Segunda parte de la investigación de Nuevo Gráfico sobre el derecho de las audiencias
Julio Gálvez
06 de julio de 2026
Lo dijo ella misma, sin que nadie la obligara. El miércoles 5 de agosto de 2026, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum enumeró en voz alta los nombres de tres empresas periodísticas que su gobierno excluye del reparto de publicidad oficial: “Hay algunos a los que no les damos, TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco, abiertamente lo digo”. Y remató la idea vinculando esa exclusión con el tono editorial de esos medios: no quieren al gobierno, dijo, porque ya no les dan chayote.
La frase merece detenerse en ella, porque contiene dos afirmaciones que se anulan entre sí. La primera es que la publicidad oficial se distribuye según el tamaño de las audiencias de cada medio, criterio técnico y neutral. La segunda es que hay medios que no reciben nada, y que su crítica se explica precisamente por eso. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Si el criterio fuera el alcance, TV Azteca —una de las dos cadenas de televisión abierta con cobertura nacional en México— estaría entre los primeros beneficiarios, no entre los excluidos. La propia presidenta ofreció una explicación distinta para ese caso: que la empresa debe terminar de pagar sus impuestos. Es decir, un criterio fiscal aplicado a una decisión de comunicación social, sin norma que lo prevea.
Cuando un gobierno reconoce que decide a quién le da y a quién no, y en la misma frase asocia esa decisión con la línea editorial del excluido, no está describiendo una política de comunicación. Está describiendo un mecanismo de premio y castigo. Y ese mecanismo tiene en México una genealogía larga y una frase que lo resume: el 7 de junio de 1982, en el Día de la Libertad de Prensa, el presidente José López Portillo lanzó su célebre “no pago para que me peguen” y retiró pauta a empresas periodísticas críticas. Cuarenta y cuatro años después, el argumento regresó a Palacio Nacional con otra entonación, pero con la misma estructura lógica.
Nuevo Gráfico sostuvo en su investigación anterior que el debate sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias estaba mal planteado. Que la discusión se instaló en si el Estado va a censurar o no va a censurar los contenidos, mientras permanecía intacto el mecanismo que sí distorsiona de manera comprobable la formación de la opinión pública en este país: el dinero. Ahora esa afirmación ya no requiere inferencia. La reconoció la titular del Ejecutivo Federal en cadena nacional.
Conviene entonces poner las cifras sobre la mesa, porque son públicas, están documentadas y casi nunca se dicen completas.
De acuerdo con el informe Publicidad Oficial 2024, elaborado por la organización Artículo 19 junto con Política Colectiva y presentado en octubre de 2025, el gasto total en publicidad oficial en México durante 2024 ascendió a 13 mil 499.94 millones de pesos. De esa bolsa, 9 mil 704.5 millones —el 71.9 por ciento— correspondió a los gobiernos estatales, y 3 mil 795.4 millones —el 28.1 por ciento— al gobierno federal. Casi cuatro de cada cinco pesos destinados a promoción gubernamental en el país salieron de las tesorerías de los estados.
Ese dato desmonta, sin necesidad de adjetivos, la contabilidad que suele presentarse desde la Presidencia. Es cierto que el gasto federal cayó: en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la federación ejerció más de 12 mil 961 millones de pesos en comunicación social; en 2019, primer año completo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cifra bajó a 4 mil 243 millones, una reducción real de 67.3 por ciento en precios constantes de 2025. La presidenta tiene razón cuando afirma que hoy se ejerce alrededor de una tercera parte de lo que se gastaba en el sexenio anterior. Lo que esa cifra oculta es que el gasto no desapareció: se mudó de piso.
En 2018 el gobierno federal aportaba el 52.8 por ciento del total nacional de publicidad oficial. En 2024, aun con un repunte, su participación bajó al 28.1 por ciento. Los estados, que en 2023 llegaron a concentrar casi el 78 por ciento del gasto conjunto, se mantuvieron cerca del 72 por ciento en 2024. La austeridad federal fue real; la austeridad del Estado mexicano en su conjunto, no.
