Mientras el Azteca ardía con fuegos artificiales, madres buscadoras gritaban nombres afuera. La ONU ya tomó partido: México enfrenta ante la Asamblea General la denuncia más grave de su historia en materia de desaparición forzada
Julio Gálvez
16 de junio de 2026
El 11 de junio de 2026, dos Méxicos ocuparon la misma avenida.
Por un lado, camisetas verdes, banderas, gritos de gol. Por el otro, fotografías laminadas colgadas al pecho, velas encendidas al amanecer y una consigna que no necesita explicación: ”¿Dónde están, dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?”
Mientras dentro del Estadio Azteca se celebraba la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, afuera, sobre Calzada de Tlalpan, madres buscadoras gritaban los nombres de sus hijas e hijos desaparecidos. Sobre ellas pasaron tres aviones y desde el estadio se lanzaron fuegos pirotécnicos de colores. Del otro lado de la valla, decenas de policías antimotines les impedían avanzar.
Las madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas lograron ingresar al perímetro inmediato del Estadio Ciudad de México, donde colocaron fichas de búsqueda y lonas con los rostros de sus seres queridos. Nadie las invitó. Nadie las quería ahí. Y sin embargo ahí estaban, frente a las cámaras de todo el planeta, haciendo lo único que saben hacer desde hace años: buscar.
Lo que esas mujeres representaban ese día no era solo dolor. Era también el dato más incómodo que ningún protocolo FIFA puede pixelar: al 25 de mayo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuantifica 134,460 personas desaparecidas o no localizadas en México. No son un pasivo histórico. Son, en términos jurídicos estrictos, un delito que se sigue cometiendo hoy, en este momento, mientras el balón rueda.
Y el mundo ya lo sabe.
El 2 de abril de 2026, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada determinó que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que constituyen crímenes de lesa humanidad, y decidió llevar el caso urgentemente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nunca antes en su historia ese órgano había activado ese mecanismo contra ningún Estado. México es el primero.
Al 28 de febrero de 2026, el Comité tenía registradas 819 peticiones de acción urgente relacionadas con desapariciones en México, lo que representa el 36.5% del total mundial. México es el país con el mayor número de acciones urgentes en el mundo. Más que cualquier zona de guerra activa en el registro del organismo.
El gobierno respondió con un escrito de 87 páginas. Su argumento central: que las desapariciones son obra del crimen organizado, no del Estado, y que por tanto no corresponde la calificación que el Comité aplica. El propio Comité subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas de manera deliberada. Pero también dejó claro que eso no resuelve el problema: cuando la omisión investigativa es tan sostenida y tan extendida, la frontera entre inacción y aquiescencia se vuelve jurídicamente irrelevante. El resultado es el mismo: 134 mil personas sin aparecer, la mayoría de ellas sin carpeta de investigación abierta.
Hay un dato que el discurso oficial celebra y que los analistas leen diferente. El gobierno reporta una caída del 33% en homicidios dolosos en el primer trimestre de 2026. Lo que no dice es que, en la misma década, los registros anuales de personas desaparecidas y no localizadas pasaron de 4,114 en 2015 a 12,872 en 2025: un incremento del 213%. La explicación no requiere conspiración, solo lógica procesal: un homicidio necesita un cuerpo para ser contado. Donde no hay hallazgo, no hay homicidio. Hay, en el mejor de los casos, un reporte de desaparición. El grupo criminal que ejecuta y oculta no reduce la letalidad: reduce el registro de la letalidad.
La estadística, en otras palabras, no desaparece a las personas. Las personas desaparecen a la estadística.
Las familias que marcharon el 11 de junio pidieron a quienes asistían al Mundial “que muestren empatía y respeto” y que “se sumen a visibilizar la crisis de desaparecidos que nuestro gobierno minimiza”. “No pretendemos arruinar su fiesta”, dijeron en un comunicado leído durante la velada. Es una frase que merece detenerse. No pretendemos arruinar su fiesta. Lo dijeron mujeres que llevan años excavando terrenos con sus propias manos porque el Estado no lo hace. Lo dijeron con una dignidad que ningún protocolo de seguridad logró confinar.
El Mundial durará hasta el 19 de julio. Los fuegos artificiales del Azteca ya se apagaron. Las fichas de búsqueda pegadas en el perímetro del estadio siguen ahí, con nombres, con fechas, con rostros.
