Maria Gil
22 de septiembre de 2025
La Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político contra el senador de Morena y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, acusado de presunta omisión, encubrimiento e incluso posible complicidad con el grupo criminal La Barredora, liderado por Hernán Bermúdez Requena. La denuncia fue presentada por la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez Jaén, quien acudió a la Secretaría General de San Lázaro en calidad de ciudadana para entregar un documento en el que exige que se investigue la actuación del exaspirante presidencial de Morena, a quien señala por haber colocado a Bermúdez al frente de la Secretaría de Seguridad en Tabasco durante su gobierno. La figura de Bermúdez, hoy detenido y señalado como líder del cártel, se convirtió en un tema explosivo desde su captura en Paraguay y posterior traslado a México, pues diversos testimonios apuntan a que ya en la campaña electoral de 2018 habría operado a favor de López Hernández. La oposición acusa que su ascenso en la administración tabasqueña no fue casualidad, sino parte de un entramado de protección política que permitió la consolidación de una red delictiva.
El caso se ha convertido en un golpe directo contra Morena, un partido que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción y que ahora enfrenta acusaciones de complicidades en las más altas esferas. La diputada panista sostuvo que la responsabilidad política de Adán Augusto es innegable, pues no podía desconocer las actividades ilícitas de un funcionario que durante años tuvo bajo su control a la policía estatal. Los opositores señalan que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República postergaron durante meses acciones contra Bermúdez bajo el argumento de carecer de testimonios directos, pero tras su detención y expulsión de Paraguay las pruebas comienzan a acumularse. El Partido Acción Nacional exige que el Congreso cite al senador López Hernández a comparecer y que no se intente blindarlo con el fuero, mientras que el propio acusado rechaza cualquier vínculo con el crimen organizado y afirma que los señalamientos forman parte de una campaña política en su contra.
El impacto de este episodio no es menor: Adán Augusto fue uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, exsecretario de Gobernación y aspirante a sucederlo en la presidencia. Su caída en desgracia, de confirmarse las acusaciones, podría evidenciar que la política de seguridad de la llamada Cuarta Transformación no solo fue ineficaz, sino que terminó contaminada por redes criminales incrustadas en el aparato estatal. A nivel político, el juicio político que se plantea en San Lázaro será un termómetro de la voluntad real de Morena y sus aliados para permitir investigaciones imparciales, o bien, una muestra más de que la disciplina partidista prevalece sobre el combate a la corrupción. Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente que “no se va a proteger a nadie”, pero en los hechos la mayoría morenista en el Congreso ha cerrado filas en defensa de Adán Augusto, cuestionando los documentos de inteligencia que vinculan a Bermúdez con La Barredora y acusando a la oposición de usar el caso con fines electorales.
La detención de Bermúdez y la sombra que proyecta sobre el exgobernador tabasqueño ponen a prueba a las instituciones, a la Fiscalía y al propio gobierno federal. El juicio político es un mecanismo previsto por la Constitución para sancionar faltas graves de servidores públicos y podría derivar en la destitución e inhabilitación de López Hernández si se comprueban las acusaciones, pero el desenlace dependerá del equilibrio de fuerzas políticas y del grado de presión pública que logre sostenerse. Por ahora, la petición de la diputada panista abre un capítulo incómodo para el morenismo y exhibe que la promesa de un gobierno incorruptible se enfrenta a su prueba más dura: permitir que la justicia alcance a uno de sus hombres más emblemáticos.
