El Departamento del Tesoro amplía el cerco financiero sobre la frontera suroeste mientras el Departamento de Justicia acumula expedientes que apuntan a mandos navales, operadores electorales de Morena y, según testimonios rendidos ante cortes federales estadounidenses, al entorno más íntimo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
#Investigación 🔬 | Julio Gálvez
Washington, D.C. / Ciudad de México, 13 de marzo de 2026.— La expansión de la Orden de Focalización Geográfica (GTO) emitida el 10 de marzo por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) no es una medida burocrática de rutina. Es la superficie visible de una guerra financiera asimétrica que lleva meses acumulándose en sigilosos expedientes de cortes federales en Texas y Nueva York, en testimonios de testigos protegidos entregados a la DEA y en centenares de miles de transacciones rastreadas mediante inteligencia artificial. Lo que comenzó como un esfuerzo declarado contra el tráfico de fentanilo ha evolucionado hacia algo mucho más complejo: el desmantelamiento financiero de un modelo criminal que convirtió el robo de combustibles y la evasión fiscal en la economía subterránea más sofisticada y rentable de América del Norte.
La GTO ampliada obliga a empresas de servicios monetarios no bancarios —casas de cambio, remesadoras y operadores de quioscos de criptomonedas— a presentar informes de transacciones en efectivo ante FinCEN por operaciones de entre mil y diez mil dólares realizadas en condados y códigos postales específicos de Arizona, California, Nuevo México y Texas. El rango no es arbitrario: está matemáticamente diseñado para desarticular la técnica conocida como pitufeo o smurfing, mediante la cual las organizaciones criminales fraccionan grandes sumas de capital ilícito en depósitos menores para evadir los sistemas de detección. La expansión geográfica incorpora por primera vez a Nuevo México —mediante los condados de Bernalillo, Doña Ana y San Juan— y amplía la cobertura en Arizona a los condados de Maricopa y Pima. En Texas, el radio de vigilancia abarca los condados de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb: una geografía que no es accidental, sino que traza el mapa de calor de los principales flujos de capital ilícito asociados al contrabando bidireccional de hidrocarburos, armas y narcóticos.
La acción se enmarca en una operación más amplia que FinCEN anunció en diciembre de 2025, en la que la agencia revisó más de un millón de reportes de transacciones en efectivo y 87,000 reportes de actividad sospechosa, lo que resultó en seis notificaciones formales de investigación, decenas de remisiones de auditoría al Servicio de Impuestos Internos y más de 50 cartas de cumplimiento dirigidas a empresas de servicios monetarios en la frontera. Lo que se percibe como una red de vigilancia financiera es, en realidad, la antesala de indictments que en los pasillos del Departamento de Justicia llevan meses madurando.
Para comprender la magnitud del fenómeno que Washington busca asfixiar financieramente, es necesario entender la metamorfosis que el crimen organizado ejecutó sobre el antiguo modelo del huachicol. Lo que durante décadas consistió en la perforación violenta y rústica de los ductos de Pemex en regiones como el Triángulo Rojo de Puebla o Guanajuato evolucionó hacia un esquema de criminalidad de cuello blanco de dimensiones colosales: el denominado huachicol fiscal.
La GTO ampliada obliga a empresas de servicios monetarios no bancarios —casas de cambio, remesadoras y operadores de quioscos de criptomonedas— a presentar informes de transacciones en efectivo ante FinCEN por operaciones de entre mil y diez mil dólares realizadas en condados y códigos postales específicos de Arizona, California, Nuevo México y Texas. El rango no es arbitrario: está matemáticamente diseñado para desarticular la técnica conocida como pitufeo o smurfing, mediante la cual las organizaciones criminales fraccionan grandes sumas de capital ilícito en depósitos menores para evadir los sistemas de detección. La expansión geográfica incorpora por primera vez a Nuevo México —mediante los condados de Bernalillo, Doña Ana y San Juan— y amplía la cobertura en Arizona a los condados de Maricopa y Pima. En Texas, el radio de vigilancia abarca los condados de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb: una geografía que no es accidental, sino que traza el mapa de calor de los principales flujos de capital ilícito asociados al contrabando bidireccional de hidrocarburos, armas y narcóticos.
La acción se enmarca en una operación más amplia que FinCEN anunció en diciembre de 2025, en la que la agencia revisó más de un millón de reportes de transacciones en efectivo y 87,000 reportes de actividad sospechosa, lo que resultó en seis notificaciones formales de investigación, decenas de remisiones de auditoría al Servicio de Impuestos Internos y más de 50 cartas de cumplimiento dirigidas a empresas de servicios monetarios en la frontera. Lo que se percibe como una red de vigilancia financiera es, en realidad, la antesala de indictments que en los pasillos del Departamento de Justicia llevan meses madurando.