La Convención Internacional, la jurisprudencia interamericana y ahora el Comité de la ONU ante la Asamblea General señalan en la misma dirección. La pregunta que queda flotando, después del himno y después de los goles, es cuándo México decide jugar ese partido también.
El 11 de junio de 2026, dos Méxicos ocuparon la misma avenida.
Por un lado, camisetas verdes, banderas, gritos de gol. Por el otro, fotografías laminadas colgadas al pecho, velas encendidas al amanecer y una consigna que no necesita explicación: ”¿Dónde están, dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?”
Mientras dentro del Estadio Azteca se celebraba la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, afuera, sobre Calzada de Tlalpan, madres buscadoras gritaban los nombres de sus hijas e hijos desaparecidos. Sobre ellas pasaron tres aviones y desde el estadio se lanzaron fuegos pirotécnicos de colores. Del otro lado de la valla, decenas de policías antimotines les impedían avanzar.
Las madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas lograron ingresar al perímetro inmediato del Estadio Ciudad de México, donde colocaron fichas de búsqueda y lonas con los rostros de sus seres queridos. Nadie las invitó. Nadie las quería ahí. Y sin embargo ahí estaban, frente a las cámaras de todo el planeta, haciendo lo único que saben hacer desde hace años: buscar.
Lo que esas mujeres representaban ese día no era solo dolor. Era también el dato más incómodo que ningún protocolo FIFA puede pixelar: al 25 de mayo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuantifica 134,460 personas desaparecidas o no localizadas en México. No son un pasivo histórico. Son, en términos jurídicos estrictos, un delito que se sigue cometiendo hoy, en este momento, mientras el balón rueda.
Y el mundo ya lo sabe.
El 2 de abril de 2026, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada determinó que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que constituyen crímenes de lesa humanidad, y decidió llevar el caso urgentemente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nunca antes en su historia ese órgano había activado ese mecanismo contra ningún Estado. México es el primero.
Al 28 de febrero de 2026, el Comité tenía registradas 819 peticiones de acción urgente relacionadas con desapariciones en México, lo que representa el 36.5% del total mundial. México es el país con el mayor número de acciones urgentes en el mundo. Más que cualquier zona de guerra activa en el registro del organismo.
El gobierno respondió con un escrito de 87 páginas. Su argumento central: que las desapariciones son obra del crimen organizado, no del Estado, y que por tanto no corresponde la calificación que el Comité aplica. El propio Comité subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas de manera deliberada. Pero también dejó claro que eso no resuelve el problema: cuando la omisión investigativa es tan sostenida y tan extendida, la frontera entre inacción y aquiescencia se vuelve jurídicamente irrelevante. El resultado es el mismo: 134 mil personas sin aparecer, la mayoría de ellas sin carpeta de investigación abierta.
Hay un dato que el discurso oficial celebra y que los analistas leen diferente. El gobierno reporta una caída del 33% en homicidios dolosos en el primer trimestre de 2026. Lo que no dice es que, en la misma década, los registros anuales de personas desaparecidas y no localizadas pasaron de 4,114 en 2015 a 12,872 en 2025: un incremento del 213%. La explicación no requiere conspiración, solo lógica procesal: un homicidio necesita un cuerpo para ser contado. Donde no hay hallazgo, no hay homicidio. Hay, en el mejor de los casos, un reporte de desaparición. El grupo criminal que ejecuta y oculta no reduce la letalidad: reduce el registro de la letalidad.
La estadística, en otras palabras, no desaparece a las personas. Las personas desaparecen a la estadística.
Las familias que marcharon el 11 de junio pidieron a quienes asistían al Mundial “que muestren empatía y respeto” y que “se sumen a visibilizar la crisis de desaparecidos que nuestro gobierno minimiza”. “No pretendemos arruinar su fiesta”, dijeron en un comunicado leído durante la velada. Es una frase que merece detenerse. No pretendemos arruinar su fiesta. Lo dijeron mujeres que llevan años excavando terrenos con sus propias manos porque el Estado no lo hace. Lo dijeron con una dignidad que ningún protocolo de seguridad logró confinar.
El Mundial durará hasta el 19 de julio. Los fuegos artificiales del Azteca ya se apagaron. Las fichas de búsqueda pegadas en el perímetro del estadio siguen ahí, con nombres, con fechas, con rostros.
La Convención Internacional, la jurisprudencia interamericana y ahora el Comité de la ONU ante la Asamblea General señalan en la misma dirección. La pregunta que queda flotando, después del himno y después de los goles, es cuándo México decide jugar ese partido también.
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