Julio Gálvez
08 de septiembre de 2026
La senadora con licencia por Baja California, Julieta Andrea Ramírez Padilla, aparece como firmante de un proffer agreement con la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en San Diego, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso la unidad de investigación N+ Focus y que fueron difundidos la noche del lunes 7 de septiembre. El reportaje, firmado por los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas, sostiene que la aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura es investigada por autoridades estadounidenses y estaría en conversaciones para colaborar como testigo.
Un proffer agreement no es una sentencia ni una acusación. Es un contrato preliminar entre un fiscal federal y una persona investigada —o un posible testigo— que permite entregar información sobre un delito bajo la condición de que esa declaración no sea usada directamente en su contra durante un juicio. Según el documento citado por N+ Focus, la legisladora habría aceptado participar en una reunión de ofrecimiento de pruebas con la fiscalía federal y agentes federales para determinar si puede proporcionar información confiable, y se comprometió a no cometer perjurio ni obstruir la justicia.
La cláusula que define el desequilibrio del acuerdo es breve. El texto establece que la determinación de si recibirá o no algún beneficio quedará "entera y exclusivamente a criterio de la fiscalía federal", una vez entregada la información. Es decir: la protección no está garantizada. Se compra con información, y el comprador fija el precio después de recibir la mercancía. El reportaje no precisa por qué delito o delitos se le investigaría.
Ramírez Padilla no negó el documento. Respondió en su cuenta de X con un mensaje irónico en el que anunciaba un nuevo episodio de guerra sucia cortesía de la televisora, acompañado de un GIF del cantante Michael Jackson comiendo palomitas. No hubo aclaración jurídica, ni deslinde, ni explicación sobre si sostuvo o no reuniones con fiscales del Distrito Sur de California.
El silencio jurídico ocurre en el peor momento posible para su proyecto. El 17 de junio de 2026 solicitó licencia al Senado para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California, en competencia directa con el expresidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño. Mediciones recientes de Massive Caller la ubican al frente de las preferencias internas de Morena rumbo a 2027, con 22.9 puntos de ventaja sobre el alcalde.
La pregunta migratoria la persigue desde hace ocho meses. En enero de 2026, el periodista Luis Chaparro afirmó que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos habría revocado la visa de la senadora. Ella lo negó durante un recorrido en el fraccionamiento Lomas de San Martín, en Tijuana, donde calificó los señalamientos como el inicio de la "temporada de zopilotes". Días después cruzó a Calexico, California, y transmitió en vivo desde el interior de una tienda Ross para acreditar hora y lugar, retando a quienes la habían invitado a Disneylandia a reportarse. El 2 de agosto volvió sobre el tema y mostró físicamente el documento durante una entrevista en el estudio de PSN, pese a que la exhibición de una visa no acredita su vigencia, ya que puede ser revocada electrónicamente.
Conservar la visa, además, no la exculpa de nada. En procedimientos de colaboración, la vigencia del documento suele ser condición operativa para que el investigado pueda presentarse en las oficinas de la fiscalía.
El contraste con su antigua jefa política es donde el caso adquiere densidad. Julieta Ramírez fue secretaria particular de Marina del Pilar Ávila Olmeda cuando ésta encabezó el Ayuntamiento de Mexicali. El 10 de mayo de 2025, Carlos Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora, anunció la revocación de su visa estadounidense; la medida también alcanzó a Ávila Olmeda, quien la atribuyó a un procedimiento administrativo. Más de un año después, el semanario ZETA de Tijuana reportó que la mandataria sí estaría bajo investigación de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, y que en audios filtrados aparece el ofrecimiento de firmar una carta proffer como vía de cooperación para intentar frenar cargos o sanciones. La gobernadora ha negado haberla firmado y ha calificado el episodio como una trampa.
Dos figuras del mismo grupo político. El mismo instrumento jurídico. Una lo rechaza públicamente; de la otra se difunde un documento con su nombre.