Para comprender la magnitud del fenómeno que Washington busca asfixiar financieramente, es necesario entender la metamorfosis que el crimen organizado ejecutó sobre el antiguo modelo del huachicol. Lo que durante décadas consistió en la perforación violenta y rústica de los ductos de Pemex en regiones como el Triángulo Rojo de Puebla o Guanajuato evolucionó hacia un esquema de criminalidad de cuello blanco de dimensiones colosales: el denominado huachicol fiscal.
El mecanismo es una obra de ingeniería contable criminal: organizaciones vinculadas a los cárteles de las drogas, adquieren cantidades masivas de diésel o gasolina en refinerías de Texas o Canadá; al momento de presentar la documentación ante las aduanas mexicanas, el cargamento es falsamente clasificado como aditivos para aceites lubricantes, aceites vegetales o destilados de petróleo, eludiendo así el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un gravamen que en ocasiones supera el 50% del valor del cargamento. Con la complicidad de agentes aduanales y autoridades portuarias, el combustible fluye hacia redes de distribución clandestinas o gasolineras coludidas, inundando el mercado a precios de dumping que han expulsado a empresas multinacionales legalmente operadas. Las estimaciones de la firma consultora PetroIntelligence, citadas en múltiples expedientes judiciales, calculan que el huachicol arrebata al erario mexicano aproximadamente 24 millones de dólares diarios, lo que acumula pérdidas por encima de los nueve mil millones de dólares anuales.
El caso más contundente que documenta la simbiosis entre empresarios estadounidenses y el aparato criminal transnacional es el proceso instruido en el Distrito Sur de Texas contra la familia Jensen, originaria de Utah, y su empresa Arroyo Terminals. James Lael Jensen y su esposa Kelly Anne fueron arrestados el 23 de abril de 2025 en su mansión de 26,893 pies cuadrados en Sandy, Utah, valuada en 9.1 millones de dólares. Los Marshales estadounidenses utilizaron un ariete para ingresar a la propiedad. Sus hijos Maxwell y Zachary también fueron detenidos ese mismo día en Texas. De acuerdo con el expediente del tribunal federal del sur de Texas, James y Maxwell conspiraron para introducir ilegalmente 2,881 cargamentos de petróleo crudo desde México, declarándolos falsamente como desechos de aceites lubricantes en la documentación aduanera. Al menos 47 millones de dólares fueron transferidos a empresas mexicanas que los fiscales identifican como intermediarios de organizaciones criminales. El crudo era almacenado en las instalaciones de Arroyo Terminals, ubicada en Rio Hondo, Texas, y redistribuido mediante barcazas.
La gravedad del caso escaló cuando el Departamento de Justicia presentó una acusación ampliada que trasciende el contrabando: según el nuevo pliego de cargos, James y Maxwell Jensen conspiraron para proporcionar apoyo material y recursos financieros a los cárteles del crimen organizado designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras en febrero de 2025, lo que representa hasta 20 años de prisión por cada cargo. Documentos de la DEA identifican al informante confidencial clave del caso como un enlace directo con los líderes de los cáteles encargados del robo de hidrocarburos, con sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). No es la primera vez que Pemex señalaba a James Jensen: en 2011, la paraestatal interpuso una demanda civil contra él acusándolo de robo de condensado de gas natural; el caso fue desestimado en 2013 por insuficiencia de pruebas. Lo que entonces pasó como un litigio civil se convirtió, catorce años después, en una acusación federal de terrorismo.
Ese corredor de combustible ilícito que fluía desde las terminales texanas hacia México no podría haberse sostenido sin la captura institucional de los puertos y aduanas marítimas. La investigación periodística y los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) documentan cómo ese control fue posible a través de una red denominada Los Primos, comandada por dos de los más altos mandos de la Secretaría de Marina. Los hermanos Farías Laguna —el vicealmirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando— son sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, quien fungió como secretario de Marina durante toda la administración de López Obrador entre 2018 y 2024. La FGR los señala como presuntos líderes de la organización criminal que habría permitido el ingreso ilegal de hidrocarburos a México a través de puertos y aduanas bajo control de la SEMAR. Un testigo protegido de la FGR, quien fungió como director de la aduana de Tampico entre 2023 y 2025, reveló que por cada buque que atracaba en ese puerto recibía un millón 750 mil pesos, cantidad repartida entre el personal aduanal y de Marina. Según su testimonio, permitió el desembarque de 14 buques con combustible de contrabando y recibió más de 24 millones de pesos en sobornos.
