Alonso Quijano
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2025.— Apenas estrenado el nuevo rostro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se hicieron evidentes los primeros beneficios para el gobierno. Con una votación dividida, los ministros frenaron el pago de 63.9 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano debía entregar a los herederos de Otilio Ayala Sepúlveda por 423 hectáreas expropiadas en Coahuila. Se trata de un litigio que lleva catorce años y que, pese a existir una sentencia firme, volvió a ser postergado bajo el argumento de que era necesario revisar la vigencia de un avalúo realizado por el propio gobierno.
La decisión fue presentada como un asunto técnico, pero el trasfondo político resulta evidente. La nueva integración de la Corte, con ministros que llegaron gracias a acordeones del bienestar del partido en el poder, empieza a mostrar su utilidad para el régimen: apenas inician funciones y los primeros fallos “casualmente” benefician al Estado.
La propuesta de la ministra Yasmín Esquivel, quien planteó ordenar el pago inmediato mientras se determinaba si era necesario un nuevo avalúo, fue rechazada. En cambio, se optó por dilatar la ejecución de la sentencia, con lo que Sedatu gana tiempo y evita desembolsar una cantidad millonaria.
El discurso oficial que acompañó la reconfiguración del Poder Judicial insistía en que la reforma permitiría acercar la justicia al pueblo, hacerla más ágil y más imparcial. Sin embargo, lo que se observa en la práctica es una Corte convertida en escudo legal del gobierno. Se habla de combatir la corrupción en los avalúos, aunque los realizados en este caso fueron elaborados por instancias gubernamentales. Se habla de justicia social, pero lo que se protege es el dinero público administrado por el Ejecutivo. Mientras tanto, los ciudadanos que sufrieron la expropiación permanecen a la espera de una reparación que se dilata indefinidamente.
El mensaje es claro: cuando se trata de las obligaciones del Estado, la justicia puede esperar. A los ciudadanos se les exige cumplir puntualmente con impuestos, trámites y sanciones, pero al gobierno se le permite incumplir una sentencia durante más de una década. Y ahora, con la nueva Corte, se blinda su derecho a seguir aplazando pagos con tecnicismos legales. Esta coincidencia no parece casualidad, sino la confirmación de que la reforma judicial no buscaba fortalecer la independencia del Poder Judicial, sino garantizar fallos favorables al poder político.
Lo que queda en evidencia es que los nuevos ministros, lejos de convertirse en un contrapeso real, comienzan a comportarse como guardianes de los intereses de Hacienda. Para eso los pusieron. No para impartir justicia a los ciudadanos, sino para asegurar que el Estado conserve intactos sus privilegios, aunque eso signifique prolongar la injusticia de quienes esperan una indemnización legítima desde hace catorce años.
El discurso oficial que acompañó la reconfiguración del Poder Judicial insistía en que la reforma permitiría acercar la justicia al pueblo, hacerla más ágil y más imparcial. Sin embargo, lo que se observa en la práctica es una Corte convertida en escudo legal del gobierno. Se habla de combatir la corrupción en los avalúos, aunque los realizados en este caso fueron elaborados por instancias gubernamentales. Se habla de justicia social, pero lo que se protege es el dinero público administrado por el Ejecutivo. Mientras tanto, los ciudadanos que sufrieron la expropiación permanecen a la espera de una reparación que se dilata indefinidamente.
El mensaje es claro: cuando se trata de las obligaciones del Estado, la justicia puede esperar. A los ciudadanos se les exige cumplir puntualmente con impuestos, trámites y sanciones, pero al gobierno se le permite incumplir una sentencia durante más de una década. Y ahora, con la nueva Corte, se blinda su derecho a seguir aplazando pagos con tecnicismos legales. Esta coincidencia no parece casualidad, sino la confirmación de que la reforma judicial no buscaba fortalecer la independencia del Poder Judicial, sino garantizar fallos favorables al poder político.
Lo que queda en evidencia es que los nuevos ministros, lejos de convertirse en un contrapeso real, comienzan a comportarse como guardianes de los intereses de Hacienda. Para eso los pusieron. No para impartir justicia a los ciudadanos, sino para asegurar que el Estado conserve intactos sus privilegios, aunque eso signifique prolongar la injusticia de quienes esperan una indemnización legítima desde hace catorce años.
