sobre presunto nepotismo en la diputada Diana Karina Barreras no constituyen violencia de género, sino una opinión política amparada por la libertad de expresión. En este sentido, confía en que su caso logre evidenciar las contradicciones del sistema judicial mexicano y abrir un debate urgente sobre los límites entre la legítima crítica ciudadana y el uso indebido de las normas de género con fines de censura.
“Si algo bueno salió de todo esto”, concluyó, “es que mucha gente se dio cuenta de que las redes no son solo para aplaudir, también son para exigir cuentas. Y esa es una batalla que vale la pena dar, incluso a nivel internacional”.
