Jaqueline Sagaón
25 de julio de 2026
La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso local retirar el fuero constitucional a Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, emanado de Movimiento Ciudadano, al señalarlo como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital y localizada sin vida el 3 de julio.
El móvil, de acuerdo con la indagatoria ministerial, cabe en un teléfono: una fotografía. Con base en la declaración de un testigo clave, el edil habría ordenado la privación de la libertad de la comunicadora para evitar que hiciera pública una imagen en la que él aparecía portando un arma de fuego de alto poder, lo que afectaría su carrera política. La Fiscalía sostiene que, para impedir que la imagen se difundiera, González Martínez presuntamente estableció contacto con un integrante del Grupo Sombra identificado con los alias de “Shelby” o “Tommy”, a quien habría solicitado privar de la libertad y asesinar a la periodista.
La solicitud de declaración de procedencia fue presentada el 6 de julio y turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales. Esas comisiones dictaminaron que existen elementos suficientes y remitieron el expediente a la Comisión Instructora, que citó al alcalde el 28 de julio para que declare lo que a su derecho convenga; a partir de esa comparecencia determinará si somete el desafuero al pleno. Para retirar el fuero se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del total de integrantes del Congreso de Veracruz. Si se aprueba, la Fiscalía podrá continuar el procedimiento penal.
El edil ya respondió. El 24 de julio difundió un video en redes sociales en el que confirmó que fue notificado del procedimiento el martes 21 y anunció que ejercerá su derecho de defensa dentro de los plazos establecidos; afirmó que el ayuntamiento opera con normalidad y pidió evitar juicios anticipados. La diputada local de Movimiento Ciudadano Elena Córdova Molina advirtió que su partido no aceptará que “se fabriquen delitos” y pidió que el procedimiento respete la presunción de inocencia.
Los hechos que rodean el crimen no admiten matices. El secuestro fue grabado por un integrante de la familia, que captó el momento en que un grupo armado, con pasamontañas, un mazo y armas largas, ingresó por la fuerza a la vivienda. Según el relato de sus familiares, a Roxana la golpearon, la esposaron y se la llevaron con rumbo desconocido. Sus restos fueron hallados días después dentro de tambos, en un rancho de Moloacán. A inicios de julio, la Fiscalía informó que estudios forenses confirmaron que los restos localizados en un predio de la comunidad de Emiliano Zapata correspondían a la periodista.
Por el crimen ocurrido el 2 de junio hay ocho personas aprehendidas y sujetas a proceso penal, entre ellas integrantes del Grupo Sombra y agentes de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste. Entre los detenidos figura José Del Carmen “N”, alias “El Delta 7”, capturado el 25 de junio por elementos de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos. Cuatro de los detenidos son policías municipales: los uniformados que debían proteger a la periodista aparecen en el expediente del lado contrario.
El caso no es una anomalía. Es un patrón con expedientes abiertos. En marzo de 2015, el Congreso de Veracruz desaforó por mayoría calificada al alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, secuestrado y asesinado en enero de ese año. Once años después, Artículo 19 documenta que el expolicía Clemente Noé es la única persona sentenciada, pese a que el propio expediente judicial señala la participación de al menos seis personas más, incluido Cruz Reyes, quien sigue prófugo hasta hoy.
En el caso de María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa y directora del portal Quinto Poder, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, seis personas han sido sentenciadas, mientras el presunto autor intelectual, Basilio Picazo, exalcalde de Coyutla y exdiputado de Papantla, es considerado prófugo desde 2019. La Fiscalía veracruzana giró once órdenes de aprehensión en ese expediente y confirmó que la periodista fue asesinada por su labor periodística.
La excepción confirma la regla: hay una sola condena firme contra un político por el asesinato de una periodista en México. Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chínipas, Chihuahua, fue sentenciado el 15 de junio de 2021 a ocho años de prisión tras aceptar en procedimiento abreviado su participación en el homicidio de Miroslava Breach, ocurrido en 2017. La condena se dictó por haber proporcionado información de la corresponsal de La Jornada al grupo criminal Los Salazar, señalado de planear y ejecutar el crimen. Propuesta Cívica subrayó que Schultz fue el primer actor político condenado por el asesinato de una periodista en México. Ocho años, mediante negociación procesal, por el homicidio de una periodista: ése es el techo de la justicia mexicana en esta materia.
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