#Investigación 🔬 | Julio Gálvez
Comenzó con plátanos, zanahorias y coliflores comprados al triple del precio autorizado. Terminó, cinco años después, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de su círculo cercano imputados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para el narcotráfico, posesión de ametralladoras y conspiración para secuestro. Entre el primer pedido de abarrotes y la imputación federal estadounidense del 29 de abril de 2026, una auditoría forense privada documenta el ensamblaje, pieza por pieza, de una franquicia familiar que presuntamente movilizó entre 3,000 y 5,000 millones de pesos del erario sinaloense hacia un núcleo cerrado de hijos del gobernador, socios comerciales y operadores políticos.
La pieza basal de la red se instaló en diciembre de 2021, a treinta días de iniciada la administración. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sinaloa, presidido por Eneyda Rocha Ruiz —hija del gobernador—, firmó un contrato de adjudicación directa con Frutas y Verduras de ElDorado S.A. de C.V. por 501,200 pesos para abastecer abarrotes a centros asistenciales. La proveedora pertenece a José Carlos Cárdenas Mellado, quien desde febrero de 2016 figura como socio empresarial de José Jesús Rocha Ruiz, el hijo menor del gobernador, en la firma Agronegocios y Servicios El Águila del Norte. La dependencia presidida por la hija canalizó recursos públicos hacia la empresa familiar del socio del hermano.
La auditoría revela que los techos contractuales fueron mera formalidad. Para 2022, los dos instrumentos firmados con ElDorado totalizaban un máximo legal de 1,604,200 pesos. Las órdenes de compra ejecutadas y pagadas ese año ascendieron a 4,344,000 pesos: un sobregiro de 170.7 por ciento sobre el monto autorizado. En 2023, la mecánica se replicó: contrato base por 1,300,000 pesos, facturación final por 2,468,000 pesos. El expediente documenta además una alteración del objeto contractual: pese a que los contratos se ciñeron a 68 artículos clasificados como abarrotes secos —jamaica, manzanilla, lentejas, atún, harina—, el gobierno pagó facturas por plátanos, zanahorias, pepinos, coliflores, melón, acelgas y lechuga, productos que coinciden con el giro de la empresa donde el hijo menor del gobernador figura como accionista.
El esquema se replicó con mayor escala en los Servicios de Salud de Sinaloa. La investigación documental, ubica en la dirección administrativa de esa dependencia a Eduardo Aguirre Medina, socio comercial de Ricardo Rocha Ruiz —otro hijo del gobernador— en las empresas A&R Inyecta Soluciones y Estadísticas. El 17 de junio de 2022, Aguirre Medina autorizó, en calidad de autoridad contratante, una adjudicación directa por 4,544,000 pesos a Frutas y Verduras de ElDorado: 753,000 pesos por frutas y verduras, 1,953,000 por carnes y 1,836,000 por abarrotes. En la operación coincidieron, sin excusa formal de conflicto de interés, el socio de un hijo del gobernador firmando el pago y el socio del otro hijo recibiendo el cheque. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, en sus artículos 3 fracción VI y 58, obliga al funcionario a excusarse en estos supuestos.
El cierre del circuito de impunidad se produjo en agosto de 2024. Lejos de ser fiscalizado por las facturaciones acumuladas, José Carlos Cárdenas Mellado —dueño de la proveedora favorita y socio del hijo del gobernador— fue nombrado por Rocha Moya como director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES). El propio contratista beneficiado se convirtió en el funcionario encargado de autorizar los pagos del gobierno estatal y de supervisar la recaudación fiscal de sus propias empresas. La auditoría lo describe sin eufemismos: el regulado se volvió el regulador.
La ingeniería del retorno alcanzó dimensiones industriales en la Secretaría de Administración y Finanzas. Enrique Díaz Vega, titular del despacho desde noviembre de 2021, es a la vez propietario de Housing Desarrollos S.A. de C.V., constructora que desde 2010 mantenía vínculos comerciales con Chocosa S.A. de C.V., empresa de pavimentación propiedad de los hijos del gobernador. Entre 2021 y 2023, según la trazabilidad financiera levantada por la auditoría forense, Housing Desarrollos transfirió al menos 240 millones de pesos a Chocosa bajo el concepto de subcontrataciones. El secretario de Finanzas se autoadjudicaba contratos públicos a través de su empresa privada y, acto seguido, transfería los recursos a las cuentas de los hijos de su jefe.
