Julio Gálvez
13 de julio de 2026
El FBI exhibió en un museo de Nuevo México el avión que sacó a “El Mayo” Zambada de México. Adentro del fuselaje quedó la coordenada que apunta al vértice político de Sinaloa.
Nadie exhibe un avión ni libera fotografías inéditas de un operativo dos años después de ejecutarlo por transparencia administrativa. El 2 de julio de 2026, el agente especial adjunto a cargo de la oficina de campo del FBI en El Paso, Conal Whetton, convocó a la prensa con menos de veinticuatro horas de anticipación, leyó un documento titulado “Operación Air Kings” y entregó al War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México, un Beechcraft King Air 200 valuado en 650 mil dólares. El museo está pegado al aeropuerto del condado de Doña Ana: el mismo asfalto donde, a las 10:19 de la mañana del 25 de julio de 2024, bajaron Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López. La aeronave se exhibe con las cadenas del FBI todavía puestas en un motor, con las bolsas de frituras y las latas de refresco que se consumieron durante el vuelo, con huellas de zapato marcadas sobre los asientos, un respaldo vencido y dos ventanas estrelladas desde adentro.
Es una escena del crimen convertida en vitrina. Y el mensaje, para quien quiera leerlo, no está dirigido a los visitantes del museo.
La contradicción es de manual. Durante dos años, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que no fue su operativo, ni su avión, ni su piloto. El 2 de julio, la agencia que él representaba presentó ese mismo avión como pieza educativa de una operación con nombre propio. En el documento que el FBI entregó al museo, la misión aparece descrita como una detención compleja, secreta y audaz que puso fin a cuatro décadas de reinado del fundador del Cártel de Sinaloa. El bautizo no es menor: “Air Kings” es un anagrama del modelo de la aeronave, “King Air”. En la práctica de las agencias estadounidenses, el nombre de una operación se asigna cuando se abre el expediente y arranca la planeación, no cuando se cierra. Que el avión le haya dado nombre a la operación sugiere que el avión era el eje del plan mucho antes de que encendiera motores en territorio mexicano.
El fuselaje, además, no supo mentir. El peritaje difundido por el FBI documenta que la aeronave cargaba tres identidades falsas antes de que los peritos encontraran la verdadera. Por fuera ostentaba la matrícula N287KA, colocada con vinil adhesivo —no con pintura, como exige la norma— y clonada de otro avión registrado en Estados Unidos cuyo propietario mantenía bloqueado el rastreo público. En el marco de la puerta de cabina aparecía grabado el número de serie BB-1137, apócrifo, diseñado para sobrevivir a una inspección superficial en rampa. Los registros históricos ubicaron al mismo fuselaje operando en Colombia como aerotaxi bajo la matrícula HK-4658(G). Sólo tras desensamblar los paneles internos del fuselaje apareció el número que no se puede clonar sin destruir la nave: “BB-191”. Un King Air 200 bimotor fabricado en 1976, repintado como si fuera de esta década.
El resto del peritaje describe un avión al que le extirparon quirúrgicamente la capacidad de dejar rastro. Le retiraron por completo el Transmisor Localizador de Emergencia, el dispositivo que emite coordenadas satelitales en caso de impacto; los peritos hallaron el cableado suelto en la cola. Le extrajeron la grabadora de voz de cabina. Le quitaron los lentes de las luces de posición y estroboscópicas, y cubrieron con pintura la luz trasera para volar a oscuras. Le instalaron en la cabina de pasajeros una celda de combustible armada con piezas no aeronáuticas, con cableado nuevo y el interruptor de encendido escondido en la pared lateral del copiloto, para extender la autonomía de vuelo. Le borraron las placas de identificación de los dos motores. Y el sistema digital del panel de instrumentos estaba codificado: para encenderlo había que oprimir una secuencia específica de interruptores, una contraseña física que garantizaba que sólo un piloto entrenado en esa aeronave en particular pudiera arrancarla.
Ese nivel de intervención no lo ejecuta un mecánico de pista. Lo ejecuta un equipo con conocimiento aeronáutico, tiempo, hangar y protección.
