Julio Gálvez
05 de julio de 2026
El día que México mandó a las urnas a la totalidad de su Poder Judicial Federal creyó estar democratizando la justicia. Lo que en realidad hizo, a los ojos de sus principales socios comerciales, fue introducir una variable de riesgo en la relación económica más grande de su historia. Un año después, esa decisión ya no se discute solo en los seminarios de derecho constitucional: se sienta, callada pero presente, en la mesa donde se revisa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 estableció que ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito se elegirían por voto popular. El 1 de junio de 2025 se celebró la primera elección extraordinaria bajo ese modelo, con una participación cercana al 13 por ciento del padrón y más de diez millones de votos nulos. De aquella jornada emergió una nueva Corte encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco que hasta entonces coordinaba los derechos indígenas en un organismo del Ejecutivo federal, cargo al que fue designado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El problema no fue únicamente quién ganó, sino cómo. En prácticamente todo el país circularon los llamados acordeones: listas prefabricadas que orientaban el voto hacia un mismo bloque de candidaturas. No se trata de una versión de la oposición. El propio expediente SUP-JE-194/2025 de la Sala Superior del Tribunal Electoral documentó su circulación en los 32 estados, con un diseño de producción profesional que incluía color de boleta, número de candidatura y hasta el circuito y distrito judicial correspondiente. El acordeón más difundido —más del 70 por ciento de los repartidos, según ese expediente— contenía a las nueve candidaturas que finalmente ganaron la Suprema Corte. El Instituto Nacional Electoral llegó a dejar de computar la votación de casillas donde se detectó su uso y dictó medidas cautelares que, en los hechos, reconocieron su existencia.
Pese a la magnitud de la evidencia, la mayoría del Tribunal Electoral validó la elección de ministros por seis votos contra cinco, bajo el argumento de que no se acreditó que los acordeones hubieran sido determinantes. El presidente electo de la Corte ha rechazado que su triunfo respondiera a una imposición. Sostuvo públicamente que a él no lo puso nadie y defendió los acordeones como una guía necesaria para facilitar el voto de las comunidades indígenas. Esa es su versión y queda asentada. Pero el dato duro permanece: los nombres del acordeón y los nombres de los ganadores son los mismos, y esa coincidencia es hoy materia de registro público.
Sobre ese trasfondo se construye la crítica de fondo, una que trasciende la anécdota electoral. La elección directa de personas juzgadoras socava la independencia judicial y desmantela la profesionalización de la carrera judicial. Como se ha señalado, ningún país del mundo aplica un esquema de elección popular tan amplio para integrar su Poder Judicial. Lo ocurrido en la elección de 2025, además, evidenció para el oficialismo los vacíos que la propia reforma había dejado abiertos y que obstaculizaban sus pretensiones de control. Ese diagnóstico explica por qué, en 2026, el Ejecutivo impulsó una segunda reforma destinada a concentrar aún más el dominio sobre el proceso de selección de juzgadores.
La consecuencia práctica de todo esto es un aparato de justicia que ya no se legitima por mérito técnico sino por afinidad política. Más de la mitad del Poder Judicial federal opera hoy con juzgadores recién electos sin trayectoria o con secretarios designados de manera provisional, luego de que centenares de jueces y magistrados de carrera declinaran someterse a las urnas. Un juez que necesitó pedir el voto y aparecer en una lista repartida por operadores territoriales no es, para efectos de percepción internacional, el árbitro imparcial que un contrato de largo plazo requiere. Y es exactamente esa percepción la que se traslada a la mesa comercial.
Aquí conviene ser preciso sobre por qué un asunto de derecho interno se convierte en un asunto de comercio exterior. El T-MEC no contiene ninguna cláusula que le prohíba a México cambiar su sistema judicial; ningún tratado dicta cómo debe un país organizar a sus jueces. El riesgo es de otra naturaleza y es más sutil. Kenneth Smith Ramos, quien fue jefe de la negociación técnica del tratado, ha explicado que las controversias no nacen con la aprobación de la reforma, sino cuando empiezan a dictarse fallos que se perciben carentes de imparcialidad o de apego al Estado de derecho; ahí es donde los socios pueden activar los mecanismos de solución de disputas. Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior, ha sido igual de claro: a lo largo de numerosos capítulos del tratado —de inversión a propiedad intelectual, de energía a telecomunicaciones— existe una garantía implícita de que las reglas se respetarán y de que el inversionista contará con certidumbre. Esa garantía descansa sobre la existencia de tribunales creíbles. Cuando la credibilidad del tribunal se pone en duda, se pone en duda el andamiaje entero.
