Julio Gálvez
21 de septiembre de 2025
Durante décadas, Hidalgo fue un enclave del viejo régimen priista, donde la corrupción, el clientelismo y el llamado “capitalismo de cuates” marcaron la vida pública. Desde el sexenio de Jesús Murillo Karam —en paralelo con el salinismo a nivel nacional— se consolidó un sistema en el que empresarios afines, prestanombres y políticos construyeron fortunas al amparo del poder. La política dejó de ser un instrumento de servicio colectivo y se convirtió en un camino rápido hacia el enriquecimiento privado. Una auténtica “escuela de la corrupción” donde las nuevas generaciones no aspiraban a transformar, sino a robar con impunidad.
El 2018 trajo un quiebre inesperado. Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, Morena alcanzó por primera vez en Hidalgo la mayoría absoluta en el Congreso local, rompiendo más de ocho décadas de hegemonía priista. Pero ese avance provocó una respuesta feroz: el entonces gobernador Omar Fayad, de la mano de su aliado Julio Valera, utilizó la fuerza y la ley para frenar la nueva mayoría. En un episodio vergonzoso, la diputada Lucero Ambrocio fue agredida físicamente y se permitió la toma del pleno legislativo por medio de porros. Paralelamente, Fayad reformó la Ley Orgánica del Congreso para fragmentar la Junta de Gobierno en tres periodos y diluir el poder de Morena.
La respuesta fue jurídica y política a la vez. Todos los diputados morenistas firmaron una solicitud de desaparición de poderes, documento redactado por un abogado constitucionalista en el propio Congreso (suscriptor de este artículo), con la intención de frenar el asalto institucional. Sin embargo, la iniciativa se transformó: Ricardo Monreal intervino y convirtió la amenaza legal en un pacto político que permitió a Fayad salvar su posición traicionando al PRI.
Ese pacto fue el origen de una transición democrática peculiar: Hidalgo no cambió por la fuerza de un movimiento social organizado, sino por la negociación entre élites. El costo fue alto. El movimiento de izquierda local no estaba preparado para contener la infiltración de expriistas ni para consolidar liderazgos propios. Fayad, a través de su secretario de Gobierno Simón Vargas, compró diputados y operadores de Morena con obras etiquetadas, apoyos y cargos menores. Así se abrió la puerta a chapulines oportunistas que, con desprecio hacia la izquierda, se legitimaron en el nuevo régimen.
El documento de desaparición de poderes de 2018 cumplió su cometido: terminó con la hegemonía del PRI (tal como fue pensado por el suscriptor de este artículo al redactarlo). Pero el vacío fue ocupado por expriistas disfrazados de morenistas. El movimiento de izquierda, sin fuerza social suficiente, fue avasallado, cooptado y marginado a puestos de segunda línea en el gobierno. Como señalan estudios de ciencia política sobre transiciones en enclaves autoritarios (Cornelius, 1999; Beatriz Magaloni, 2006; Cleary, 2010), las élites locales suelen adaptarse al cambio para mantener privilegios, infiltrando y neutralizando los proyectos transformadores. Eso mismo ocurrió en Hidalgo.
El triunfo de Julio Menchaca en 2021, impulsado por ese pacto político, representó una ruptura inédita: el mandatario priista Omar Fayad no pudo imponer a su sucesor. Sin embargo, la victoria no se tradujo automáticamente en un cambio profundo. Muchos expriistas saltaron a Morena y hoy forman parte del gobierno estatal, lo que mantiene la tensión entre la base de izquierda y los recién llegados.
La ciencia política ha documentado que los pactos de transición pueden ser necesarios para abrir el camino democrático, pero al mismo tiempo generan riesgos de captura y cooptación. Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, en su clásico Transitions from Authoritarian Rule (1986), advierten que cuando la democracia nace de acuerdos entre élites y no de movilización social, la posibilidad de que las viejas prácticas sobrevivan dentro del nuevo sistema es muy alta. Hidalgo es hoy un ejemplo de ese dilema.
El reto actual es claro: construir una democracia auténtica que se funde en el voto libre y la participación ciudadana, no en pactos políticos ni en acuerdos entre cúpulas. Morena, si quiere consolidarse como fuerza transformadora, debe garantizar democracia interna, rendición de cuentas y autonomía de los poderes públicos. De lo contrario, seguirá reproduciendo el mismo modelo que decía combatir.