Pero la pieza que hoy debería quitarle el sueño a la clase política sinaloense no es el tanque clandestino ni las luces apagadas. Es la unidad de navegación principal, un Garmin GTN 750, que el FBI extrajo del tablero antes de entregar el avión al museo. En la aviación ejecutiva, un equipo así almacena decenas o cientos de rutas históricas. Éste tenía cuatro. Cuatro planes de vuelo guardados: tres de ellos, de acuerdo con reportes de prensa presentes en el museo, con destino a aeropuertos en México. Una memoria purgada y reprogramada exclusivamente con lo indispensable para la operación no es un descuido: es la geografía electromagnética de quién usó ese avión, desde qué pistas y hacia qué puntos de encuentro. Esas cuatro rutas hoy están en poder del gobierno de Estados Unidos.
El tercer ocupante del vuelo sigue sin nombre oficial. La Fiscalía General de la República, a través de dictámenes periciales de voz aportados por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, identificó al piloto a partir del audio en que solicitó a la torre de control de Ciudad Juárez los códigos de transpondedor para ingresar al espacio aéreo estadounidense. Lo que ocurrió después es donde la historia mexicana se vuelve indefendible: el 8 de julio de 2026, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, explicó que el piloto fue deportado a México, siguió delinquiendo, fue detenido por portación de arma de fuego y fue entregado de vuelta a Estados Unidos con base en la Ley de Seguridad Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la decisión la tomó el Consejo de Seguridad Nacional, dentro de un envío de 91 personas de alto impacto, y pidió a la FGR ampliar la información. Reportes periodísticos han identificado a ese piloto como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, señalado como piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán y quien habría firmado ya un acuerdo de culpabilidad por conspiración para traficar cocaína. México tuvo en sus manos al único testigo mexicano vivo del vuelo. Y lo entregó.
Conviene recordar que el 26 de julio de 2024, la entonces secretaria de Seguridad federal y hoy titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, identificó públicamente al piloto como un ciudadano estadounidense que después se confirmó que no tuvo participación alguna en el vuelo. Dos años después, es la misma funcionaria quien afirma que las versiones son contradictorias y que alguien mintió, y quien advierte que, de confirmarse una operación encubierta de extracción sin autorización de México, se habrían vulnerado la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
El avión, sin embargo, es sólo el vehículo. La conspiración es terrestre.
De acuerdo con el testimonio judicializado de Zambada en cortes estadounidenses, el 25 de julio de 2024 fue atraído a la finca Huertos del Pedregal, en las inmediaciones de Culiacán, bajo el pretexto de mediar en una crisis política. El cebo, según su relato, era la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya y del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda. En una habitación oscura fue derribado, encapuchado, atado y neutralizado junto con su escolta. Ese mismo día, en ese mismo lugar, Cuén Ojeda fue asesinado. Y entonces la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez, presentó un video mudo con una historia distinta: que Cuén había muerto en un intento de robo de vehículo en una gasolinera de La Presita.
La FGR atrajo el caso y desmontó esa versión peritaje por peritaje. Halló restos de sangre humana en la finca cuyo perfil genético corresponde a Cuén Ojeda. Encontró en la camioneta del supuesto asalto rastros hemáticos que no eran de Cuén, sino de Rodolfo Chaidez Mendoza, integrante de la escolta personal de Zambada que hasta hoy permanece desaparecido. Documentó que el cuerpo presentaba un hematoma severo en la cabeza, cuatro impactos de bala en las piernas e indicios de tortura, y que fue incinerado sin agotar los protocolos forenses. La fiscal estatal renunció. El aparato de justicia de un estado mexicano fue usado, presuntamente, para fabricar un homicidio de utilería.
Ese día, Rocha Moya no estaba en Sinaloa. Su coartada fue una bitácora de vuelo que acredita un viaje a Los Ángeles en un jet privado de la compañía Across. La coartada abrió otra puerta: investigaciones periodísticas documentaron que esos vuelos privados —con costos reportados superiores a los 500 mil pesos por trayecto— aparecen vinculados a Enrique Díaz Vega, entonces secretario de Administración y Finanzas del estado.