La economía institucional moderna ofrece el marco para entender la gravedad del asunto. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2024, demostraron que la prosperidad de las naciones depende de la calidad de sus instituciones: las inclusivas, sustentadas en el Estado de derecho y en la seguridad de los derechos de propiedad, generan crecimiento sostenido; las extractivas, que concentran el poder y los recursos en pocas manos, producen estancamiento. Diversos analistas que han aplicado ese marco al caso mexicano coinciden en un punto incómodo: si la reforma judicial equivale a una captura partidista del sistema de justicia, no se avanza hacia instituciones inclusivas, sino que se sustituye a una élite por otra, dejando intacto —o agravando— el problema de fondo. Para un inversionista extranjero, la diferencia entre un juez independiente y un juez leal no es filosófica; es la diferencia entre poder ampararse contra un acto de autoridad y quedar a merced de él.
Ese cálculo ya se refleja en las cifras que Estados Unidos mira. Al recortar la calificación soberana de México, la agencia Moody's citó de manera expresa la incertidumbre vinculada a la revisión del T-MEC y a los cambios en el marco institucional, incluida la reforma judicial, junto con la desaceleración de la inversión privada desde 2024. S&P Global Ratings, por su parte, revisó su perspectiva de estable a negativa y ubicó la revisión del tratado como una fuente de inquietud para los inversionistas. No son voces militantes: son las agencias cuyas notas determinan el costo al que México y sus empresas se financian en los mercados de Nueva York.
El sector privado ha sido todavía más directo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, la AmCham —fundada en 1917 y cuyos afiliados aportan alrededor de una quinta parte del producto interno bruto nacional—, expresó sus reservas desde la discusión de la reforma y llega a la revisión del tratado con un documento de posición elaborado junto con más de mil trescientas empresas; su presidente ha insistido en que la certeza jurídica es de lo primero que mencionan las compañías cuando evalúan inversiones que no son de un año, sino de décadas. La Coparmex demandó al gobierno, apenas en julio de 2026, afianzar el Estado de derecho como condición para generar confianza. Especialistas en comercio exterior consultados en despachos internacionales han subrayado que consolidar el Estado de derecho es parte inseparable de la certeza jurídica que reclama el inversionista. Y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió, desde antes de que la reforma se aprobara, que un poder judicial sin garantías de imparcialidad podría frenar la inversión e incluso comprometer la permanencia de México en el propio tratado.
El contexto de 2026 vuelve el riesgo tangible. Estados Unidos declinó extender el T-MEC por dieciséis años y optó por revisiones anuales hasta 2036, un mecanismo que obliga a México a reconfirmar cada año la confianza de su principal socio comercial, sin margen para un solo tropiezo. En una relación que superó el billón y medio de dólares en intercambio trilateral en 2024, y de la que dependen alrededor del 86 por ciento de las exportaciones mexicanas, cada revisión se convierte en una oportunidad para que Washington coloque sobre la mesa lo que le incomoda. Y la reforma judicial, según análisis de firmas especializadas, tiene todo para convertirse en moneda de cambio: un argumento de incumplimiento que Estados Unidos y Canadá pueden esgrimir para mejorar su posición negociadora sin necesidad de esperar a un panel arbitral.
Ese es el punto al que México llegó por decisión propia. Una reforma vendida como conquista democrática entregó una Corte cuyos integrantes coinciden, uno por uno, con los nombres de una lista repartida en la calle. La justicia dejó de ser un asunto de expedientes para volverse un asunto de lealtades, y las lealtades no cotizan bien en los mercados que financian al país. El acordeón que orientó el voto el 1 de junio de 2025 no se quedó en la casilla. Cruzó la frontera, se instaló en los informes de las calificadoras y en los documentos de posición de las cámaras empresariales, y hoy pesa en la única mesa donde México no puede permitirse perder la confianza: la del tratado que sostiene su economía. La próxima revisión dirá cuánto cuesta, en dólares, haber politizado la justicia.
