#Investigación 🔬 | Julio Gálvez
25 de abril de 2026
La asamblea de dueños de la Liga MX, celebrada el 23 de abril en Toluca, validó por unanimidad la venta del Club Atlas al empresario mexiquense José Miguel Bejos en una operación tasada por circuitos financieros en torno a los 220 millones de dólares. La transacción, formalizada entre Grupo Orlegi y Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI), trasciende el ámbito deportivo: traslada al fútbol mexicano al hombre que, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), acumuló contratos públicos por más de 104 mil millones de pesos durante la administración federal pasada y opera la filial mexicana de la portuguesa Mota-Engil.
El comprador no es un nombre nuevo en los círculos del poder. Bejos, economista por la Universidad Anáhuac e hijo del expresidente de la Cámara Empresarial Mexicana Libanesa, Jesús Alfredo Miguel Afif, fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto compañero de golf del entonces mandatario y miembro del entorno empresarial vinculado al grupo Atlacomulco; en aquel periodo, Mota-Engil y PRODI sumaron adjudicaciones cercanas a los mil millones de dólares en obra civil y carretera, según documentación reportada por la prensa especializada. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, lejos de quedar fuera del padrón de proveedores federales, la corporación se consolidó como contratista de cabecera de la infraestructura del nuevo régimen, superando —de acuerdo con los registros de MCCI— las adjudicaciones obtenidas en periodos equivalentes por consorcios históricos como el de Carlos Slim.
El núcleo de esa rentabilidad está en Petróleos Mexicanos. La red corporativa vinculada a la familia Miguel Bejos —en cuyas actas constitutivas figuran como accionistas o representantes legales Alfredo Miguel Bejos, Alejandro García Bejos y el propio José Miguel Bejos— concentró asignaciones en la paraestatal por 63 mil 444 millones de pesos. Más del 80 por ciento de ese capital, equivalente a 51 mil 301 millones, fue gestionado bajo la firma directa del funcionario Javier Núñez López, adscrito a PEMEX Exploración y Producción y señalado públicamente en 2012 como presunto operador de un esquema de triangulación de recursos del entonces gobierno capitalino hacia la asociación Austeridad Republicana, plataforma temprana de las aspiraciones presidenciales de López Obrador. Empresas de la órbita Bejos —Opex Perforadora, Perforadora Integral de Oriente Ixachi, Perforadora Profesional Akal-I, Heliservicio, SITA y Perfomex— acumularon contratos por intervención de pozos, arrendamiento de equipos terrestres, plataformas marinas y transporte aéreo en la Sonda de Campeche.
A los flujos petroleros se sumaron los megacontratos de obra civil canalizados a través de Mota-Engil México. En el Tren Maya, la constructora portuguesa fue beneficiada con instrumentos por más de 17 mil 418 millones de pesos, encabezados por el contrato de abril de 2020 por 13 mil 394.9 millones para la planeación y construcción del Tramo 1, entre Palenque y Escárcega. La Secretaría de Marina le adjudicó de manera directa, sin licitación pública, un contrato por 10 mil 326.1 millones de pesos en julio de 2022 para la rehabilitación de la Línea FA del Corredor Interoceánico, entre Coatzacoalcos y Palenque. Banobras complementó la cartera con compromisos superiores a 13 mil 600 millones, destacando un contrato por 12 mil 542.5 millones para la operación de peajes y mantenimiento del tramo Compostela-Las Vayas en Nayarit.
El blindaje político de esta acumulación quedó expuesto a inicios de 2024, cuando se filtraron en medios de comunicación audios privados del empresario tabasqueño Amílcar Olán, identificado en investigaciones periodísticas como persona cercana al círculo de los hijos del expresidente, Andrés (“Andy”) y Gonzalo (“Bobby”) López Beltrán. En las grabaciones, Olán describe presuntos recorridos de supervisión en los frentes de obra del Tren Maya en Tulum acompañado por “Bobby” y por un individuo al que llama “Pepe Miguel”, referencia que coincide en contexto e identidad con José Miguel Bejos. Los mismos audios documentan la presunta conformación de un esquema de intermediación —denominado “coyotaje” en la jerga del sector— mediante el cual Mota-Engil habría buscado posicionarse como proveedor monopólico de piedra balasto, material crítico para el tendido ferroviario, revendiéndolo con sobreprecio a otras constructoras del proyecto, incluida la subsidiaria de Carlos Slim, Operadora CICSA, encargada del Tramo 2 en Campeche por un contrato global cercano a los 27 mil 874 millones de pesos. La consolidación política del entorno López Beltrán se formalizó en el ciclo siguiente: “Andy” asumió la Secretaría de Organización de Morena con la meta declarada de credencializar a 10 millones de militantes.