El 29 de abril de 2026 se acabó la contención diplomática. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, desclasificaron una acusación formal de 34 páginas —el “superseding indictment” S9 23 Cr. 180, asignado a la jueza Katherine Polk Failla— contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Encabeza la lista Rubén Rocha Moya, acusado de conspiración para importar narcóticos y de cargos relacionados con armas; según la acusación, su llegada al gobierno en 2021 habría sido impulsada por la facción de “Los Chapitos” mediante intimidación y secuestro de rivales políticos, y ya en el cargo les habría garantizado control casi total sobre las corporaciones de seguridad del estado. La lista incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, al exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, al exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y al excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, a quien se le imputan además el secuestro, tortura y homicidio de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de ésta. Rocha Moya rechazó las imputaciones “categórica y absolutamente”. Cuarenta y ocho horas después, pidió licencia. El Congreso local se la concedió el 2 de mayo y designó gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde.
Después vino el desmoronamiento. El 11 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez —general retirado con experiencia en inteligencia militar— cruzó la garita de Nogales, Arizona, y se entregó. Compareció en Nueva York y se declaró no culpable de los cargos por recibir sobornos, presuntamente superiores a los 100 mil dólares mensuales, a cambio de alertar a la facción sobre cateos y operativos contra laboratorios. Casi en simultáneo, Enrique Díaz Vega también se entregó a las autoridades estadounidenses. El operador de la fuerza y el operador del dinero, ambos del otro lado, ambos con incentivos para hablar.
Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió con extrañamientos: reclamó que las solicitudes de detención con fines de extradición llegaron sin pruebas anexas y que la difusión pública de los nombres vulneraba el debido proceso. Es la respuesta de un gobierno que discute la forma cuando ya perdió el control del fondo.
El calendario ya no lo escribe México. El lunes 20 de julio, Ismael Zambada será sentenciado en la corte federal de Brooklyn ante el juez Brian Cogan. El avión permanecerá en exhibición en Nuevo México por dos años, con las bolsas de frituras dentro y las ventanas rotas por donde alguien golpeó desde adentro. La unidad de navegación no está ahí: se la quedaron. Y en algún expediente del Distrito Sur de Nueva York están las cuatro rutas que ese aparato guardó, junto con los testimonios de los dos hombres que administraron la fuerza y las finanzas de Sinaloa.
En Culiacán, el gobernador con licencia sigue sin aparecer en público. La pregunta ya no es si el expediente lo alcanza. Es cuánto tiempo cree México que puede seguir discutiendo la soberanía mientras Washington acumula, pieza por pieza, el mapa completo.
El FBI exhibió en un museo de Nuevo México el avión que sacó a “El Mayo” Zambada de México. Adentro del fuselaje quedó la coordenada que apunta al vértice político de Sinaloa.
Nadie exhibe un avión ni libera fotografías inéditas de un operativo dos años después de ejecutarlo por transparencia administrativa. El 2 de julio de 2026, el agente especial adjunto a cargo de la oficina de campo del FBI en El Paso, Conal Whetton, convocó a la prensa con menos de veinticuatro horas de anticipación, leyó un documento titulado “Operación Air Kings” y entregó al War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México, un Beechcraft King Air 200 valuado en 650 mil dólares. El museo está pegado al aeropuerto del condado de Doña Ana: el mismo asfalto donde, a las 10:19 de la mañana del 25 de julio de 2024, bajaron Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López. La aeronave se exhibe con las cadenas del FBI todavía puestas en un motor, con las bolsas de frituras y las latas de refresco que se consumieron durante el vuelo, con huellas de zapato marcadas sobre los asientos, un respaldo vencido y dos ventanas estrelladas desde adentro.
Es una escena del crimen convertida en vitrina. Y el mensaje, para quien quiera leerlo, no está dirigido a los visitantes del museo.
La contradicción es de manual. Durante dos años, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que no fue su operativo, ni su avión, ni su piloto. El 2 de julio, la agencia que él representaba presentó ese mismo avión como pieza educativa de una operación con nombre propio. En el documento que el FBI entregó al museo, la misión aparece descrita como una detención compleja, secreta y audaz que puso fin a cuatro décadas de reinado del fundador del Cártel de Sinaloa. El bautizo no es menor: “Air Kings” es un anagrama del modelo de la aeronave, “King Air”. En la práctica de las agencias estadounidenses, el nombre de una operación se asigna cuando se abre el expediente y arranca la planeación, no cuando se cierra. Que el avión le haya dado nombre a la operación sugiere que el avión era el eje del plan mucho antes de que encendiera motores en territorio mexicano.
