En Zimapán, Hidalgo alcalde Hermilo Trejo "ni por enterado"
Ricardo Montoya
La Comisión Estatal de Aguas (CEA) de Querétaro anunció casi a la medianoche del miércoles que, por orden de la Conagua y la CFE, se abrirán este viernes las compuertas de la presa Zimapán, lo que obligará a detener el funcionamiento del Acueducto II y dejará sin agua a unas 300 comunidades de Querétaro, Corregidora y El Marqués durante al menos diez días.
La medida, justificada por el incremento en los niveles de la presa tras las lluvias recientes, fue comunicada de manera tardía y sin un plan claro para enfrentar la emergencia.
Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA, admitió que el desfogue hará necesario apagar los equipos de bombeo para evitar daños por el arrastre de lodos y sólidos, pero no ofreció alternativas inmediatas ni precisiones sobre cuántas familias resultarán afectadas.
“El servicio de agua será irregular y en horarios variables”, dijo en un mensaje en redes sociales, reconociendo que el abastecimiento no está garantizado.
En la capital, las colonias más vulnerables serán las de la zona norte, donde la propia CEA reconoce que el agua llegará con mayores dificultades. Aun así, el funcionario se limitó a pedir comprensión y uso responsable del líquido, trasladando la carga del problema a la ciudadanía.
Comunidades incomunicadas y cultivos en riesgo
La alcaldesa de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega, denunció que tres comunidades —Vega de Ramírez, La Mora y El Hortelano— quedarán incomunicadas una vez que inicie el desfogue, lo que afectará directamente a cerca de 300 habitantes.
Advirtió además que cultivos locales podrían perderse por el caudal de agua que recorrerá la zona, lo que agravará la situación de las familias campesinas.
El gobierno estatal anunció la instalación de albergues temporales, aunque hasta ahora no ha explicado cómo se protegerá a los habitantes ante los daños a la infraestructura y la pérdida de cosechas.
Mientras tanto, el alcalde Hermilo Trejo del municipio de Zimapán, estado de Hidalgo, donde se ubica la presa, permanece en silencio y no ha emitido ninguna información, pese a que será el primer territorio en resentir el impacto del desfogue.
El anuncio de última hora, la falta de coordinación entre instancias y la ausencia de un plan preventivo confirman la improvisación con la que las autoridades están enfrentando una decisión que pone en riesgo el acceso al agua de miles de familias y la seguridad de comunidades enteras.
