Jaqueline Sagahón Rivera
13 de septiembre de 2025
El huachicol no es nuevo en Hidalgo. El término, que originalmente se usaba para referirse a alcohol adulterado, fue adoptado para describir el robo de combustibles. La historia de este delito en la entidad está íntimamente ligada a la infraestructura energética del país: desde la inauguración de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula en 1976 y el trazado del ducto Tuxpan–Tula–Valle de México, el estado quedó expuesto como punto estratégico para el traslado de hidrocarburos. En los años noventa comenzaron a documentarse los primeros casos organizados de extracción ilegal, pero fue hacia 2007 y 2008 cuando el negocio dio un salto en escala. Para la década de 2010 ya se había consolidado como fuente de ingresos de grupos delictivos que encontraron en Hidalgo el terreno perfecto para su expansión.
La tragedia de Tlahuelilpan, ocurrida el 18 de enero de 2019 durante el gobierno de Omar Fayad, marcó a toda una generación: una explosión en un ducto dejó 137 muertos y mostró con crudeza la dimensión del problema. El entonces gobernador acudió de inmediato al lugar, se desplegaron fuerzas federales y se habló de operativos de contención, pero nada de eso detuvo la tendencia. El huachicol nunca disminuyó. Los datos lo confirman: Hidalgo cerró 2023 con 3,667 tomas clandestinas; en 2024 volvió a encabezar el ranking con 2,450 y en el primer semestre de 2025 sumó 1,247, lo que equivale a más de una cuarta parte de las detectadas en todo el país. Es decir, el estado sigue siendo la capital nacional del huachicol.
Lo que ha cambiado es la modalidad. El viejo robo de ductos convive con un esquema mucho más sofisticado: el huachicol fiscal. Este método ya no implica perforar un tubo y arriesgarse a la explosión, sino manipular documentos y aprovechar vacíos aduanales para introducir combustibles como si fueran aceites minerales o lubricantes, lo que permite evadir impuestos millonarios. Una vez en territorio nacional, los cargamentos circulan con pedimentos y facturas aparentemente legales, se mezclan con volúmenes ordeñados y se venden en gasolineras que ofrecen precios imposibles de sostener con el costo real del IEPS. Según estimaciones de especialistas, en 2024 entraron ilegalmente entre 18 y 20 mil millones de litros de combustible bajo este esquema, con pérdidas fiscales de más de 177 mil millones de pesos al año, lo que equivale a 9,200 millones de dólares.
El fraude no sería posible sin complicidades institucionales. En marzo pasado, en Tampico, la Marina aseguró el buque Challenge Procyon con casi 63 mil barriles de diésel que habían sido declarados como petroquímicos. Meses después, la Fiscalía General de la República informó la detención de catorce personas, entre ellas marinos y un vicealmirante, por integrar una red de contrabando que operaba desde 2024. La magnitud del caso exhibió la participación de puertos, aduanas y mandos en un engranaje que no se limita a choferes ni bodegueros, sino que alcanza niveles de responsabilidad estatal y federal.
La dimensión internacional tampoco puede ignorarse. En Estados Unidos, investigaciones en Texas y Utah han documentado el contrabando de cientos de millones de dólares en crudo y derivados con apoyo de organizaciones mexicanas, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento de Justicia ha consignado cargos por lavado, contrabando y apoyo material a organizaciones criminales, mientras que agencias como OFAC y FinCEN han emitido alertas sobre operaciones financieras ligadas al robo y tráfico de combustibles. El mensaje es claro: el huachicol fiscal ya no es un problema local ni regional, sino un eslabón en redes criminales binacionales.
Hidalgo, por su ubicación y logística, corre el riesgo de convertirse en el corazón del huachicol fiscal en el centro del país. La geografía lo conecta con el Golfo y el Altiplano, su red de expendios y flotillas es capaz de absorber grandes volúmenes de combustibles “con papeles” y sus grupos criminales tienen experiencia en extracción, vigilancia y distribución. El terreno está listo para un negocio menos riesgoso y más rentable, que se camufla en la legalidad de sellos y facturas. En este panorama, no solo participan células criminales: investigaciones preliminares apuntan a que actores políticos locales podrían estar relacionados, facilitando licencias, permisos y protecciones que permiten a estas redes operar con fachada de legalidad. Y no es casualidad: los gobernadores de Hidalgo han pasado y se han hecho de la vista gorda frente a este delito, permitiendo que el estado permanezca durante décadas en los primeros lugares del robo de combustible, sin que ninguna administración haya tenido la voluntad real de erradicarlo.
La situación es más grave si se considera que, aunque bajaron las perforaciones en ductos, Pemex reportó que en 2024 las pérdidas físicas de hidrocarburos por robo aumentaron un 10%, alcanzando los 17 mil barriles diarios. Esto significa que la ordeña visible no ha sido sustituida, sino que ahora convive con el contrabando fiscal, lo que amplifica el daño. Así, mientras los gobiernos presumen decomisos y aseguramientos, las redes criminales perfeccionan mecanismos para drenar recursos públicos con mayor discreción.
Los signos de alerta están en todas partes: gasolineras que venden por debajo del precio de referencia, importaciones de lubricantes desproporcionadas frente a la demanda real, patios de maniobra con inventarios imposibles para su tamaño, estaciones clausuradas que reabren con una razón social distinta y flotillas que se mueven en patrones repetitivos durante la noche. Cada uno de esos detalles indica la existencia de un mercado negro disfrazado de mercado formal.
La conclusión es inevitable: Hidalgo no solo sigue siendo la capital del huachicol tradicional, sino que ahora puede convertirse en el epicentro del huachicol fiscal. El Estado mexicano, en lugar de avanzar, corre detrás de un delito que se reinventa y aprovecha la corrupción en ventanillas aduaneras, en oficinas fiscales y, posiblemente, en la política local. Sin auditorías profundas a los pedimentos de importación, sin controles cruzados entre logística y venta minorista y sin cooperación real con Estados Unidos, el negocio seguirá creciendo. Hidalgo corre el riesgo de pasar de ser la tierra de las mangueras y bidones a la tierra de los sellos y facturas, un terreno mucho más difícil de combatir porque se esconde bajo la apariencia de legalidad, con la protección de funcionarios y el silencio cómplice de la política.