El fuselaje, además, no supo mentir. El peritaje difundido por el FBI documenta que la aeronave cargaba tres identidades falsas antes de que los peritos encontraran la verdadera. Por fuera ostentaba la matrícula N287KA, colocada con vinil adhesivo —no con pintura, como exige la norma— y clonada de otro avión registrado en Estados Unidos cuyo propietario mantenía bloqueado el rastreo público. En el marco de la puerta de cabina aparecía grabado el número de serie BB-1137, apócrifo, diseñado para sobrevivir a una inspección superficial en rampa. Los registros históricos ubicaron al mismo fuselaje operando en Colombia como aerotaxi bajo la matrícula HK-4658(G). Sólo tras desensamblar los paneles internos del fuselaje apareció el número que no se puede clonar sin destruir la nave: “BB-191”. Un King Air 200 bimotor fabricado en 1976, repintado como si fuera de esta década.
El resto del peritaje describe un avión al que le extirparon quirúrgicamente la capacidad de dejar rastro. Le retiraron por completo el Transmisor Localizador de Emergencia, el dispositivo que emite coordenadas satelitales en caso de impacto; los peritos hallaron el cableado suelto en la cola. Le extrajeron la grabadora de voz de cabina. Le quitaron los lentes de las luces de posición y estroboscópicas, y cubrieron con pintura la luz trasera para volar a oscuras. Le instalaron en la cabina de pasajeros una celda de combustible armada con piezas no aeronáuticas, con cableado nuevo y el interruptor de encendido escondido en la pared lateral del copiloto, para extender la autonomía de vuelo. Le borraron las placas de identificación de los dos motores. Y el sistema digital del panel de instrumentos estaba codificado: para encenderlo había que oprimir una secuencia específica de interruptores, una contraseña física que garantizaba que sólo un piloto entrenado en esa aeronave en particular pudiera arrancarla.
Ese nivel de intervención no lo ejecuta un mecánico de pista. Lo ejecuta un equipo con conocimiento aeronáutico, tiempo, hangar y protección.
Pero la pieza que hoy debería quitarle el sueño a la clase política sinaloense no es el tanque clandestino ni las luces apagadas. Es la unidad de navegación principal, un Garmin GTN 750, que el FBI extrajo del tablero antes de entregar el avión al museo. En la aviación ejecutiva, un equipo así almacena decenas o cientos de rutas históricas. Éste tenía cuatro. Cuatro planes de vuelo guardados: tres de ellos, de acuerdo con reportes de prensa presentes en el museo, con destino a aeropuertos en México. Una memoria purgada y reprogramada exclusivamente con lo indispensable para la operación no es un descuido: es la geografía electromagnética de quién usó ese avión, desde qué pistas y hacia qué puntos de encuentro. Esas cuatro rutas hoy están en poder del gobierno de Estados Unidos.
El tercer ocupante del vuelo sigue sin nombre oficial. La Fiscalía General de la República, a través de dictámenes periciales de voz aportados por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, identificó al piloto a partir del audio en que solicitó a la torre de control de Ciudad Juárez los códigos de transpondedor para ingresar al espacio aéreo estadounidense. Lo que ocurrió después es donde la historia mexicana se vuelve indefendible: el 8 de julio de 2026, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, explicó que el piloto fue deportado a México, siguió delinquiendo, fue detenido por portación de arma de fuego y fue entregado de vuelta a Estados Unidos con base en la Ley de Seguridad Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la decisión la tomó el Consejo de Seguridad Nacional, dentro de un envío de 91 personas de alto impacto, y pidió a la FGR ampliar la información. Reportes periodísticos han identificado a ese piloto como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, señalado como piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán y quien habría firmado ya un acuerdo de culpabilidad por conspiración para traficar cocaína. México tuvo en sus manos al único testigo mexicano vivo del vuelo. Y lo entregó.
Conviene recordar que el 26 de julio de 2024, la entonces secretaria de Seguridad federal y hoy titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, identificó públicamente al piloto como un ciudadano estadounidense que después se confirmó que no tuvo participación alguna en el vuelo. Dos años después, es la misma funcionaria quien afirma que las versiones son contradictorias y que alguien mintió, y quien advierte que, de confirmarse una operación encubierta de extracción sin autorización de México, se habrían vulnerado la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
El avión, sin embargo, es sólo el vehículo. La conspiración es terrestre.
