Julio Gálvez
26 de julio de 2026
Este domingo 26 de julio volvió a circular en redes sociales la versión de una supuesta orden de aprehensión internacional contra el senador tabasqueño y contra Andrés Manuel López Beltrán, difundida por el exfuncionario Simón Levy. Ni la Fiscalía General de la República ni Interpol emitieron ficha, comunicado o confirmación alguna. No existe carpeta judicializada pública que la respalde. Conviene recordar el antecedente: la propia Embajada de Estados Unidos en México desmintió públicamente, en 2025, una lista difundida por Levy, quien además enfrenta dos procesos penales en México y una ficha roja de Interpol confirmada por la FGR.
La imposibilidad de verificar no es accidental. Los registros de visas están blindados por la sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que obliga al Departamento de Estado a no confirmar ni negar una revocación. Los encausamientos sellados son, por definición, secretos. Todo el debate nacional sobre Adán Augusto López se ha construido sobre dos categorías de documentos que la ley estadounidense impide comprobar. Y sobre esa opacidad se ha edificado una industria de virales.
Lo verificable está en Tabasco, y no está sellado.
Adán Augusto López Hernández es titular de la Notaría Pública 27 de Villahermosa desde febrero de 1995. Él mismo declaró, siendo gobernador, haber elaborado más de 50 mil documentos, y presumió ser un notario de éxito. La notaría opera hoy en asociación con la número 7 y con Adela Ramos López como notaria sustituta, mientras el titular permanece con licencia.
Una investigación documental de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, estableció que ante esa notaría se constituyó cerca de una docena de empresas de la familia Bermúdez Requena. Entre ellas, Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, Gravera Río Puxcatán, Reger de Tabasco y Gasolinera D’Angelópolis, esta última creada en 2004 por Gerardo Bermúdez. También Cobsa Corporativo, Residencial Majahua, Desarrollo Empresarial Tulija, Altamar del Sureste y Altamar de Tabasco, ligadas a Raúl Bermúdez Arreola, sobrino del exsecretario de Seguridad y exresponsable de los tramos 4 y 5 del Tren Maya. Gravera Río Puxcatán obtuvo contratos por más de 46 millones de pesos entre 2021 y 2025. Leonardo Núñez, de MCCI, cifró en al menos 28 las sociedades de esa red constituidas bajo distintas configuraciones.
Quince años después de la primera de esas escrituras, en diciembre de 2019, el entonces gobernador nombró a Hernán Bermúdez Requena secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Hoy Bermúdez está recluido en el penal del Altiplano y es procesado por asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravados, desaparición forzada y peculado. Es presunto responsable: no existe sentencia firme.
Aquí aparece el eslabón que nadie ha unido públicamente.
En abril de 2026, MCCI documentó que la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación autorizó 20 centros de apuestas a Compañía Operadora Clíe el 1 de febrero de 2024. Su socio mayoritario, Nabor Castrejón Bailón, había compartido antes el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017. Con ese mismo permiso, según el reporte, operaban los sitios en línea CrownCity y CityBets, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, sociedad en la que es socio Humberto Bermúdez Requena y cuya constitución fue certificada ante la fe notarial de Adán Augusto López. Bajo ese mismo permiso operaba también Diamante Casino.
El 14 de abril de 2026, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Diamante Casino, a Casino Centenario y a su operadora CAMSA por presuntos nexos con el Cártel del Noreste, organización catalogada como terrorista extranjera desde el 20 de febrero de 2026. Las sanciones se emitieron al amparo de las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.
La cadena documental, entonces, corre así: un acta constitutiva pasada ante la fe pública del hoy senador, un permiso de juego compartido y, en el último eslabón, una entidad incluida en una lista de sanciones vinculada a una organización designada como terrorista. Es indispensable subrayar lo que esa cadena no significa: dar fe notarial no es delito, no implica responsabilidad por lo que los clientes hagan después, y ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha imputado conducta ilícita alguna al senador por esos actos.
La Secretaría de Gobernación rechazó el vínculo. Sostuvo que los 20 permisos se entregaron en cumplimiento de una resolución de la Sala Regional Metropolitana de Justicia Administrativa y que a la fecha ningún establecimiento ha abierto operaciones.
El protocolo de la 27 no es un caso aislado en el expediente público del senador. MCCI documentó que en esa notaría se constituyeron CCTI y Surface Technology, empresas señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por triangulaciones de 270 millones de pesos de Pemex dentro de la trama de La Estafa Maestra, y que trece sociedades creadas en esa notaría, en la 13 de su hermano Melchor López Hernández y en la de un excolaborador, terminaron en la lista definitiva de empresas facturadoras de operaciones simuladas del SAT. El Universal, por su parte, documentó que cinco notarías encabezadas por López Hernández y cuatro cercanos constituyeron o modificaron al menos una decena de empresas que obtuvieron contratos públicos por no menos de 11 mil millones de pesos.
Y aquí está la pregunta que ninguna autoridad ha formulado en público.
Desde 2013, la prestación de servicios de fe pública es actividad vulnerable conforme al artículo 17, fracción XII, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Los notarios están obligados a identificar al beneficiario final y a presentar avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera por la constitución y modificación de personas morales, la compraventa de acciones y el otorgamiento de poderes irrevocables. La reforma publicada el 16 de julio de 2025 endureció los umbrales. La ley no exige explicar por qué se firmó: exige demostrar que se avisó.
¿Presentó la Notaría 27 los avisos correspondientes por las constituciones y modificaciones societarias de la red Bermúdez Requena posteriores a 2013? La respuesta no está en Washington. Está en los servidores del SAT y de la UIF, y es enteramente mexicana.
Mientras tanto, el protocolo sigue trabajando. En el Periódico Oficial del Estado de Tabasco del 31 de diciembre de 2025 consta la escritura pública 62,638, volumen 878, otorgada el 4 de diciembre de ese año en el protocolo de la Notaría Pública 27, “de la cual es titular el licenciado Adán Augusto López Hernández”. El instrumento nunca cerró.
El contexto político es el de un desmoronamiento ordenado. El 1 de febrero de 2026, López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado y la presidencia de la Junta de Coordinación Política; lo relevó Ignacio Mier Velasco. Conservó la curul y, con ella, el fuero constitucional. Acumula cerca de tres semanas de ausencias en la Comisión Permanente sin explicación oficial. El 1 de julio, Raymundo Riva Palacio publicó en El Financiero que el senador se habría convertido en informante del gobierno estadounidense, y que el cónsul en Miami, Rutilio Escandón, su excuñado, habría sido descrito como testigo colaborativo. Ninguna de las dos versiones cuenta con confirmación oficial.
El senador ha negado sistemáticamente cualquier ilícito. Sobre sus ingresos de 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 —provenientes, entre otras, de una empresa con contratos por adjudicación directa durante su gubernatura— sostuvo que fueron lícitos, producto de servicios profesionales, ganadería y una herencia paterna litigada en Estados Unidos, y afirmó haber pagado 22.8 millones en impuestos. Interrogado en el Senado sobre su visa, respondió que no habla de lo que no conoce. No enfrenta proceso penal alguno en México.
Lo que sigue no depende de una filtración. Depende de que alguna autoridad mexicana —la UIF, el SAT, la Fiscalía de Tabasco o el Tribunal Superior de Justicia del estado, que supervisa a los fedatarios— decida hacer la pregunta más simple del expediente: pedir el protocolo. Es público, está foliado, está fechado y no requiere tratado de extradición para consultarse. Es también, hasta ahora, el único documento de este caso que existe con certeza.
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