Y en los estados el descontrol es de otra magnitud. Para 2024, los 32 gobiernos estatales aprobaron en sus presupuestos de egresos un total de 4 mil 383 millones de pesos para comunicación social. Terminaron ejerciendo 9 mil 704.5 millones: más del doble de lo autorizado por sus propios congresos locales. El informe documenta que 24 entidades gastaron más de lo aprobado, que trece rebasaron el doble y que cinco —Guerrero, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz— superaron el mil por ciento de su presupuesto original. Diez veces más de lo que sus legislaturas les autorizaron, sin que ninguna consecuencia jurídica siguiera a ese sobreejercicio.
El ranking del gasto estatal en 2024 lo encabezó Guanajuato, con 756.5 millones de pesos, seguido de Quintana Roo con 711.6 millones, Chihuahua con 647.2 millones, Coahuila con 629.1 millones y Nuevo León con 561 millones. Solo esos cinco gobiernos acumularon más de 3 mil 300 millones de pesos, más de una tercera parte del gasto estatal nacional. Y conviene subrayar un detalle político incómodo para cualquier lectura partidista de estos datos: en esa lista conviven administraciones de distintos partidos. La discrecionalidad no es patrimonio de una sola fuerza. Es el modo de operación por defecto cuando no hay ley que lo impida.
La concentración en el nivel federal completa el cuadro. Entre 2019 y 2023, de 921 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial federal, apenas diez concentraron el 48.57 por ciento de los recursos; los 911 restantes se repartieron el resto. Durante el sexenio de López Obrador, Televisa recibió mil 877 millones de pesos —el 10.2 por ciento del total federal—; La Jornada, a través de Demos Desarrollo de Medios, mil 596 millones —8.7 por ciento—; TV Azteca, mil 340 millones —7.3 por ciento—; y Medios Masivos Mexicanos, mil 282 millones —7 por ciento—. Cuatro empresas absorbieron más del 33 por ciento de todo el gasto federal en comunicación social.
Ese último dato merece una lectura cuidadosa a la luz de lo dicho el 5 de agosto. TV Azteca, hoy señalada públicamente como medio excluido, fue en el sexenio anterior el tercer mayor receptor de dinero público federal. Si el criterio de asignación fuera realmente el tamaño de la audiencia, como se afirmó desde la mañanera, algo tendría que haber cambiado en la audiencia de esa televisora para justificar el salto del tercer lugar a la exclusión. Lo que cambió, y esto es verificable en el registro público, fue la relación política.
Aquí es donde la discusión deja de ser periodística y se vuelve estrictamente jurídica.
El propio gobierno federal se impuso, por escrito y en el Diario Oficial de la Federación, la obligación de no hacer lo que ahora se admite abiertamente. Los Lineamientos Generales para el registro y autorización de las Estrategias y Programas de Comunicación Social, que la Secretaría de Gobernación emite cada año, establecen en sus considerandos que para el Gobierno de México es fundamental que el otorgamiento y distribución de publicidad oficial se realice bajo criterios objetivos, imparciales y transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades a favor de los distintos medios de comunicación. Esa fórmula aparece en la edición vigente para el ejercicio fiscal 2026, publicada el 29 de diciembre de 2025 y firmada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. No es un texto heredado de administraciones anteriores ni una imposición de organismos internacionales: es la norma que este gobierno se dictó a sí mismo.
Decir “a estos no les damos” es, en los términos de esa norma, lo contrario de un criterio objetivo, imparcial y transparente.
Y el problema de fondo es que no existe consecuencia. Porque la ley que debería regular todo esto lleva ocho años sin corregirse y cinco años en incumplimiento judicialmente señalado. El 15 de noviembre de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 1359/2015, promovido por Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, y determinó que la falta de ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional configuraba un estado de cosas inconstitucional. Ordenó legislar antes del 30 de abril de 2018. El Congreso respondió con la Ley General de Comunicación Social, publicada el 11 de mayo de 2018 y bautizada por sus críticos como Ley Chayote. Artículo 19 volvió a impugnarla y el 8 de septiembre de 2021, en el amparo en revisión 308/2020, la Primera Sala ordenó de nuevo al Congreso subsanar omisiones legislativas relativas.