El patrón se replicó en serie con otras constructoras. En febrero de 2022, la Constructora Bogax ganó un contrato de obra pública por 16 millones de pesos en una licitación en la que diez empresas presentaron propuestas económicas casi idénticas —rasgo característico del esquema colusorio conocido en auditoría como “carrusel”. Semanas después de cobrar, Bogax transfirió tres millones de pesos a Chocosa, presuntamente por adquisición de materiales de construcción. La pauta era constante: el erario pagaba a un contratista; el contratista retornaba una porción a la firma de los hijos del gobernador.
El expediente más grotesco del esquema “carrusel” lo aporta la obra del camino Culiacán-Sanalona-La Ilama: cinco empresas participantes presentaron cotizaciones matemáticamente idénticas hasta la centésima decimal, tasando sus servicios exactamente en 27 millones de pesos con un centavo. Ninguna autoridad de fiscalización alertó la imposibilidad estadística. En marzo de 2025, ya en el rubro asistencial, el DIF estatal adjudicó 315.6 millones de pesos —casi el 90 por ciento de su presupuesto anual de operación— a Berries Company S. de R.L. de C.V., una corporación con capital social de 5,000 pesos, sin domicilio fiscal localizable, cuyas accionistas y apoderadas legales eran, según la investigación, mujeres beneficiarias de programas sociales utilizadas presuntamente como prestanombres.
La factura física del modelo llegó el 6 de diciembre de 2022. La empresa Grobson S. de R.L., con domicilio en Hermosillo y sin especialización en infraestructura carretera pesada, había recibido en ocho semanas tres contratos por 86.9 millones de pesos para reconstruir el Puente El Quelite II, sobre la carretera libre Mazatlán-Culiacán. Mediante convenios sucesivos, el costo se elevó por encima de los 102 millones, rebasando el tope legal de ampliación del 25 por ciento. Tres semanas antes del corte de listón, la superestructura colapsó. Los recursos eran transferencias federales para mitigar daños por huracanes. La Secretaría de Obras Públicas catalogó el derrumbe como “falla estructural” y no abrió procedimiento de inhabilitación contra la contratista.
La parálisis institucional fue absoluta. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y los órganos internos de control se abstuvieron de iniciar investigaciones de oficio pese a las discrepancias entre contratos y facturas; la Comisión de Fiscalización del Congreso local aprobó las cuentas públicas sin reservas sustantivas; y el SATES quedó en manos del propio contratista beneficiado. El blindaje, sin embargo, no alcanzó al sistema financiero estadounidense. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia, por conducto del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y del titular de la DEA, Terrance C. Cole, desclasificó un indictment que imputa a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios —entre ellos Enrique Díaz Vega, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el exsecretario general de gobierno y senador Enrique Inzunza Cázarez— por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el secuestro.
La teoría acusatoria sostiene que la red político-empresarial documentada por las auditorías habría operado, presuntamente, como soporte financiero y mecanismo de lavado del Cártel de Sinaloa, en su facción identificada como “Los Chapitos”, a cambio de financiamiento electoral ilícito e impunidad operativa. La fiscalía federal estadounidense reclama la confiscación total de los bienes acumulados por los acusados, abriendo la puerta a la eventual congelación de las firmas Housing Desarrollos y Chocosa, y de los activos derivados de los megacontratos estatales.
Rocha Moya rechazó las imputaciones “categórica y absolutamente”. La presidenta Claudia Sheinbaum condicionó cualquier proceso de extradición a la entrega previa, por parte de Estados Unidos, de “evidencias sólidas e irrefutables”, y caracterizó la acción del Departamento de Justicia como una estrategia politizada de intervención extraterritorial. Mientras el debate diplomático escala, la cronología documental permanece intacta: lo que comenzó con un pedido de abarrotes al DIF en diciembre de 2021 terminó en abril de 2026 sobre el escritorio de un gran jurado en Manhattan. La siguiente fase del caso depende de la respuesta judicial mexicana a las órdenes de captura libradas en Nueva York y de la trazabilidad que la fiscalía estadounidense logre desplegar sobre los imperios inmobiliarios y constructores edificados, presuntamente, con dinero del erario sinaloense.
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