De acuerdo con el testimonio judicializado de Zambada en cortes estadounidenses, el 25 de julio de 2024 fue atraído a la finca Huertos del Pedregal, en las inmediaciones de Culiacán, bajo el pretexto de mediar en una crisis política. El cebo, según su relato, era la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya y del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda. En una habitación oscura fue derribado, encapuchado, atado y neutralizado junto con su escolta. Ese mismo día, en ese mismo lugar, Cuén Ojeda fue asesinado. Y entonces la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez, presentó un video mudo con una historia distinta: que Cuén había muerto en un intento de robo de vehículo en una gasolinera de La Presita.
La FGR atrajo el caso y desmontó esa versión peritaje por peritaje. Halló restos de sangre humana en la finca cuyo perfil genético corresponde a Cuén Ojeda. Encontró en la camioneta del supuesto asalto rastros hemáticos que no eran de Cuén, sino de Rodolfo Chaidez Mendoza, integrante de la escolta personal de Zambada que hasta hoy permanece desaparecido. Documentó que el cuerpo presentaba un hematoma severo en la cabeza, cuatro impactos de bala en las piernas e indicios de tortura, y que fue incinerado sin agotar los protocolos forenses. La fiscal estatal renunció. El aparato de justicia de un estado mexicano fue usado, presuntamente, para fabricar un homicidio de utilería.
Ese día, Rocha Moya no estaba en Sinaloa. Su coartada fue una bitácora de vuelo que acredita un viaje a Los Ángeles en un jet privado de la compañía Across. La coartada abrió otra puerta: investigaciones periodísticas documentaron que esos vuelos privados —con costos reportados superiores a los 500 mil pesos por trayecto— aparecen vinculados a Enrique Díaz Vega, entonces secretario de Administración y Finanzas del estado.
El 29 de abril de 2026 se acabó la contención diplomática. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, desclasificaron una acusación formal de 34 páginas —el “superseding indictment” S9 23 Cr. 180, asignado a la jueza Katherine Polk Failla— contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Encabeza la lista Rubén Rocha Moya, acusado de conspiración para importar narcóticos y de cargos relacionados con armas; según la acusación, su llegada al gobierno en 2021 habría sido impulsada por la facción de “Los Chapitos” mediante intimidación y secuestro de rivales políticos, y ya en el cargo les habría garantizado control casi total sobre las corporaciones de seguridad del estado. La lista incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, al exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, al exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y al excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, a quien se le imputan además el secuestro, tortura y homicidio de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de ésta. Rocha Moya rechazó las imputaciones “categórica y absolutamente”. Cuarenta y ocho horas después, pidió licencia. El Congreso local se la concedió el 2 de mayo y designó gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde.
Después vino el desmoronamiento. El 11 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez —general retirado con experiencia en inteligencia militar— cruzó la garita de Nogales, Arizona, y se entregó. Compareció en Nueva York y se declaró no culpable de los cargos por recibir sobornos, presuntamente superiores a los 100 mil dólares mensuales, a cambio de alertar a la facción sobre cateos y operativos contra laboratorios. Casi en simultáneo, Enrique Díaz Vega también se entregó a las autoridades estadounidenses. El operador de la fuerza y el operador del dinero, ambos del otro lado, ambos con incentivos para hablar.
Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió con extrañamientos: reclamó que las solicitudes de detención con fines de extradición llegaron sin pruebas anexas y que la difusión pública de los nombres vulneraba el debido proceso. Es la respuesta de un gobierno que discute la forma cuando ya perdió el control del fondo.
El calendario ya no lo escribe México. El lunes 20 de julio, Ismael Zambada será sentenciado en la corte federal de Brooklyn ante el juez Brian Cogan. El avión permanecerá en exhibición en Nuevo México por dos años, con las bolsas de frituras dentro y las ventanas rotas por donde alguien golpeó desde adentro. La unidad de navegación no está ahí: se la quedaron. Y en algún expediente del Distrito Sur de Nueva York están las cuatro rutas que ese aparato guardó, junto con los testimonios de los dos hombres que administraron la fuerza y las finanzas de Sinaloa.
En Culiacán, el gobernador con licencia sigue sin aparecer en público. La pregunta ya no es si el expediente lo alcanza. Es cuánto tiempo cree México que puede seguir discutiendo la soberanía mientras Washington acumula, pieza por pieza, el mapa completo.