Nada ocurrió. La reforma que el Congreso sí aprobó, publicada el 27 de diciembre de 2022 como parte del llamado Plan B, fue invalidada por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, con resolutivos notificados el 8 de mayo de 2023. La acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas, que impugna la ley original, sigue sin resolverse: la discusión del proyecto de la ministra Loretta Ortiz —que propone declarar una omisión legislativa relativa— fue pospuesta el 13 de enero de 2026. Consultados por la revista Proceso en julio de este año, los presidentes de las juntas de coordinación política de ambas cámaras, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, negaron que exista desacato, lo llamaron omisión legislativa y prometieron legislar en el periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre. Es la misma promesa que se ha hecho a lo largo de tres legislaturas.
Marta Tudón, del programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, describió el efecto de ese vacío sin rodeos: al no existir una manera objetiva de resultar elegido como medio receptor, la asignación depende de la voluntad y del criterio de quien tiene el poder de repartir un dinero que es de todos. Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras, señaló la consecuencia sobre el oficio: hay medios que se autolimitan por razones económicas.
Eso, y no otra cosa, es censura indirecta. Y tiene nombre y respaldo en el derecho internacional que México se obligó a cumplir. El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe restringir la libertad de expresión por vías o medios indirectos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana documentó desde 2003 la asignación discriminatoria de publicidad oficial como una de esas vías, y en 2012 publicó los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión, que exigen leyes especiales claras, criterios de distribución objetivos, mecanismos abiertos de contratación y fiscalización externa. En 2018, tras su misión conjunta a México, el relator interamericano Edison Lanza y el relator de la ONU David Kaye advirtieron que la Ley General de Comunicación Social no establece reglas claras sobre objetivos, criterios ni procedimientos de asignación, y deja un amplio margen de discrecionalidad y abuso.
Ocho años después, ese diagnóstico sigue vigente palabra por palabra.
Y conviene preguntarse qué se deja de hacer con ese dinero. Trece mil quinientos millones de pesos al año no son una partida menor ni un gasto administrativo inevitable: son hospitales que no se equipan, comisiones de búsqueda de personas desaparecidas que operan con presupuestos ridículos, escuelas sin techo, agua entubada que no llega. El propio informe de Artículo 19 y Política Colectiva lo señala con crudeza: en varios estados, el gasto en publicidad oficial compite de forma directa con la inversión en tareas fundamentales, incluida la búsqueda de personas desaparecidas. Cada spot que celebra una obra pública se paga con recursos que pudieron destinarse a construir otra. Y esa es apenas la mitad del problema, porque el daño no termina en el dinero mal gastado: termina en un ecosistema informativo que dejó de depender de sus lectores para depender de sus gobernantes.
Lo dijo ella misma, sin que nadie la obligara. El miércoles 5 de agosto de 2026, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum enumeró en voz alta los nombres de tres empresas periodísticas que su gobierno excluye del reparto de publicidad oficial: “Hay algunos a los que no les damos, TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco, abiertamente lo digo”. Y remató la idea vinculando esa exclusión con el tono editorial de esos medios: no quieren al gobierno, dijo, porque ya no les dan chayote.
La frase merece detenerse en ella, porque contiene dos afirmaciones que se anulan entre sí. La primera es que la publicidad oficial se distribuye según el tamaño de las audiencias de cada medio, criterio técnico y neutral. La segunda es que hay medios que no reciben nada, y que su crítica se explica precisamente por eso. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Si el criterio fuera el alcance, TV Azteca —una de las dos cadenas de televisión abierta con cobertura nacional en México— estaría entre los primeros beneficiarios, no entre los excluidos. La propia presidenta ofreció una explicación distinta para ese caso: que la empresa debe terminar de pagar sus impuestos. Es decir, un criterio fiscal aplicado a una decisión de comunicación social, sin norma que lo prevea.
Cuando un gobierno reconoce que decide a quién le da y a quién no, y en la misma frase asocia esa decisión con la línea editorial del excluido, no está describiendo una política de comunicación. Está describiendo un mecanismo de premio y castigo. Y ese mecanismo tiene en México una genealogía larga y una frase que lo resume: el 7 de junio de 1982, en el Día de la Libertad de Prensa, el presidente José López Portillo lanzó su célebre “no pago para que me peguen” y retiró pauta a empresas periodísticas críticas. Cuarenta y cuatro años después, el argumento regresó a Palacio Nacional con otra entonación, pero con la misma estructura lógica.