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 estableció que ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito se elegirían por voto popular. El 1 de junio de 2025 se celebró la primera elección extraordinaria bajo ese modelo, con una participación cercana al 13 por ciento del padrón y más de diez millones de votos nulos. De aquella jornada emergió una nueva Corte encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco que hasta entonces coordinaba los derechos indígenas en un organismo del Ejecutivo federal, cargo al que fue designado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El problema no fue únicamente quién ganó, sino cómo. En prácticamente todo el país circularon los llamados acordeones: listas prefabricadas que orientaban el voto hacia un mismo bloque de candidaturas. No se trata de una versión de la oposición. El propio expediente SUP-JE-194/2025 de la Sala Superior del Tribunal Electoral documentó su circulación en los 32 estados, con un diseño de producción profesional que incluía color de boleta, número de candidatura y hasta el circuito y distrito judicial correspondiente. El acordeón más difundido —más del 70 por ciento de los repartidos, según ese expediente— contenía a las nueve candidaturas que finalmente ganaron la Suprema Corte. El Instituto Nacional Electoral llegó a dejar de computar la votación de casillas donde se detectó su uso y dictó medidas cautelares que, en los hechos, reconocieron su existencia.
Pese a la magnitud de la evidencia, la mayoría del Tribunal Electoral validó la elección de ministros por seis votos contra cinco, bajo el argumento de que no se acreditó que los acordeones hubieran sido determinantes. El presidente electo de la Corte ha rechazado que su triunfo respondiera a una imposición. Sostuvo públicamente que a él no lo puso nadie y defendió los acordeones como una guía necesaria para facilitar el voto de las comunidades indígenas. Esa es su versión y queda asentada. Pero el dato duro permanece: los nombres del acordeón y los nombres de los ganadores son los mismos, y esa coincidencia es hoy materia de registro público.
Sobre ese trasfondo se construye la crítica de fondo, una que trasciende la anécdota electoral. La elección directa de personas juzgadoras socava la independencia judicial y desmantela la profesionalización de la carrera judicial. Como se ha señalado, ningún país del mundo aplica un esquema de elección popular tan amplio para integrar su Poder Judicial. Lo ocurrido en la elección de 2025, además, evidenció para el oficialismo los vacíos que la propia reforma había dejado abiertos y que obstaculizaban sus pretensiones de control. Ese diagnóstico explica por qué, en 2026, el Ejecutivo impulsó una segunda reforma destinada a concentrar aún más el dominio sobre el proceso de selección de juzgadores.
La consecuencia práctica de todo esto es un aparato de justicia que ya no se legitima por mérito técnico sino por afinidad política. Más de la mitad del Poder Judicial federal opera hoy con juzgadores recién electos sin trayectoria o con secretarios designados de manera provisional, luego de que centenares de jueces y magistrados de carrera declinaran someterse a las urnas. Un juez que necesitó pedir el voto y aparecer en una lista repartida por operadores territoriales no es, para efectos de percepción internacional, el árbitro imparcial que un contrato de largo plazo requiere. Y es exactamente esa percepción la que se traslada a la mesa comercial.
Aquí conviene ser preciso sobre por qué un asunto de derecho interno se convierte en un asunto de comercio exterior. El T-MEC no contiene ninguna cláusula que le prohíba a México cambiar su sistema judicial; ningún tratado dicta cómo debe un país organizar a sus jueces. El riesgo es de otra naturaleza y es más sutil. Kenneth Smith Ramos, quien fue jefe de la negociación técnica del tratado, ha explicado que las controversias no nacen con la aprobación de la reforma, sino cuando empiezan a dictarse fallos que se perciben carentes de imparcialidad o de apego al Estado de derecho; ahí es donde los socios pueden activar los mecanismos de solución de disputas. Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior, ha sido igual de claro: a lo largo de numerosos capítulos del tratado —de inversión a propiedad intelectual, de energía a telecomunicaciones— existe una garantía implícita de que las reglas se respetarán y de que el inversionista contará con certidumbre. Esa garantía descansa sobre la existencia de tribunales creíbles. Cuando la credibilidad del tribunal se pone en duda, se pone en duda el andamiaje entero.
