Julio Gálvez
Ciudad de México, 28 de julio de 2026.
Morena atraviesa la crisis interna más profunda desde que llegó al poder, y ninguno de sus componentes proviene de la oposición. El 3 de mayo, Ariadna Montiel rindió protesta como dirigente nacional en relevo de Luisa María Alcalde, designada consejera jurídica de la Presidencia, y su primer mensaje fue una advertencia hacia adentro: exigió “trayectorias impecables” a quienes aspiren a una candidatura en 2027 y pidió a la militancia hacer un examen de conciencia y denunciar corrupción en gobiernos morenistas. Tres semanas después, el 25 de mayo, Andrés Manuel López Beltrán renunció a la Secretaría de Organización y a la Comisión Nacional de Elecciones para buscar una diputación federal por el VI Distrito de Tabasco. Su gestión había quedado marcada por los reportes de viajes de lujo a Japón y por la compra de una pintura de Yayoi Kusama por cerca de medio millón de pesos, en contraste con el discurso de austeridad, además del retroceso electoral en estados clave.
La implosión no es una metáfora editorial: es un proceso documentado. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un expediente contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve colaboradores cercanos, acusados de conspiración para importar droga, posesión de armas, protección a líderes del cártel y filtración de información confidencial; Rocha Moya pidió licencia el 1 de mayo, y el 15 de ese mes el exsecretario de Seguridad estatal Gerardo Mérida y el secretario de Finanzas Enrique Díaz se entregaron a autoridades estadounidenses. Ninguno de esos señalamientos tiene sentencia firme y todos se mantienen en fase de imputación. Pero el costo político ya se midió: de acuerdo con una encuesta de Lorena Becerra, la imagen buena o muy buena del partido cayó de 71 por ciento en marzo de 2025 a 57 por ciento en mayo de 2026, mientras la imagen mala o muy mala pasó de 12 a 30 por ciento.
La fecha en que empezó a resquebrajarse el andamiaje tiene un referente claro. En octubre de 2024, Andrés Manuel López Obrador entregó la banda presidencial y se retiró a su quinta La Chingada, en Palenque, Chiapas. Desde entonces sus intervenciones han sido contadas y, en su mayoría, simbólicas: la elección judicial, un mensaje sobre Venezuela, un llamado a apoyar a Cuba y la carta del 3 de junio de 2026 en respaldo a Claudia Sheinbaum frente a la presión de Washington. Él mismo había fijado en noviembre de 2025 las tres condiciones bajo las cuales rompería el retiro: una amenaza a la soberanía, un riesgo para la democracia o un intento de golpe contra la presidenta. Las ha respetado.
Ese es el punto que este medio sostiene como lectura editorial: López Obrador no está gobernando por interpósita persona ni dictando instrucciones a Sheinbaum ni a la dirigencia guinda. Su ausencia no es la máscara del control; es exactamente lo que aparenta ser, eso le da forma a su maximato. Y precisamente por eso funcionó como detonante. Un hombre que construyó y condujo un movimiento durante dos décadas sabía lo que ocurriría al retirarse: que sin su arbitraje, las facciones que él mantenía cohesionadas por lealtad personal empezarían a devorarse. La implosión no fue un accidente de la sucesión. Fue la consecuencia previsible de retirar la única pieza que sostenía el conjunto.
La ciencia política lleva un siglo describiendo ese mecanismo. Max Weber lo llamó el problema de la rutinización del carisma: cuando la legitimidad descansa en la persona y no en la institución, la ausencia del líder, por el motivo que sea, puede provocar la disolución del poder de la autoridad. Morena nunca completó ese tránsito. Creció absorbiendo cuadros del PRI, del PAN, del PRD y del Verde, y lo hizo porque ganaba, no porque convenciera. Mientras existió un árbitro con autoridad indiscutible, la disciplina se sostuvo. Sin él, quedó a la vista un partido sin institucionalidad propia.