Nuevo Gráfico sostuvo en su investigación anterior que el debate sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias estaba mal planteado. Que la discusión se instaló en si el Estado va a censurar o no va a censurar los contenidos, mientras permanecía intacto el mecanismo que sí distorsiona de manera comprobable la formación de la opinión pública en este país: el dinero. Ahora esa afirmación ya no requiere inferencia. La reconoció la titular del Ejecutivo Federal en cadena nacional.
Conviene entonces poner las cifras sobre la mesa, porque son públicas, están documentadas y casi nunca se dicen completas.
De acuerdo con el informe Publicidad Oficial 2024, elaborado por la organización Artículo 19 junto con Política Colectiva y presentado en octubre de 2025, el gasto total en publicidad oficial en México durante 2024 ascendió a 13 mil 499.94 millones de pesos. De esa bolsa, 9 mil 704.5 millones —el 71.9 por ciento— correspondió a los gobiernos estatales, y 3 mil 795.4 millones —el 28.1 por ciento— al gobierno federal. Casi cuatro de cada cinco pesos destinados a promoción gubernamental en el país salieron de las tesorerías de los estados.
Ese dato desmonta, sin necesidad de adjetivos, la contabilidad que suele presentarse desde la Presidencia. Es cierto que el gasto federal cayó: en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la federación ejerció más de 12 mil 961 millones de pesos en comunicación social; en 2019, primer año completo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cifra bajó a 4 mil 243 millones, una reducción real de 67.3 por ciento en precios constantes de 2025. La presidenta tiene razón cuando afirma que hoy se ejerce alrededor de una tercera parte de lo que se gastaba en el sexenio anterior. Lo que esa cifra oculta es que el gasto no desapareció: se mudó de piso.
En 2018 el gobierno federal aportaba el 52.8 por ciento del total nacional de publicidad oficial. En 2024, aun con un repunte, su participación bajó al 28.1 por ciento. Los estados, que en 2023 llegaron a concentrar casi el 78 por ciento del gasto conjunto, se mantuvieron cerca del 72 por ciento en 2024. La austeridad federal fue real; la austeridad del Estado mexicano en su conjunto, no.
Y en los estados el descontrol es de otra magnitud. Para 2024, los 32 gobiernos estatales aprobaron en sus presupuestos de egresos un total de 4 mil 383 millones de pesos para comunicación social. Terminaron ejerciendo 9 mil 704.5 millones: más del doble de lo autorizado por sus propios congresos locales. El informe documenta que 24 entidades gastaron más de lo aprobado, que trece rebasaron el doble y que cinco —Guerrero, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz— superaron el mil por ciento de su presupuesto original. Diez veces más de lo que sus legislaturas les autorizaron, sin que ninguna consecuencia jurídica siguiera a ese sobreejercicio.
El ranking del gasto estatal en 2024 lo encabezó Guanajuato, con 756.5 millones de pesos, seguido de Quintana Roo con 711.6 millones, Chihuahua con 647.2 millones, Coahuila con 629.1 millones y Nuevo León con 561 millones. Solo esos cinco gobiernos acumularon más de 3 mil 300 millones de pesos, más de una tercera parte del gasto estatal nacional. Y conviene subrayar un detalle político incómodo para cualquier lectura partidista de estos datos: en esa lista conviven administraciones de distintos partidos. La discrecionalidad no es patrimonio de una sola fuerza. Es el modo de operación por defecto cuando no hay ley que lo impida.
La concentración en el nivel federal completa el cuadro. Entre 2019 y 2023, de 921 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial federal, apenas diez concentraron el 48.57 por ciento de los recursos; los 911 restantes se repartieron el resto. Durante el sexenio de López Obrador, Televisa recibió mil 877 millones de pesos —el 10.2 por ciento del total federal—; La Jornada, a través de Demos Desarrollo de Medios, mil 596 millones —8.7 por ciento—; TV Azteca, mil 340 millones —7.3 por ciento—; y Medios Masivos Mexicanos, mil 282 millones —7 por ciento—. Cuatro empresas absorbieron más del 33 por ciento de todo el gasto federal en comunicación social.