La FGR señala que la red operó el ingreso ilegal de 31 buques cargados de combustible, y persigue penas de entre 30 y 60 años de prisión para los implicados. Entre los buques documentados, el MTM Hamburg y el MTM Dublin realizaron hasta nueve viajes consecutivos entre octubre y diciembre de 2024, mientras que el Challenge Procyon —el barco cuya inspección detonó el escándalo en marzo de 2025— transportaba en sus bodegas lo que documentos del SAT calculan en más de 20 millones de litros de diésel ilegal, el doble de lo que el gobierno reportó inicialmente. La magnitud del escándalo no llegó sin advertencias previas: el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar había presentado en julio de 2024 una denuncia formal señalando a los hermanos Farías Laguna como cabecillas de una mafia en los puertos. El 8 de noviembre de 2024 fue asesinado en Manzanillo, Colima. Su homicidio, documentado en la carpeta de investigación de la FGR, antecede por diez meses a la detención masiva. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue finalmente detenido el 2 de septiembre de 2025 en un operativo que resultó en la captura de 14 personas. Fue vinculado a proceso el 7 de septiembre y permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano. Su hermano Fernando continúa prófugo. Investigaciones financieras revelaron que la nómina del vicealmirante en la SEMAR sumó 12.1 millones de pesos entre 2020 y 2024, pero realizó depósitos y compras que rebasan ese monto.
La misma ofensiva que derrumbó a la cúpula naval también alcanzó al sistema bancario que lubricaba los flujos financieros del esquema. El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como entidades de preocupación primaria por lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides, prohibiendo a cualquier institución financiera estadounidense realizar transferencias de fondos con esas instituciones bajo las facultades de la Ley FEND Off Fentanyl. FinCEN documentó que en 2023 un empleado de CIBanco facilitó deliberadamente la apertura de una cuenta para presuntamente lavar 10 millones de dólares en nombre de un integrante del Cártel del Golfo, y que entre 2021 y 2024 la institución procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas mexicanas a compañías chinas que enviaban precursores químicos para la producción de fentanilo. El Tesoro vinculó a CIBanco con el CJNG, el Cártel del Golfo y la organización de los Beltrán Leyva; a Intercam con el CJNG; y a Vector Casa de Bolsa con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. El impacto fue inmediato: CIBanco pasó de administrar activos por 124 mil 269 millones de pesos en junio de 2025 a reportar apenas 68 mil 658 millones en agosto, un desplome del 44.7 por ciento. Intercam contrajo sus activos un 65.8 por ciento en el mismo lapso. Las sanciones entraron en vigor el 20 de octubre de 2025, tras dos prórrogas negociadas entre el Tesoro y el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las redes financieras que sostuvieron el huachicol fiscal no operaron en un vacío político. Según testimonios rendidos ante cortes federales estadounidenses y documentados en expedientes desclasificados, el eslabón que conecta el dinero del combustible con el aparato electoral del partido oficialista es Sergio Carmona Angulo, empresario tamaulipeco cuya figura es descrita en los expedientes como el principal arquitecto financiero vinculado al Cártel del Golfo para monetizar las ganancias del contrabando de combustibles. Carmona fue ejecutado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León. Su hermano y socio operativo, Julio César Carmona —quien fungió como administrador de la Aduana de Reynosa en 2019—, huyó a Texas y se acogió a un programa de testigos protegidos, entregando a la DEA y al Departamento de Justicia registros de transferencias financieras, bitácoras de operaciones y los nombres de actores políticos que, según su testimonio, se beneficiaron del esquema. Es en esta base probatoria donde el aparato de justicia penal estadounidense ancla gran parte de su operación investigativa actual.