La economía institucional moderna ofrece el marco para entender la gravedad del asunto. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2024, demostraron que la prosperidad de las naciones depende de la calidad de sus instituciones: las inclusivas, sustentadas en el Estado de derecho y en la seguridad de los derechos de propiedad, generan crecimiento sostenido; las extractivas, que concentran el poder y los recursos en pocas manos, producen estancamiento. Diversos analistas que han aplicado ese marco al caso mexicano coinciden en un punto incómodo: si la reforma judicial equivale a una captura partidista del sistema de justicia, no se avanza hacia instituciones inclusivas, sino que se sustituye a una élite por otra, dejando intacto —o agravando— el problema de fondo. Para un inversionista extranjero, la diferencia entre un juez independiente y un juez leal no es filosófica; es la diferencia entre poder ampararse contra un acto de autoridad y quedar a merced de él.
Ese cálculo ya se refleja en las cifras que Estados Unidos mira. Al recortar la calificación soberana de México, la agencia Moody's citó de manera expresa la incertidumbre vinculada a la revisión del T-MEC y a los cambios en el marco institucional, incluida la reforma judicial, junto con la desaceleración de la inversión privada desde 2024. S&P Global Ratings, por su parte, revisó su perspectiva de estable a negativa y ubicó la revisión del tratado como una fuente de inquietud para los inversionistas. No son voces militantes: son las agencias cuyas notas determinan el costo al que México y sus empresas se financian en los mercados de Nueva York.
El sector privado ha sido todavía más directo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, la AmCham —fundada en 1917 y cuyos afiliados aportan alrededor de una quinta parte del producto interno bruto nacional—, expresó sus reservas desde la discusión de la reforma y llega a la revisión del tratado con un documento de posición elaborado junto con más de mil trescientas empresas; su presidente ha insistido en que la certeza jurídica es de lo primero que mencionan las compañías cuando evalúan inversiones que no son de un año, sino de décadas. La Coparmex demandó al gobierno, apenas en julio de 2026, afianzar el Estado de derecho como condición para generar confianza. Especialistas en comercio exterior consultados en despachos internacionales han subrayado que consolidar el Estado de derecho es parte inseparable de la certeza jurídica que reclama el inversionista. Y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió, desde antes de que la reforma se aprobara, que un poder judicial sin garantías de imparcialidad podría frenar la inversión e incluso comprometer la permanencia de México en el propio tratado.
El contexto de 2026 vuelve el riesgo tangible. Estados Unidos declinó extender el T-MEC por dieciséis años y optó por revisiones anuales hasta 2036, un mecanismo que obliga a México a reconfirmar cada año la confianza de su principal socio comercial, sin margen para un solo tropiezo. En una relación que superó el billón y medio de dólares en intercambio trilateral en 2024, y de la que dependen alrededor del 86 por ciento de las exportaciones mexicanas, cada revisión se convierte en una oportunidad para que Washington coloque sobre la mesa lo que le incomoda. Y la reforma judicial, según análisis de firmas especializadas, tiene todo para convertirse en moneda de cambio: un argumento de incumplimiento que Estados Unidos y Canadá pueden esgrimir para mejorar su posición negociadora sin necesidad de esperar a un panel arbitral.
Ese es el punto al que México llegó por decisión propia. Una reforma vendida como conquista democrática entregó una Corte cuyos integrantes coinciden, uno por uno, con los nombres de una lista repartida en la calle. La justicia dejó de ser un asunto de expedientes para volverse un asunto de lealtades, y las lealtades no cotizan bien en los mercados que financian al país. El acordeón que orientó el voto el 1 de junio de 2025 no se quedó en la casilla. Cruzó la frontera, se instaló en los informes de las calificadoras y en los documentos de posición de las cámaras empresariales, y hoy pesa en la única mesa donde México no puede permitirse perder la confianza: la del tratado que sostiene su economía. La próxima revisión dirá cuánto cuesta, en dólares, haber politizado la justicia.
