29 de abril de 2026
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales —activos y exfuncionarios— por presunta conspiración con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense. El caso fue desclasificado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
La acusación, anunciada de manera conjunta por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, detalla un esquema de corrupción institucional que presuntamente abarcó todos los niveles del gobierno y las corporaciones policiales de Sinaloa. Según el documento, los imputados habrían recibido colectivamente millones de dólares en dinero del narco a cambio de proteger operaciones del cártel, filtrar información sobre operativos respaldados por EU y permitir actos de violencia sin consecuencia alguna.
El propio Rocha Moya, de 76 años, habría sido beneficiado electoralmente por Los Chapitos, quienes presuntamente secuestraron e intimidaron a sus rivales políticos para asegurar su triunfo. Una vez en el cargo —desde el 1 de noviembre de 2021— el gobernador habría sostenido reuniones con los líderes de esa facción y prometido protección para sus operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. De probarse los cargos, enfrenta cadena perpetua con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
El alcance de la acusación va más allá del mandatario estatal. Entre los diez imputados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general del gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaávedra, subprocurador en funciones de la Fiscalía Estatal, quien presuntamente recibía alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus integrantes y alertarlos sobre operativos; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal en funciones de Culiacán.
El caso más grave en términos de pena corresponde a Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien enfrenta cadena perpetua obligatoria por su presunta participación en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y ejecutadas por ser sospechosas de cooperar con la investigación estadounidense.
El fiscal Clayton señaló que el Cártel de Sinaloa no operaría con tanta libertad ni éxito sin políticos corruptos y funcionarios policiales a su servicio, y advirtió que estas acusaciones deben enviar un mensaje claro a funcionarios de todo el mundo que colaboran con el narco. Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al cártel como organización terrorista designada que depende de la corrupción y los sobornos para sostener su violencia y sus ganancias.
La acusación forma parte de una serie iniciada en ese mismo distrito desde 2023, que acumula ya más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa. La Embajada de EU en México difundió el comunicado y señaló que la corrupción que habilita al crimen organizado y daña a ambos países será investigada y procesada dondequiera que aplique la jurisdicción estadounidense. El embajador Ronald Johnson, quien días antes había inaugurado una planta en Sinaloa donde habló públicamente de corrupción, distribuyó personalmente el anuncio en sus redes sociales.
El impacto político es inmediato. Rocha Moya es militante de Morena y su gobierno se inscribe formalmente dentro del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. La acusación aparece apenas días después de que el diario Los Angeles Times revelara que la Embajada de EU en México puso en marcha una estrategia para presentar cargos contra políticos mexicanos —incluyendo miembros de Morena— ante tribunales federales estadounidenses. La oficina del gobernador señaló, a través de Reuters, que no había sido notificada formalmente de los cargos y que no contaba con información adicional al momento del cierre de esta edición.
Todos los acusados residen presuntamente en México. Ninguno ha sido detenido. El proceso avanza en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales —activos y exfuncionarios— por presunta conspiración con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense. El caso fue desclasificado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
La acusación, anunciada de manera conjunta por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, detalla un esquema de corrupción institucional que presuntamente abarcó todos los niveles del gobierno y las corporaciones policiales de Sinaloa. Según el documento, los imputados habrían recibido colectivamente millones de dólares en dinero del narco a cambio de proteger operaciones del cártel, filtrar información sobre operativos respaldados por EU y permitir actos de violencia sin consecuencia alguna.
El propio Rocha Moya, de 76 años, habría sido beneficiado electoralmente por Los Chapitos, quienes presuntamente secuestraron e intimidaron a sus rivales políticos para asegurar su triunfo. Una vez en el cargo —desde el 1 de noviembre de 2021— el gobernador habría sostenido reuniones con los líderes de esa facción y prometido protección para sus operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. De probarse los cargos, enfrenta cadena perpetua con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
El alcance de la acusación va más allá del mandatario estatal. Entre los diez imputados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general del gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaávedra, subprocurador en funciones de la Fiscalía Estatal, quien presuntamente recibía alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus integrantes y alertarlos sobre operativos; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal en funciones de Culiacán.
El caso más grave en términos de pena corresponde a Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien enfrenta cadena perpetua obligatoria por su presunta participación en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y ejecutadas por ser sospechosas de cooperar con la investigación estadounidense.
El fiscal Clayton señaló que el Cártel de Sinaloa no operaría con tanta libertad ni éxito sin políticos corruptos y funcionarios policiales a su servicio, y advirtió que estas acusaciones deben enviar un mensaje claro a funcionarios de todo el mundo que colaboran con el narco. Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al cártel como organización terrorista designada que depende de la corrupción y los sobornos para sostener su violencia y sus ganancias.
La acusación forma parte de una serie iniciada en ese mismo distrito desde 2023, que acumula ya más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa. La Embajada de EU en México difundió el comunicado y señaló que la corrupción que habilita al crimen organizado y daña a ambos países será investigada y procesada dondequiera que aplique la jurisdicción estadounidense. El embajador Ronald Johnson, quien días antes había inaugurado una planta en Sinaloa donde habló públicamente de corrupción, distribuyó personalmente el anuncio en sus redes sociales.
El impacto político es inmediato. Rocha Moya es militante de Morena y su gobierno se inscribe formalmente dentro del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. La acusación aparece apenas días después de que el diario Los Angeles Times revelara que la Embajada de EU en México puso en marcha una estrategia para presentar cargos contra políticos mexicanos —incluyendo miembros de Morena— ante tribunales federales estadounidenses. La oficina del gobernador señaló, a través de Reuters, que no había sido notificada formalmente de los cargos y que no contaba con información adicional al momento del cierre de esta edición.
Todos los acusados residen presuntamente en México. Ninguno ha sido detenido. El proceso avanza en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
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