La revelación más perturbadora del ciclo informativo reciente no provino de las agencias de inteligencia estadounidenses ni de la oposición política mexicana, sino de uno de los hombres más poderosos del sexenio obradorista. En febrero de 2026, Julio Scherer Ibarra, quien fungió como Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal entre 2018 y 2021, publicó el libro Ni venganza ni perdón, en el que expone —citando documentos de inteligencia— que el eslabón operativo entre las redes criminales de Sergio Carmona y el Palacio Nacional fue presuntamente Jesús Ramírez Cuevas, entonces Coordinador General de Comunicación Social de López Obrador y actual funcionario en el gobierno de Sheinbaum. Scherer afirma en su obra que Ramírez Cuevas presuntamente presentó a Carmona con Mario Delgado, entonces presidente nacional de Morena y hoy secretario de Educación, y que habría canalizado reuniones indirectas con el propio expresidente. Scherer sostiene que los nombres de Ramírez Cuevas y otros operadores figuran en actas de acusación e investigaciones radicadas en cortes de Nueva York y Texas vinculadas a esquemas de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. Estas declaraciones, publicadas por un exfuncionario de Estado y abogado de carrera, no han derivado en ninguna investigación formal por parte de las autoridades mexicanas. Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción del gobierno de Sheinbaum, señaló que su secretaría no inicia investigaciones de oficio basándose en declaraciones contenidas en libros, sin pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones.
Sobre las investigaciones que involucran a los hijos del expresidente López Obrador —Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán, señalados en diversas fuentes como presuntos articuladores de un esquema de tráfico de influencias denominado El Clan—, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado los reportes como una campaña de calumnias. La información de expedientes abiertos en cortes estadounidenses sobre presuntas vinculaciones de figuras del entorno político con redes de lavado de dinero no ha sido confirmada públicamente por el gobierno mexicano, y todos los involucrados mencionados conservan la presunción de inocencia consagrada en derecho.
El horizonte inmediato otorga un contexto geopolítico inseparable de esta ofensiva financiera. En el verano de 2026, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá están obligados a sentarse a la mesa para la revisión integral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La administración Trump llega a esas negociaciones con la intención declarada de imponer condiciones más estrictas sobre contenido regional, frenar inversiones de triangulación y exigir mayor coordinación en materia de seguridad fronteriza. La información criminal acumulada en los tribunales estadounidenses —expedientes que documentan la complicidad de mandos navales, la captura de aduanas estratégicas y los presuntos vínculos entre operadores políticos y organizaciones terroristas— representa, en la lógica de la diplomacia coactiva que caracteriza a la administración Trump, una palanca de negociación formidable. La detención de los hermanos Farías Laguna y el desmantelamiento de CIBanco, Intercam y Vector sugieren que el gobierno de Sheinbaum es profundamente consciente del peso de esa espada, y que el ritmo de las acciones anticorrupción internas está parcialmente calibrado por la urgencia de reducir esa presión antes de sentarse a negociar el tratado comercial más importante de la historia reciente de México.
Los términos de la GTO ampliada son efectivos del 7 de marzo al 2 de septiembre de 2026. Los negocios recién incorporados cuentan con un plazo de adaptación para comenzar a reportar a partir del 6 de abril. El plazo estándar de presentación de reportes se extiende de 15 a 30 días durante la vigencia de la orden. Cada reporte de transacción presentado ante FinCEN en ese periodo se convertirá en inteligencia financiera procesable: un nuevo fragmento en el rompecabezas que Washington lleva años ensamblando sobre las redes que conectan el combustible robado, los puertos militarizados, los bancos sancionados y los pasillos del poder en México. La investigación continúa activa en los tribunales de Texas y Nueva York.
El caso más contundente que documenta la simbiosis entre empresarios estadounidenses y el aparato criminal transnacional es el proceso instruido en el Distrito Sur de Texas contra la familia Jensen, originaria de Utah, y su empresa Arroyo Terminals. James Lael Jensen y su esposa Kelly Anne fueron arrestados el 23 de abril de 2025 en su mansión de 26,893 pies cuadrados en Sandy, Utah, valuada en 9.1 millones de dólares. Los Marshales estadounidenses utilizaron un ariete para ingresar a la propiedad. Sus hijos Maxwell y Zachary también fueron detenidos ese mismo día en Texas. De acuerdo con el expediente del tribunal federal del sur de Texas, James y Maxwell conspiraron para introducir ilegalmente 2,881 cargamentos de petróleo crudo desde México, declarándolos falsamente como desechos de aceites lubricantes en la documentación aduanera. Al menos 47 millones de dólares fueron transferidos a empresas mexicanas que los fiscales identifican como intermediarios de organizaciones criminales. El crudo era almacenado en las instalaciones de Arroyo Terminals, ubicada en Rio Hondo, Texas, y redistribuido mediante barcazas.