La asamblea de dueños de la Liga MX, celebrada el 23 de abril en Toluca, validó por unanimidad la venta del Club Atlas al empresario mexiquense José Miguel Bejos en una operación tasada por circuitos financieros en torno a los 220 millones de dólares. La transacción, formalizada entre Grupo Orlegi y Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI), trasciende el ámbito deportivo: traslada al fútbol mexicano al hombre que, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), acumuló contratos públicos por más de 104 mil millones de pesos durante la administración federal pasada y opera la filial mexicana de la portuguesa Mota-Engil.
El comprador no es un nombre nuevo en los círculos del poder. Bejos, economista por la Universidad Anáhuac e hijo del expresidente de la Cámara Empresarial Mexicana Libanesa, Jesús Alfredo Miguel Afif, fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto compañero de golf del entonces mandatario y miembro del entorno empresarial vinculado al grupo Atlacomulco; en aquel periodo, Mota-Engil y PRODI sumaron adjudicaciones cercanas a los mil millones de dólares en obra civil y carretera, según documentación reportada por la prensa especializada. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, lejos de quedar fuera del padrón de proveedores federales, la corporación se consolidó como contratista de cabecera de la infraestructura del nuevo régimen, superando —de acuerdo con los registros de MCCI— las adjudicaciones obtenidas en periodos equivalentes por consorcios históricos como el de Carlos Slim.
El núcleo de esa rentabilidad está en Petróleos Mexicanos. La red corporativa vinculada a la familia Miguel Bejos —en cuyas actas constitutivas figuran como accionistas o representantes legales Alfredo Miguel Bejos, Alejandro García Bejos y el propio José Miguel Bejos— concentró asignaciones en la paraestatal por 63 mil 444 millones de pesos. Más del 80 por ciento de ese capital, equivalente a 51 mil 301 millones, fue gestionado bajo la firma directa del funcionario Javier Núñez López, adscrito a PEMEX Exploración y Producción y señalado públicamente en 2012 como presunto operador de un esquema de triangulación de recursos del entonces gobierno capitalino hacia la asociación Austeridad Republicana, plataforma temprana de las aspiraciones presidenciales de López Obrador. Empresas de la órbita Bejos —Opex Perforadora, Perforadora Integral de Oriente Ixachi, Perforadora Profesional Akal-I, Heliservicio, SITA y Perfomex— acumularon contratos por intervención de pozos, arrendamiento de equipos terrestres, plataformas marinas y transporte aéreo en la Sonda de Campeche.
A los flujos petroleros se sumaron los megacontratos de obra civil canalizados a través de Mota-Engil México. En el Tren Maya, la constructora portuguesa fue beneficiada con instrumentos por más de 17 mil 418 millones de pesos, encabezados por el contrato de abril de 2020 por 13 mil 394.9 millones para la planeación y construcción del Tramo 1, entre Palenque y Escárcega. La Secretaría de Marina le adjudicó de manera directa, sin licitación pública, un contrato por 10 mil 326.1 millones de pesos en julio de 2022 para la rehabilitación de la Línea FA del Corredor Interoceánico, entre Coatzacoalcos y Palenque. Banobras complementó la cartera con compromisos superiores a 13 mil 600 millones, destacando un contrato por 12 mil 542.5 millones para la operación de peajes y mantenimiento del tramo Compostela-Las Vayas en Nayarit.
El blindaje político de esta acumulación quedó expuesto a inicios de 2024, cuando se filtraron en medios de comunicación audios privados del empresario tabasqueño Amílcar Olán, identificado en investigaciones periodísticas como persona cercana al círculo de los hijos del expresidente, Andrés (“Andy”) y Gonzalo (“Bobby”) López Beltrán. En las grabaciones, Olán describe presuntos recorridos de supervisión en los frentes de obra del Tren Maya en Tulum acompañado por “Bobby” y por un individuo al que llama “Pepe Miguel”, referencia que coincide en contexto e identidad con José Miguel Bejos. Los mismos audios documentan la presunta conformación de un esquema de intermediación —denominado “coyotaje” en la jerga del sector— mediante el cual Mota-Engil habría buscado posicionarse como proveedor monopólico de piedra balasto, material crítico para el tendido ferroviario, revendiéndolo con sobreprecio a otras constructoras del proyecto, incluida la subsidiaria de Carlos Slim, Operadora CICSA, encargada del Tramo 2 en Campeche por un contrato global cercano a los 27 mil 874 millones de pesos. La consolidación política del entorno López Beltrán se formalizó en el ciclo siguiente: “Andy” asumió la Secretaría de Organización de Morena con la meta declarada de credencializar a 10 millones de militantes.