Ese último dato merece una lectura cuidadosa a la luz de lo dicho el 5 de agosto. TV Azteca, hoy señalada públicamente como medio excluido, fue en el sexenio anterior el tercer mayor receptor de dinero público federal. Si el criterio de asignación fuera realmente el tamaño de la audiencia, como se afirmó desde la mañanera, algo tendría que haber cambiado en la audiencia de esa televisora para justificar el salto del tercer lugar a la exclusión. Lo que cambió, y esto es verificable en el registro público, fue la relación política.
Aquí es donde la discusión deja de ser periodística y se vuelve estrictamente jurídica.
El propio gobierno federal se impuso, por escrito y en el Diario Oficial de la Federación, la obligación de no hacer lo que ahora se admite abiertamente. Los Lineamientos Generales para el registro y autorización de las Estrategias y Programas de Comunicación Social, que la Secretaría de Gobernación emite cada año, establecen en sus considerandos que para el Gobierno de México es fundamental que el otorgamiento y distribución de publicidad oficial se realice bajo criterios objetivos, imparciales y transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades a favor de los distintos medios de comunicación. Esa fórmula aparece en la edición vigente para el ejercicio fiscal 2026, publicada el 29 de diciembre de 2025 y firmada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. No es un texto heredado de administraciones anteriores ni una imposición de organismos internacionales: es la norma que este gobierno se dictó a sí mismo.
Decir “a estos no les damos” es, en los términos de esa norma, lo contrario de un criterio objetivo, imparcial y transparente.
Y el problema de fondo es que no existe consecuencia. Porque la ley que debería regular todo esto lleva ocho años sin corregirse y cinco años en incumplimiento judicialmente señalado. El 15 de noviembre de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 1359/2015, promovido por Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, y determinó que la falta de ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional configuraba un estado de cosas inconstitucional. Ordenó legislar antes del 30 de abril de 2018. El Congreso respondió con la Ley General de Comunicación Social, publicada el 11 de mayo de 2018 y bautizada por sus críticos como Ley Chayote. Artículo 19 volvió a impugnarla y el 8 de septiembre de 2021, en el amparo en revisión 308/2020, la Primera Sala ordenó de nuevo al Congreso subsanar omisiones legislativas relativas.
Nada ocurrió. La reforma que el Congreso sí aprobó, publicada el 27 de diciembre de 2022 como parte del llamado Plan B, fue invalidada por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, con resolutivos notificados el 8 de mayo de 2023. La acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas, que impugna la ley original, sigue sin resolverse: la discusión del proyecto de la ministra Loretta Ortiz —que propone declarar una omisión legislativa relativa— fue pospuesta el 13 de enero de 2026. Consultados por la revista Proceso en julio de este año, los presidentes de las juntas de coordinación política de ambas cámaras, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, negaron que exista desacato, lo llamaron omisión legislativa y prometieron legislar en el periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre. Es la misma promesa que se ha hecho a lo largo de tres legislaturas.
Marta Tudón, del programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, describió el efecto de ese vacío sin rodeos: al no existir una manera objetiva de resultar elegido como medio receptor, la asignación depende de la voluntad y del criterio de quien tiene el poder de repartir un dinero que es de todos. Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras, señaló la consecuencia sobre el oficio: hay medios que se autolimitan por razones económicas.
Eso, y no otra cosa, es censura indirecta. Y tiene nombre y respaldo en el derecho internacional que México se obligó a cumplir. El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe restringir la libertad de expresión por vías o medios indirectos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana documentó desde 2003 la asignación discriminatoria de publicidad oficial como una de esas vías, y en 2012 publicó los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión, que exigen leyes especiales claras, criterios de distribución objetivos, mecanismos abiertos de contratación y fiscalización externa. En 2018, tras su misión conjunta a México, el relator interamericano Edison Lanza y el relator de la ONU David Kaye advirtieron que la Ley General de Comunicación Social no establece reglas claras sobre objetivos, criterios ni procedimientos de asignación, y deja un amplio margen de discrecionalidad y abuso.
Ocho años después, ese diagnóstico sigue vigente palabra por palabra.
