El grupo Huichapan y el grupo Hidalgo representan dos proyectos políticos distintos e incompatibles. Confundirlos no es ignorancia: es una estrategia deliberada
Jorge Montejo
14 de julio de 2026
En un artículo anterior expusimos cómo los gobiernos federales de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari implementaron el neoliberalismo en México como política pública nacional, un proceso que coincidió con el gobierno de Jesús Murillo Karam en Hidalgo y que transformó las estructuras de poder en la entidad, desplazando al grupo Huichapan de la vida política del estado con en invento de EL NUEVO PRI. Ahora es necesario profundizar en un punto que ciertos medios de comunicación se empeñan en confundir, ya sea por desconocimiento o por conveniencia: José Antonio Rojo y el grupo Huichapan no son lo mismo que el grupo Hidalgo. Afirmarlo no es una opinión: es un hecho histórico que se sustenta en los orígenes, la ideología y la trayectoria de ambos proyectos políticos.
El grupo Huichapan surge de una corriente política profundamente arraigada en la historia social de México: el reparto agrario impulsado por Javier Rojo Gómez en plena época cardenista. Aquella política de distribución de tierras no fue un acto administrativo menor; fue la expresión de un proyecto de nación que entendía al Estado como instrumento de justicia social, como garante de que la riqueza del campo no se concentrara en unas cuantas manos, sino que llegara a quienes la trabajaban con sus propias manos. De esa raíz nació una tradición política que Jorge Rojo Lugo heredó y articuló en lo que conocemos como el grupo Huichapan: un movimiento comprometido con la política social, con la cercanía al pueblo, con una forma de ejercer el poder que privilegiaba el bienestar colectivo sobre el enriquecimiento individual. Ese es el ADN político de José Antonio Rojo y de quienes pertenecen a esa corriente.
El grupo Hidalgo, en cambio, es producto de una circunstancia histórica completamente diferente. Para entenderlo con justicia, hay que colocar los hechos en su contexto. El sistema neoliberal no fue una invención hidalguense; fue una política de Estado implementada a nivel nacional. Comenzó a gestarse durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado y se consolidó con toda su fuerza durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ese modelo —basado en la apertura comercial, la privatización de empresas públicas, la desregulación económica y el adelgazamiento del Estado— se impuso como la nueva doctrina oficial del país, y los gobernadores de todos los estados tuvieron que operar dentro de ese marco, desplazando así a los políticos que pertenecían a la corriente cardenista y al reparto agrario.
En este orden de ideas, lo que resulta determinante para esta historia no es tanto la implementación del modelo en sí, sino lo que hicieron con él quienes vinieron después. Porque fue del neoliberalismo de donde se colgó el grupo Hidalgo —conformado por los gobernadores que sucedieron a Murillo Karam: Manuel Ángel Núñez Soto, Miguel Ángel Osorio Chong, Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses— para convertir la función pública en un mecanismo de enriquecimiento personal. Las licitaciones públicas, los contratos gubernamentales, las concesiones y los programas de obra se transformaron en los vehículos a través de los cuales estos gobernadores y sus círculos cercanos amasaron fortunas al amparo del poder. El sistema neoliberal les proporcionó el marco perfecto: grandes presupuestos públicos, poca rendición de cuentas y una lógica de mercado que justificaba la participación del capital privado en prácticamente todos los ámbitos del gobierno. Ellos no solo administraron el neoliberalismo: lo explotaron hasta sus últimas consecuencias para volverse millonarios.
Y fueron precisamente estos gobernadores del grupo Hidalgo quienes sacaron, expulsaron y relegaron al grupo Huichapan de la política hidalguense. No fue una exclusión accidental ni un proceso natural de relevo generacional; fue una marginación sistemática. Los herederos de la tradición de Javier Rojo Gómez, quienes concebían la política como servicio social y no como negocio, resultaban incómodos para un sistema que necesitaba operadores dispuestos a participar de la lógica de enriquecimiento. El grupo Huichapan fue discriminado dentro del propio PRI, relegado de las candidaturas, excluido de las decisiones y apartado de los espacios de poder (como hoy hace Morena con sus propias bases). Lo que los Rojo y sus aliados representaban —una política de raíz social, comprometida con los más necesitados— era incompatible con el proyecto del grupo Hidalgo, y por eso fueron empujados hacia los márgenes.
Esta historia, sin embargo, no la cuentan los medios de comunicación en Hidalgo. En lugar de investigar y explicar las diferencias profundas entre ambos grupos, se dedican a construir una narrativa simplista que pretende convencer a la ciudadanía de que Murillo y José Antonio Rojo son lo mismo, de que el grupo Huichapan y el grupo Hidalgo forman parte de un mismo proyecto. Esa confusión no es inocente: responde a los intereses de quienes se benefician de que la gente no distinga entre un movimiento político de raíz social y un grupo de poder que utilizó el neoliberalismo para enriquecerse. Y la razón de fondo es clara: esos medios siguen alineados con los políticos del grupo Hidalgo, con los gobernadores y operadores que durante décadas se sirvieron del presupuesto público como si fuera patrimonio personal.
Pero hay algo todavía más grave que la confusión mediática, y es la estrategia política que se esconde detrás de ella. Los chapulines del grupo Hidalgo —los operadores políticos formados bajo las administraciones de Osorio Chong, Murillo Karam, Núñez Soto, Olvera y Fayad— ya no están en el PRI. Han migrado a Morena. Han ejecutado lo que solo puede describirse como una estrategia del caballo de Troya: se introdujeron en el movimiento que llegó al poder con la bandera de la transformación, y ahora operan desde adentro con las mismas prácticas que aprendieron en el viejo régimen. Ya invadieron Morena, ya están dentro, y desde esa posición les conviene más que nunca generar la narrativa de que todos los políticos hidalguenses son iguales, de que no hay diferencia entre quienes saquearon al estado y quienes fueron excluidos por negarse a participar del saqueo.
La gente de Hidalgo conoce su historia y recuerda cómo los Rojo fueron discriminados del PRI por las mismas personas que se apropiaron de ese partido para realizar negocios al amparo del poder, gracias al sistema neoliberal. La memoria popular no se borra con columnas periodísticas ni con estrategias de comunicación. Los hidalguenses saben quiénes construyeron su riqueza desde el gobierno y quiénes fueron marginados por no prestarse a ese juego. Saben que el grupo Huichapan nació del reparto de tierras, de la política social, de un compromiso con el pueblo que viene de Javier Rojo Gómez; y saben que el grupo Hidalgo nació del neoliberalismo, de las licitaciones amañadas y de la concentración del presupuesto público en manos de unos cuantos. Confundirlos no es un error: es una ofensa a la inteligencia de los hidalguenses y a la verdad histórica de un estado que merece que su historia se cuente como realmente fue, no como les conviene a quienes hoy se disfrazan de transformadores desde las entrañas de Morena.
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En la fotografía, podemos observar el momento cuando el grupo Hidalgo traicionó al grupo Huichapan con la gubernatura de Hidalgo