La gravedad del caso escaló cuando el Departamento de Justicia presentó una acusación ampliada que trasciende el contrabando: según el nuevo pliego de cargos, James y Maxwell Jensen conspiraron para proporcionar apoyo material y recursos financieros a los cárteles del crimen organizado designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras en febrero de 2025, lo que representa hasta 20 años de prisión por cada cargo. Documentos de la DEA identifican al informante confidencial clave del caso como un enlace directo con los líderes de los cáteles encargados del robo de hidrocarburos, con sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). No es la primera vez que Pemex señalaba a James Jensen: en 2011, la paraestatal interpuso una demanda civil contra él acusándolo de robo de condensado de gas natural; el caso fue desestimado en 2013 por insuficiencia de pruebas. Lo que entonces pasó como un litigio civil se convirtió, catorce años después, en una acusación federal de terrorismo.
Ese corredor de combustible ilícito que fluía desde las terminales texanas hacia México no podría haberse sostenido sin la captura institucional de los puertos y aduanas marítimas. La investigación periodística y los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) documentan cómo ese control fue posible a través de una red denominada Los Primos, comandada por dos de los más altos mandos de la Secretaría de Marina. Los hermanos Farías Laguna —el vicealmirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando— son sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, quien fungió como secretario de Marina durante toda la administración de López Obrador entre 2018 y 2024. La FGR los señala como presuntos líderes de la organización criminal que habría permitido el ingreso ilegal de hidrocarburos a México a través de puertos y aduanas bajo control de la SEMAR. Un testigo protegido de la FGR, quien fungió como director de la aduana de Tampico entre 2023 y 2025, reveló que por cada buque que atracaba en ese puerto recibía un millón 750 mil pesos, cantidad repartida entre el personal aduanal y de Marina. Según su testimonio, permitió el desembarque de 14 buques con combustible de contrabando y recibió más de 24 millones de pesos en sobornos.
La FGR señala que la red operó el ingreso ilegal de 31 buques cargados de combustible, y persigue penas de entre 30 y 60 años de prisión para los implicados. Entre los buques documentados, el MTM Hamburg y el MTM Dublin realizaron hasta nueve viajes consecutivos entre octubre y diciembre de 2024, mientras que el Challenge Procyon —el barco cuya inspección detonó el escándalo en marzo de 2025— transportaba en sus bodegas lo que documentos del SAT calculan en más de 20 millones de litros de diésel ilegal, el doble de lo que el gobierno reportó inicialmente. La magnitud del escándalo no llegó sin advertencias previas: el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar había presentado en julio de 2024 una denuncia formal señalando a los hermanos Farías Laguna como cabecillas de una mafia en los puertos. El 8 de noviembre de 2024 fue asesinado en Manzanillo, Colima. Su homicidio, documentado en la carpeta de investigación de la FGR, antecede por diez meses a la detención masiva. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue finalmente detenido el 2 de septiembre de 2025 en un operativo que resultó en la captura de 14 personas. Fue vinculado a proceso el 7 de septiembre y permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano. Su hermano Fernando continúa prófugo. Investigaciones financieras revelaron que la nómina del vicealmirante en la SEMAR sumó 12.1 millones de pesos entre 2020 y 2024, pero realizó depósitos y compras que rebasan ese monto.
La misma ofensiva que derrumbó a la cúpula naval también alcanzó al sistema bancario que lubricaba los flujos financieros del esquema. El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como entidades de preocupación primaria por lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides, prohibiendo a cualquier institución financiera estadounidense realizar transferencias de fondos con esas instituciones bajo las facultades de la Ley FEND Off Fentanyl. FinCEN documentó que en 2023 un empleado de CIBanco facilitó deliberadamente la apertura de una cuenta para presuntamente lavar 10 millones de dólares en nombre de un integrante del Cártel del Golfo, y que entre 2021 y 2024 la institución procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas mexicanas a compañías chinas que enviaban precursores químicos para la producción de fentanilo. El Tesoro vinculó a CIBanco con el CJNG, el Cártel del Golfo y la organización de los Beltrán Leyva; a Intercam con el CJNG; y a Vector Casa de Bolsa con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. El impacto fue inmediato: CIBanco pasó de administrar activos por 124 mil 269 millones de pesos en junio de 2025 a reportar apenas 68 mil 658 millones en agosto, un desplome del 44.7 por ciento. Intercam contrajo sus activos un 65.8 por ciento en el mismo lapso. Las sanciones entraron en vigor el 20 de octubre de 2025, tras dos prórrogas negociadas entre el Tesoro y el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las redes financieras que sostuvieron el huachicol fiscal no operaron en un vacío político. Según testimonios rendidos ante cortes federales estadounidenses y documentados en expedientes desclasificados, el eslabón que conecta el dinero del combustible con el aparato electoral del partido oficialista es Sergio Carmona Angulo, empresario tamaulipeco cuya figura es descrita en los expedientes como el principal arquitecto financiero vinculado al Cártel del Golfo para monetizar las ganancias del contrabando de combustibles. Carmona fue ejecutado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León. Su hermano y socio operativo, Julio César Carmona —quien fungió como administrador de la Aduana de Reynosa en 2019—, huyó a Texas y se acogió a un programa de testigos protegidos, entregando a la DEA y al Departamento de Justicia registros de transferencias financieras, bitácoras de operaciones y los nombres de actores políticos que, según su testimonio, se beneficiaron del esquema. Es en esta base probatoria donde el aparato de justicia penal estadounidense ancla gran parte de su operación investigativa actual.