Y conviene preguntarse qué se deja de hacer con ese dinero. Trece mil quinientos millones de pesos al año no son una partida menor ni un gasto administrativo inevitable: son hospitales que no se equipan, comisiones de búsqueda de personas desaparecidas que operan con presupuestos ridículos, escuelas sin techo, agua entubada que no llega. El propio informe de Artículo 19 y Política Colectiva lo señala con crudeza: en varios estados, el gasto en publicidad oficial compite de forma directa con la inversión en tareas fundamentales, incluida la búsqueda de personas desaparecidas. Cada spot que celebra una obra pública se paga con recursos que pudieron destinarse a construir otra. Y esa es apenas la mitad del problema, porque el daño no termina en el dinero mal gastado: termina en un ecosistema informativo que dejó de depender de sus lectores para depender de sus gobernantes.
Un medio que sobrevive del erario no es un contrapeso, es un proveedor. Su cliente no es la audiencia, es la administración en turno. Por eso el periodismo debería sostenerse en el mercado, en la suscripción, en la publicidad comercial, en el respaldo directo de quien lo lee y decide pagarlo, y no en la pauta que un funcionario firma o retira según le convenga. Mientras el modelo de negocio de la prensa mexicana siga anclado al presupuesto público, la independencia editorial será una declaración de principios sin sustento material, y la opinión pública —ese presupuesto sin el cual la democracia no funciona— seguirá formándose con mensajes que el ciudadano paga sin saberlo y sin haberlos pedido.
En este orden de ideas, mientras el Estado discute unos lineamientos que obligarían a las estaciones de radio y televisión a etiquetar la publicidad, a distinguir la noticia de la opinión con plecas y cortinillas, a inscribir sus criterios editoriales ante un órgano del Ejecutivo y a someterse a multas de hasta el uno por ciento de sus ingresos, ese mismo Estado reparte trece mil quinientos millones de pesos al año sin ley reglamentaria vigente que lo ordene, sin criterios auditables, sin topes que se respeten y sin una sola etiqueta que le advierta al ciudadano que lo que está viendo lo pagó él.
En este orden de ideas, mientras el Estado discute unos lineamientos que obligarían a las estaciones de radio y televisión a etiquetar la publicidad, a distinguir la noticia de la opinión con plecas y cortinillas, a inscribir sus criterios editoriales ante un órgano del Ejecutivo y a someterse a multas de hasta el uno por ciento de sus ingresos, ese mismo Estado reparte trece mil quinientos millones de pesos al año sin ley reglamentaria vigente que lo ordene, sin criterios auditables, sin topes que se respeten y sin una sola etiqueta que le advierta al ciudadano que lo que está viendo lo pagó él.
La exigencia de transparencia va en una sola dirección. Del poder hacia la prensa. Nunca de la prensa hacia el poder, ni del poder hacia el ciudadano.
No se trata de defender a los medios que durante décadas vivieron del erario ni de idealizar a una industria que también ha usado su poder para sus propios fines. Se trata de una cuestión más simple y más grave: quien reparte el dinero no puede ser, al mismo tiempo, quien califica la verdad. Un gobierno que se reserva la facultad administrativa de determinar qué información es veraz, mientras conserva la facultad discrecional de decidir qué medios sobreviven económicamente, ha reunido en una sola mano las dos palancas que la democracia constitucional se inventó para mantener separadas.
Por eso el verdadero derecho de las audiencias no está en la cortinilla que falta. Está en la factura que nadie ve. Que toda comunicación pagada con recursos públicos se identifique de forma visible y permanente, en el momento en que se emite. Que los criterios de asignación sean públicos, objetivos, verificables y auditables, con topes que efectivamente se cumplan. Que los medios declaren qué proporción de sus ingresos proviene de contratos con entes públicos. Y que el Congreso, por fin, acate una orden judicial que lleva casi una década esperando.
Mientras eso no ocurra, la publicidad oficial seguirá siendo lo que la presidenta describió sin proponérselo: un instrumento que se da o se quita. Y las audiencias seguirán sin saber, al encender el televisor, cuánto de lo que escuchan lo pagaron ellas mismas para que alguien más las convenciera.
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