Jaqueline Sagaón
07 de agosto de 2026
Elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (Fecced) detuvieron en flagrancia a Margarito Galaviz Sifuentes, Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de que presuntamente intentara entregar un millón de pesos en efectivo a un servidor público de la Fiscalía General del Estado para influir en la reclasificación de diversas causas penales bajo su supervisión.
La aprehensión, ocurrida la noche del jueves en la colonia Jardines de Durango, sobre la calle Francisco Villa, se desprendió de una denuncia telefónica presentada por el propio funcionario señalado como receptor del soborno. Éste reportó que el juzgador lo había citado en el estacionamiento de una tienda de autoservicio para entregarle el dinero, y mantuvo informados a los agentes mientras el encuentro se concretaba.
Agentes de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción llegaron al sitio, ubicaron a Galaviz Sifuentes y aseguraron el millón de pesos en efectivo. En la revisión del vehículo en que se transportaba localizaron además un arma de fuego. El juez fue puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá integrar la carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de cohecho y determinar su situación jurídica.
No es la primera vez que el nombre de Galaviz Sifuentes genera controversia. En junio de 2025, colectivas feministas lo señalaron públicamente por haber dejado en libertad a un hombre identificado como Alejandro “N”, acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años en 2023.
El caso se suma al historial de tropiezos del nuevo sistema judicial surgido de la reforma impulsada por Morena, que en junio de 2025 sometió a voto popular la totalidad de las judicaturas locales de Durango bajo la promesa de una justicia más cercana, transparente y honesta. Catorce meses después, uno de sus juzgadores enfrenta un proceso por, presuntamente, cargar en su propio vehículo el millón de pesos con el que buscaba comprar impunidad para sus expedientes.
07 de agosto de 2026
Elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (Fecced) detuvieron en flagrancia a Margarito Galaviz Sifuentes, Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de que presuntamente intentara entregar un millón de pesos en efectivo a un servidor público de la Fiscalía General del Estado para influir en la reclasificación de diversas causas penales bajo su supervisión.
La aprehensión, ocurrida la noche del jueves en la colonia Jardines de Durango, sobre la calle Francisco Villa, se desprendió de una denuncia telefónica presentada por el propio funcionario señalado como receptor del soborno. Éste reportó que el juzgador lo había citado en el estacionamiento de una tienda de autoservicio para entregarle el dinero, y mantuvo informados a los agentes mientras el encuentro se concretaba.
Agentes de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción llegaron al sitio, ubicaron a Galaviz Sifuentes y aseguraron el millón de pesos en efectivo. En la revisión del vehículo en que se transportaba localizaron además un arma de fuego. El juez fue puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá integrar la carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de cohecho y determinar su situación jurídica.
No es la primera vez que el nombre de Galaviz Sifuentes genera controversia. En junio de 2025, colectivas feministas lo señalaron públicamente por haber dejado en libertad a un hombre identificado como Alejandro “N”, acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años en 2023.
El caso se suma al historial de tropiezos del nuevo sistema judicial surgido de la reforma impulsada por Morena, que en junio de 2025 sometió a voto popular la totalidad de las judicaturas locales de Durango bajo la promesa de una justicia más cercana, transparente y honesta. Catorce meses después, uno de sus juzgadores enfrenta un proceso por, presuntamente, cargar en su propio vehículo el millón de pesos con el que buscaba comprar impunidad para sus expedientes.
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