Los frentes abiertos lo confirman. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se negó a acatar la directriz partidista de no postular a un familiar para sucederlo. En Baja California, el exgobernador Jaime Bonilla ha acusado reiteradamente a su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de presuntos vínculos con el crimen organizado, y la tensión escaló tras la filtración de audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón; Ávila Olmeda responsabilizó directamente a Bonilla de la difusión. En Guerrero, dirigentes de organizaciones de izquierda acusaron el 9 de julio a la propia Ariadna Montiel de incongruencia por su manejo del proceso interno y del caso del senador Félix Salgado Macedonio. En Nuevo León, la dirigencia validó a siete aspirantes a la coordinación estatal en medio de llamados explícitos a evitar la guerra sucia y el golpeteo entre grupos. El resultado es un golpe de timón: la cúpula decidió que los gobernadores en funciones no controlarán la sucesión en sus estados, y un atlas de riesgo político elaborado por sectores del partido identificó al menos ocho de 17 entidades con focos rojos por pugnas internas, inseguridad y señalamientos de vínculos con el crimen.
Ese diagnóstico obliga a nombrar lo que ocurrió en la década pasada. Morena se convirtió en el destino final de la clase política mexicana. Los operadores que hicieron carrera y fortuna al amparo del PRI, los que saltaron del PAN cuando dejó de pagar, los cacicazgos locales, los aparatos familiares, los chapulines profesionales: todos migraron al partido que ganaba. No llegaron por la Cuarta Transformación; llegaron por el presupuesto. Y ahí siguen. Lo que este medio sostiene —y lo formula como juicio editorial, no como imputación penal contra persona identificable— es que lo más podrido de la política mexicana ya no está repartido entre siglas: está concentrado en una sola.
No es una acusación gratuita. Es una conclusión que se desprende de los actos de la propia dirigencia. Montiel anunció que las más de 20 mil candidaturas que Morena registrará en 2027 serán revisadas de forma interna y luego con apoyo del Gabinete de Seguridad, para evitar que se cuelen perfiles con antecedentes criminales o nexos con el crimen organizado. Un partido que necesita a la Secretaría de Seguridad para depurar a sus propios aspirantes no está haciendo un gesto de pulcritud: está reconociendo el tamaño de lo que tiene adentro. Como advirtió un análisis publicado en Proceso, el riesgo de fondo para el movimiento es que la narcopolítica termine convirtiéndose en el sello que lo identifique.
Aquí encaja la ofensiva contra los medios. Cuando un movimiento pierde el relato que lo unificaba y no encuentra quién lo sustituya, deja de disputar la conversación pública con argumentos y empieza a disputarla con instrumentos. El 25 de mayo, la presidenta anunció el “Detector de Mentiras extendido”, un programa semanal coordinado por Luisa María Alcalde para confrontar publicaciones periodísticas, iniciativa que sectores de la prensa y de la oposición leyeron como mecanismo de presión gubernamental. Ese mismo día pidió públicamente a la población no ver la programación de TV Azteca y propuso un premio al “mitómano de la semana”. Y este martes 28 de julio, el gobierno federal presentó el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que contempla multas y sanciones aplicables por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a concesionarios de radio y televisión que desatiendan las recomendaciones de sus defensorías; la consulta pública corre del 27 de julio al 21 de agosto. Sheinbaum aclaró que la prensa escrita y las plataformas digitales quedan fuera por ahora, y que su eventual inclusión “tendría que revisarse”.
El expediente no empieza hoy. Artículo 19 documentó que en 2025 el Estado mexicano fue responsable directo en 227 de 451 agresiones contra la prensa —más de la mitad— y contabilizó ocho nuevas leyes o reformas, federales y estatales, que restringen la libertad de expresión. Ese año se registraron siete asesinatos de periodistas y una desaparición. En San Luis Potosí, la llamada Ley Serrano derivó en al menos 16 casos de periodistas perseguidos y en una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH ante la Suprema Corte. La censura no es la causa de la crisis: es su síntoma más visible. Se recurre a ella cuando ya no se sabe convencer.
Y ahí está, paradójicamente, la oportunidad. Durante décadas la corrupción política mexicana estuvo dispersa: cambiaba de siglas, se reciclaba, se escondía en el partido que tocara. Hoy está reunida, identificada y con nombre y apellido en un mismo padrón, sometida al escrutinio de la justicia estadounidense, de la prensa que aún no cobra nómina oficial y —sobre todo— de un electorado que en 2027 volverá a las urnas. Lo que está concentrado es visible, y lo visible es vulnerable. El caudillo sigue en Palenque, sin dar una sola instrucción pública. La demolición avanza sola, y quienes la ejecutan son exactamente los mismos que durante años juraron que el movimiento era más grande que un solo hombre. Falta el último paso, y ese no lo dará ninguna dirigencia ni ninguna corte extranjera: lo dará el voto.
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