21 de septiembre de 2025
Durante décadas, Hidalgo fue un enclave del viejo régimen priista, donde la corrupción, el clientelismo y el llamado “capitalismo de cuates” marcaron la vida pública. Desde el sexenio de Jesús Murillo Karam —en paralelo con el salinismo a nivel nacional— se consolidó un sistema en el que empresarios afines, prestanombres y políticos construyeron fortunas al amparo del poder. La política dejó de ser un instrumento de servicio colectivo y se convirtió en un camino rápido hacia el enriquecimiento privado. Una auténtica “escuela de la corrupción” donde las nuevas generaciones no aspiraban a transformar, sino a robar con impunidad.
El 2018 trajo un quiebre inesperado. Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, Morena alcanzó por primera vez en Hidalgo la mayoría absoluta en el Congreso local, rompiendo más de ocho décadas de hegemonía priista. Pero ese avance provocó una respuesta feroz: el entonces gobernador Omar Fayad, de la mano de su aliado Julio Valera, utilizó la fuerza y la ley para frenar la nueva mayoría. En un episodio vergonzoso, la diputada Lucero Ambrocio fue agredida físicamente y se permitió la toma del pleno legislativo por medio de porros. Paralelamente, Fayad reformó la Ley Orgánica del Congreso para fragmentar la Junta de Gobierno en tres periodos y diluir el poder de Morena.
La respuesta fue jurídica y política a la vez. Todos los diputados morenistas firmaron una solicitud de desaparición de poderes, documento redactado por un abogado constitucionalista en el propio Congreso (suscriptor de este artículo), con la intención de frenar el asalto institucional. Sin embargo, la iniciativa se transformó: Ricardo Monreal intervino y convirtió la amenaza legal en un pacto político que permitió a Fayad salvar su posición traicionando al PRI.
Ese pacto fue el origen de una transición democrática peculiar: Hidalgo no cambió por la fuerza de un movimiento social organizado, sino por la negociación entre élites. El costo fue alto. El movimiento de izquierda local no estaba preparado para contener la infiltración de expriistas ni para consolidar liderazgos propios. Fayad, a través de su secretario de Gobierno Simón Vargas, compró diputados y operadores de Morena con obras etiquetadas, apoyos y cargos menores. Así se abrió la puerta a chapulines oportunistas que, con desprecio hacia la izquierda, se legitimaron en el nuevo régimen.
El documento de desaparición de poderes de 2018 cumplió su cometido: terminó con la hegemonía del PRI (tal como fue pensado por el suscriptor de este artículo al redactarlo). Pero el vacío fue ocupado por expriistas disfrazados de morenistas. El movimiento de izquierda, sin fuerza social suficiente, fue avasallado, cooptado y marginado a puestos de segunda línea en el gobierno. Como señalan estudios de ciencia política sobre transiciones en enclaves autoritarios (Cornelius, 1999; Beatriz Magaloni, 2006; Cleary, 2010), las élites locales suelen adaptarse al cambio para mantener privilegios, infiltrando y neutralizando los proyectos transformadores. Eso mismo ocurrió en Hidalgo.
El triunfo de Julio Menchaca en 2021, impulsado por ese pacto político, representó una ruptura inédita: el mandatario priista Omar Fayad no pudo imponer a su sucesor. Sin embargo, la victoria no se tradujo automáticamente en un cambio profundo. Muchos expriistas saltaron a Morena y hoy forman parte del gobierno estatal, lo que mantiene la tensión entre la base de izquierda y los recién llegados.
La ciencia política ha documentado que los pactos de transición pueden ser necesarios para abrir el camino democrático, pero al mismo tiempo generan riesgos de captura y cooptación. Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, en su clásico Transitions from Authoritarian Rule (1986), advierten que cuando la democracia nace de acuerdos entre élites y no de movilización social, la posibilidad de que las viejas prácticas sobrevivan dentro del nuevo sistema es muy alta. Hidalgo es hoy un ejemplo de ese dilema.
El reto actual es claro: construir una democracia auténtica que se funde en el voto libre y la participación ciudadana, no en pactos políticos ni en acuerdos entre cúpulas. Morena, si quiere consolidarse como fuerza transformadora, debe garantizar democracia interna, rendición de cuentas y autonomía de los poderes públicos. De lo contrario, seguirá reproduciendo el mismo modelo que decía combatir.
En política, los ideales no son un adorno: son la brújula moral que impide que la corrupción y el oportunismo lo devoren todo. Hidalgo necesita que la voluntad del pueblo pese más que los arreglos entre élites. Porque solo así podrá dejar atrás, de una vez por todas, la escuela de la corrupción que marcó su historia reciente.
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Artículo dedicado al maestro Pedro González Domínguez, filósofo, divulgador cultural, fundador e ideólogo de Morena.
