Julio Gálvez
23 de julio de 2026
El 20 de julio, el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, sentenció a Ismael “El Mayo” Zambada García a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y ordenó, además, el decomiso de 15 mil millones de dólares: 261 mil 473 millones de pesos al tipo de cambio del Banco de México. Es la sanción económica más alta impuesta por la justicia estadounidense a un capo mexicano y supera en 2 mil 400 millones de dólares la dictada en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Al día siguiente, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que instruiría a la Fiscalía General de la República para revisar si México puede reclamar una parte de ese dinero como reparación del daño. “Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, respondió. Sobre la cadena perpetua, dijo no tener opinión personal.
Veinticuatro horas más tarde, en la conferencia matutina realizada en Toluca, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aportó el dato que desarma el reclamo: en México no existe una sola propiedad registrada a nombre de Zambada. “A nombre de él específicamente no. Sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles”, declaró el funcionario, quien atribuyó los aseguramientos a la Unidad de Inteligencia Financiera.
El reconocimiento es el punto crítico del caso. El Estado mexicano pretende participar en el reparto de una fortuna calculada en Nueva York, mientras admite que en casi cuatro décadas no logró identificar un solo bien a nombre del hombre que operó desde territorio nacional.
La declaración de Harfuch coincidió con la del abogado defensor Frank Pérez, quien un día antes sostuvo ante Milenio que su cliente no puede cubrir el monto porque las autoridades estadounidenses tampoco identificaron activos a su nombre. Los 15 mil millones de dólares no corresponden a cuentas localizadas ni a inmuebles asegurados: son una estimación del Departamento de Justicia sobre las ganancias atribuidas a décadas de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.
El obstáculo jurídico es mayor. La propuesta de sentencia introducida el 13 de julio en el legajo judicial establece que únicamente Estados Unidos ostentará la titularidad de las sumas pagadas para satisfacer el decomiso. En un escrito posterior, el propio juez Cogan determinó que, mientras no exista una orden de decomiso ejecutada, los reclamantes carecen de parte en el procedimiento. La defensa había advertido en el expediente que el enfoque del gobierno estadounidense busca implícitamente evitar cualquier repatriación de fondos a las víctimas.
Las reglas del Departamento de Justicia permiten transferir activos decomisados a un país extranjero cuando ese gobierno participó directa o indirectamente en el aseguramiento. La entrega, sin embargo, es discrecional y no constituye un derecho. México deberá acreditar aportación probatoria en un caso en el que su propia Fiscalía sostiene que fue excluido: Ernestina Godoy informó el 8 de julio que de once solicitudes formales de asistencia jurídica sobre el traslado de Zambada, sólo seis fueron respondidas, y que se enviaron trece recordatorios diplomáticos sin contestación.
La orden de decomiso alcanza a herederos, administradores, beneficiarios y causahabientes, y sobrevive incluso a una eventual quiebra. Zambada, de 76 años, renunció como parte del acuerdo de culpabilidad a impugnar el monto por excesivo.
El 20 de julio, el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, sentenció a Ismael “El Mayo” Zambada García a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y ordenó, además, el decomiso de 15 mil millones de dólares: 261 mil 473 millones de pesos al tipo de cambio del Banco de México. Es la sanción económica más alta impuesta por la justicia estadounidense a un capo mexicano y supera en 2 mil 400 millones de dólares la dictada en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Al día siguiente, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que instruiría a la Fiscalía General de la República para revisar si México puede reclamar una parte de ese dinero como reparación del daño. “Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, respondió. Sobre la cadena perpetua, dijo no tener opinión personal.
Veinticuatro horas más tarde, en la conferencia matutina realizada en Toluca, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aportó el dato que desarma el reclamo: en México no existe una sola propiedad registrada a nombre de Zambada. “A nombre de él específicamente no. Sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles”, declaró el funcionario, quien atribuyó los aseguramientos a la Unidad de Inteligencia Financiera.
El reconocimiento es el punto crítico del caso. El Estado mexicano pretende participar en el reparto de una fortuna calculada en Nueva York, mientras admite que en casi cuatro décadas no logró identificar un solo bien a nombre del hombre que operó desde territorio nacional.
La declaración de Harfuch coincidió con la del abogado defensor Frank Pérez, quien un día antes sostuvo ante Milenio que su cliente no puede cubrir el monto porque las autoridades estadounidenses tampoco identificaron activos a su nombre. Los 15 mil millones de dólares no corresponden a cuentas localizadas ni a inmuebles asegurados: son una estimación del Departamento de Justicia sobre las ganancias atribuidas a décadas de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.
El obstáculo jurídico es mayor. La propuesta de sentencia introducida el 13 de julio en el legajo judicial establece que únicamente Estados Unidos ostentará la titularidad de las sumas pagadas para satisfacer el decomiso. En un escrito posterior, el propio juez Cogan determinó que, mientras no exista una orden de decomiso ejecutada, los reclamantes carecen de parte en el procedimiento. La defensa había advertido en el expediente que el enfoque del gobierno estadounidense busca implícitamente evitar cualquier repatriación de fondos a las víctimas.
Las reglas del Departamento de Justicia permiten transferir activos decomisados a un país extranjero cuando ese gobierno participó directa o indirectamente en el aseguramiento. La entrega, sin embargo, es discrecional y no constituye un derecho. México deberá acreditar aportación probatoria en un caso en el que su propia Fiscalía sostiene que fue excluido: Ernestina Godoy informó el 8 de julio que de once solicitudes formales de asistencia jurídica sobre el traslado de Zambada, sólo seis fueron respondidas, y que se enviaron trece recordatorios diplomáticos sin contestación.
La orden de decomiso alcanza a herederos, administradores, beneficiarios y causahabientes, y sobrevive incluso a una eventual quiebra. Zambada, de 76 años, renunció como parte del acuerdo de culpabilidad a impugnar el monto por excesivo.
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