El vendedor, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, llegó a la mesa en condiciones diametralmente opuestas. El presidente de Grupo Orlegi fue declarado “sustraído de la acción de la justicia” —figura procesal equivalente a prófugo— el 24 de marzo de 2026 por el juez de control Luis Alfredo Mendoza García, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, después de no comparecer a una audiencia presencial en la causa por presunta defraudación fiscal vinculada al Club Santos Laguna. La carpeta, atraída por la Fiscalía General de la República desde marzo de 2023, documenta una presunta omisión dolosa de 17 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta correspondientes a 2017 y un esquema más amplio de simulación laboral suscrito con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, por aproximadamente 98 millones de pesos en pagos disfrazados como “primas de indemnización por riesgo de trabajo”. El expediente incluye, además, presuntas operaciones con empresas previamente listadas por el SAT como facturadoras simuladas. Aunque Irarragorri logró desvincularse posteriormente de algunas imputaciones, la asfixia procesal y reputacional precipitó la enajenación del Atlas como medida de liquidez para sostener al resto del grupo, que conserva al Sporting de Gijón en España y al Santos Laguna en Torreón.
El contraste con el comprador es nítido. La propia Mota-Engil México fue documentada por el SAT, en información filtrada a finales de 2020, por la presunta emisión de 75 facturas apócrifas entre 2015 y 2018 por más de 173 millones de pesos, respaldadas por una empresa receptora sin empleados, sin activos tangibles y sin capacidad técnica acreditada. Pese a la contundencia del señalamiento, ninguna adjudicación pública fue interrumpida ni se conocen consecuencias penales equivalentes a las que persiguen a Irarragorri. La asimetría sancionadora del Estado mexicano frente a esquemas de defraudación de naturaleza similar queda documentada con precisión en el contraste de ambos casos.
La operación necesitó un mediador. Mikel Arriola Peñalosa, comisionado ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol y articulador político de la Liga MX, exabanderado priista a la jefatura de gobierno capitalina en 2018 y extitular del IMSS y de la Cofepris en el sexenio peñista, operó como puente institucional para encauzar la transacción y la asamblea que la validó. El propio cónclave aprobó el “divorcio” jurídico entre la Liga MX y la FMF: el campeonato operará desde el ciclo Apertura 2026 como una asociación civil autónoma, con cuatro comités estratégicos —Deportivo, Comercial, de Inversión y Certificación, y de Ética y Buen Gobierno— y un órgano colegiado de seis clubes —América, Chivas, Monterrey, Tijuana, Toluca y Santos Laguna— diseñado para evitar capturas unilaterales por parte de un solo conglomerado televisivo o corporativo. La asamblea ratificó también el regreso del Atlante a primera división en sustitución del Mazatlán FC, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
A la operación se incorporó un facilitador de mayor envergadura. Diversos reportes coincidieron en que un emisario en representación directa de Carlos Slim Helú intervino en los pasillos del cónclave para destrabar la valoración final del traspaso. El interés del propietario del Grupo Carso no es deportivo. Slim y Bejos comparten frentes de obra en el Tren Maya —Operadora CICSA en el Tramo 2, Mota-Engil en el Tramo 1— y, sobre todo, son socios en la reactivación del campo gasífero submarino de Lakach, frente a las costas de Veracruz, un yacimiento con reservas estimadas en aproximadamente 900 mil millones de pies cúbicos de gas natural que PEMEX había abandonado en dos ocasiones por costos prohibitivos y por la deserción de socios extranjeros. La empresa conjunta entre Carso y Mota-Engil para extraer hidrocarburos profundos, confirmada públicamente por López Obrador, ata los destinos financieros de ambos grupos durante la próxima década.
Lo que se consumó en Toluca, en consecuencia, no es solamente la salida de un dueño asediado por el SAT y la entrada de un magnate de la infraestructura. Es la incorporación al gobierno corporativo del fútbol mexicano de un consorcio cuya liquidez procede, en buena parte, de presupuestos públicos asignados con escaso contraste competitivo, blindado por nexos documentados con la nueva clase política y articulado en alianza con el mayor patrimonio privado del país. Grupo PRODI asumirá el control absoluto del Atlas a partir del 1 de julio de 2026; entre tanto, Orlegi conservará la operación deportiva del club rojinegro. La pregunta que la asamblea no respondió, y que la Liga MX tampoco se ve obligada a responder bajo el nuevo modelo de gobernanza, es si el origen del capital ahora ingresado al fútbol nacional será objeto de algún examen en los recién creados comités de Ética e Inversión. Por ahora, la reconfiguración del balompié mexicano avanza con un nuevo dueño en Guadalajara, un viejo dueño con orden de aprehensión vigente, y un sistema deportivo cuya soberanía financiera quedó alineada, sin matices, con el bloque de capital que sucede a la Cuarta Transformación.
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Si quieres revisar los contratos: https://drive.google.com/file/d/1VkC-hP0odDExfEhOHRhrM3hoMCbeH2cE/view?usp=drivesdk