La revelación más perturbadora del ciclo informativo reciente no provino de las agencias de inteligencia estadounidenses ni de la oposición política mexicana, sino de uno de los hombres más poderosos del sexenio obradorista. En febrero de 2026, Julio Scherer Ibarra, quien fungió como Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal entre 2018 y 2021, publicó el libro Ni venganza ni perdón, en el que expone —citando documentos de inteligencia— que el eslabón operativo entre las redes criminales de Sergio Carmona y el Palacio Nacional fue presuntamente Jesús Ramírez Cuevas, entonces Coordinador General de Comunicación Social de López Obrador y actual funcionario en el gobierno de Sheinbaum. Scherer afirma en su obra que Ramírez Cuevas presuntamente presentó a Carmona con Mario Delgado, entonces presidente nacional de Morena y hoy secretario de Educación, y que habría canalizado reuniones indirectas con el propio expresidente. Scherer sostiene que los nombres de Ramírez Cuevas y otros operadores figuran en actas de acusación e investigaciones radicadas en cortes de Nueva York y Texas vinculadas a esquemas de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. Estas declaraciones, publicadas por un exfuncionario de Estado y abogado de carrera, no han derivado en ninguna investigación formal por parte de las autoridades mexicanas. Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción del gobierno de Sheinbaum, señaló que su secretaría no inicia investigaciones de oficio basándose en declaraciones contenidas en libros, sin pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones.
Sobre las investigaciones que involucran a los hijos del expresidente López Obrador —Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán, señalados en diversas fuentes como presuntos articuladores de un esquema de tráfico de influencias denominado El Clan—, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado los reportes como una campaña de calumnias. La información de expedientes abiertos en cortes estadounidenses sobre presuntas vinculaciones de figuras del entorno político con redes de lavado de dinero no ha sido confirmada públicamente por el gobierno mexicano, y todos los involucrados mencionados conservan la presunción de inocencia consagrada en derecho.
El horizonte inmediato otorga un contexto geopolítico inseparable de esta ofensiva financiera. En el verano de 2026, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá están obligados a sentarse a la mesa para la revisión integral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La administración Trump llega a esas negociaciones con la intención declarada de imponer condiciones más estrictas sobre contenido regional, frenar inversiones de triangulación y exigir mayor coordinación en materia de seguridad fronteriza. La información criminal acumulada en los tribunales estadounidenses —expedientes que documentan la complicidad de mandos navales, la captura de aduanas estratégicas y los presuntos vínculos entre operadores políticos y organizaciones terroristas— representa, en la lógica de la diplomacia coactiva que caracteriza a la administración Trump, una palanca de negociación formidable. La detención de los hermanos Farías Laguna y el desmantelamiento de CIBanco, Intercam y Vector sugieren que el gobierno de Sheinbaum es profundamente consciente del peso de esa espada, y que el ritmo de las acciones anticorrupción internas está parcialmente calibrado por la urgencia de reducir esa presión antes de sentarse a negociar el tratado comercial más importante de la historia reciente de México.
Los términos de la GTO ampliada son efectivos del 7 de marzo al 2 de septiembre de 2026. Los negocios recién incorporados cuentan con un plazo de adaptación para comenzar a reportar a partir del 6 de abril. El plazo estándar de presentación de reportes se extiende de 15 a 30 días durante la vigencia de la orden. Cada reporte de transacción presentado ante FinCEN en ese periodo se convertirá en inteligencia financiera procesable: un nuevo fragmento en el rompecabezas que Washington lleva años ensamblando sobre las redes que conectan el combustible robado, los puertos militarizados, los bancos sancionados y los pasillos del poder en México. La investigación continúa activa en los tribunales de Texas y Nueva York.
