Ciudad de México, 17 de marzo de 2026.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió cerrar de forma definitiva el caso contra Pío López Obrador y David León Romero, acusados de presunto financiamiento ilícito a Morena entre 2015 y 2018. La Sala Superior confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) del 21 de agosto de 2025, que tras cinco años de investigación determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar un delito electoral.
El caso se originó en agosto de 2020, cuando se difundieron videos en los que se observa a Pío López Obrador —hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador— recibir dinero en efectivo dentro de sobres amarillos de manos de David León, entonces funcionario federal y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La denuncia formal fue presentada ese mismo año por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La resolución siguió el proyecto de la magistrada Mónica Soto, quien propuso a la Sala Superior confirmar la exoneración al considerar que los videos carecen de fuerza probatoria suficiente y que no existe evidencia documental que acredite un flujo de recursos hacia las finanzas o campañas de Morena. El tribunal también descartó que las declaraciones del expresidente López Obrador —quien reconoció públicamente que el dinero era para “el movimiento”— constituyeran una confesión de delito, al no vincularlas con la contabilidad partidista ni con actos de campaña.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) no ejerció acción penal al determinar que los videos presentaban alteraciones que les impedían ser considerados prueba plena. El INE, por su parte, realizó auditorías contables multiperiodo, emplazamientos y solicitudes interinstitucionales sin lograr rastrear el origen ni el destino de los recursos señalados en las grabaciones.
La decisión del TEPJF rechazó también el recurso de impugnación presentado el 27 de agosto de 2025 por el diputado panista Federico Döring, quien había exigido reabrir la investigación argumentando que el propio expresidente reconoció el destino político del dinero y que el INE admitió la existencia de indicios de ilegalidad. El tribunal estimó que dichos indicios no alcanzaban el umbral probatorio necesario para sostener una sanción electoral.
Con esta resolución, el caso de los sobres amarillos queda formalmente concluido sin responsabilidad electoral para ninguno de los involucrados, cerrando uno de los expedientes más polémicos en materia de financiamiento político de la última década en México.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió cerrar de forma definitiva el caso contra Pío López Obrador y David León Romero, acusados de presunto financiamiento ilícito a Morena entre 2015 y 2018. La Sala Superior confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) del 21 de agosto de 2025, que tras cinco años de investigación determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar un delito electoral.
El caso se originó en agosto de 2020, cuando se difundieron videos en los que se observa a Pío López Obrador —hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador— recibir dinero en efectivo dentro de sobres amarillos de manos de David León, entonces funcionario federal y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La denuncia formal fue presentada ese mismo año por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La resolución siguió el proyecto de la magistrada Mónica Soto, quien propuso a la Sala Superior confirmar la exoneración al considerar que los videos carecen de fuerza probatoria suficiente y que no existe evidencia documental que acredite un flujo de recursos hacia las finanzas o campañas de Morena. El tribunal también descartó que las declaraciones del expresidente López Obrador —quien reconoció públicamente que el dinero era para “el movimiento”— constituyeran una confesión de delito, al no vincularlas con la contabilidad partidista ni con actos de campaña.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) no ejerció acción penal al determinar que los videos presentaban alteraciones que les impedían ser considerados prueba plena. El INE, por su parte, realizó auditorías contables multiperiodo, emplazamientos y solicitudes interinstitucionales sin lograr rastrear el origen ni el destino de los recursos señalados en las grabaciones.
La decisión del TEPJF rechazó también el recurso de impugnación presentado el 27 de agosto de 2025 por el diputado panista Federico Döring, quien había exigido reabrir la investigación argumentando que el propio expresidente reconoció el destino político del dinero y que el INE admitió la existencia de indicios de ilegalidad. El tribunal estimó que dichos indicios no alcanzaban el umbral probatorio necesario para sostener una sanción electoral.
Con esta resolución, el caso de los sobres amarillos queda formalmente concluido sin responsabilidad electoral para ninguno de los involucrados, cerrando uno de los expedientes más polémicos en materia de financiamiento político de la última década en México.
