Transferencias bancarias en México ya tienen nuevas reglas para octubre.


A partir del 1° de octubre de 2025 todos los bancos del país deberán poner a disposición de sus clientes una opción denominada MTU, siglas de Monto Transaccional del Usuario, que les permitirá fijar un tope máximo para sus transferencias electrónicas, pagos desde apps bancarias o banca por internet. Si al 30 de septiembre de 2025 el cliente no ha definido un límite, el banco asignará de oficio un monto automático.

La medida, establecida en la Circular Única de Bancos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicada en 2024, busca reforzar la seguridad de las operaciones digitales ante el creciente riesgo de fraudes, lavado de dinero y otros delitos financieros.

El tope automático que se asignará si el usuario no define su MTU será de 1,500 Unidades de Inversión (UDIS), lo que equivale aproximadamente a 12,500-13,000 pesos mexicanos según las estimaciones actuales.

Aunque desde el 1 de octubre los bancos sólo están obligados a habilitar la herramienta, será hasta el 1 de enero de 2026 cuando el uso del MTU se convierta en obligatorio para todos los usuarios de banca digital.

El MTU aplicará para operaciones como transferencias SPEI, pagos con tarjetas de crédito a terceros, pagos de servicios e impuestos y cualquier envío de dinero mediante apps bancarias o banca en línea. Sin embargo, para servicios de baja cuantía como CoDi, Transferencias Express o DIMO seguirá vigente un límite específico de 1,500 UDIS por transacción o acumulado diario, independiente del MTU general que el usuario haya configurado.

Quienes no ajusten su límite antes del plazo podrían enfrentar bloqueos automáticos de operaciones que superen el monto asignado por el banco. Las instituciones financieras deberán permitir que los clientes modifiquen el MTU cuantas veces quieran, atendiendo a sus necesidades financieras personales.

La CNBV espera que esta medida fortalezca la confianza en el sistema de pagos electrónicos, disminuya riesgos de actividades ilícitas y obligue tanto a usuarios como a bancos a gobernar con mayor transparencia las transacciones digitales.