A ese cuadro se suma el perfil de quien opera su estructura territorial en Tecate. De acuerdo con documentos de la Corte del Distrito Sur de California obtenidos por el portal Punto Norte, el 8 de octubre de 2011 un tráiler aparentemente vacío ingresó a Estados Unidos por la garita comercial de Otay Mesa; un oficial de la CBP detectó una anomalía en la pared frontal de la caja y un agente canino reaccionó en la misma zona. En lugar de detener al conductor, agentes de Homeland Security Investigations permitieron la salida de la unidad y la siguieron hasta Lemon Grove, donde localizaron a Alfredo López Martínez, Rubén E. Sandoval Chávez y Pedro Medina Amaya intentando acceder al compartimento oculto. Del interior se extrajeron 951.2 kilogramos de marihuana. Según los documentos, Sandoval declaró que recibiría 300 dólares por hora para retirar remaches y tornillos, abrir el compartimento y ayudar a descargar.El 15 de noviembre de 2012, la jueza federal Irma E. González lo sentenció a 30 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable de posesión de marihuana con intención de distribuirla. La sentencia contempló su deportación o retorno voluntario a México y le prohibió reingresar ilegalmente. El Buró Federal de Prisiones lo registró con el número 28788-298 y consigna que dejó la custodia federal el 9 de diciembre de 2013.Cumplida la condena, Sandoval Chávez fue incorporado a la Secretaría de Bienestar de Baja California. Su registro más antiguo en la Plataforma Nacional de Transparencia corresponde al último trimestre de 2021. Aunque públicamente fue presentado como delegado en Tecate, su plaza era la de promotor, como personal de confianza. Hoy aparece como analista de Gestión de Proyectos, nivel 10, adscrito a la oficina del titular de la dependencia, con percepciones reportadas de 25 mil 317 pesos brutos. Su afiliación formal a Morena se registró el 21 de marzo de 2023.Quien lo nombró su representante en el municipio fue Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, entonces titular de Bienestar y principal colaborador político de Julieta Ramírez.
Jáuregui dejó la dependencia el 29 de junio de 2026 y fue sustituido el 1 de julio por Felipe de Jesús Gamboa Valdez. Su salida ocurrió una semana después de que Ramírez se registró en Morena como aspirante a la coordinación estatal.El domingo 23 de agosto de 2026, el comunicador Andrés Cruz Meza, director del portal Conexión Noticias, documentó en Tecate la concentración de habitantes de las colonias Santa Fe, Cerro Azul y La Sierrita para ser trasladados a Mexicali a una movilización encabezada por Ramírez. En el punto de reunión había entre cinco y seis camiones con logotipos de la Secretaría de la Juventud y del programa COMUNDER, banderas de Morena y cajas con alimentos. Las unidades no tenían aire acondicionado y la temperatura superó los 40 grados. Sandoval Chávez fue identificado y grabado coordinando el operativo.
El Gobierno de Baja California negó haber contratado o autorizado las unidades, señaló que los camiones de COMUNDER pertenecen a una empresa concesionaria y afirmó que cualquier uso indebido sería investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
No es el primer señalamiento sobre el uso electoral de esa estructura. En agosto de 2023, Punto Norte difundió una grabación en la que Valeria Oseguera Herrera, entonces coordinadora general operativa de la Secretaría de Bienestar, amenazó a una líder de Morena con retirarle apoyos sociales por haberse sumado al equipo de Claudia Sheinbaum. La funcionaria fue separada del cargo tras la publicación. Jáuregui Santillán negó haber ordenado el condicionamiento de programas y sostuvo que cada funcionario debía responder por sus actos.Sandoval Chávez operó también como enlace territorial en Tecate del proyecto presidencial de Adán Augusto López Hernández durante la contienda interna de 2023, respaldado en Baja California por Ramírez y Jáuregui.
Años después, Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad nombrado por López Hernández en Tabasco, fue detenido en Paraguay y vinculado a proceso como presunto dirigente de La Barredora. El exsecretario de Gobernación ha negado cualquier relación con esa organización.
Ninguno de los documentos publicados hasta ahora vincula a Ramírez Padilla con el llamado huachicol fiscal, el esquema de defraudación aduanera que ha detonado las investigaciones más sensibles del último año. Ese expediente lo encabeza la FGR contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, exmandos navales conocidos como "Los Primos" y sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, hoy en prisión preventiva por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que las indagatorias identificaron operaciones de esa red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, mediante la simulación de inspecciones, la aprobación de volúmenes manipulados y la desactivación de cámaras durante las descargas. La coincidencia geográfica es un dato de contexto. No es una imputación.
En el frente doméstico, el cerco es administrativo. El 1 de septiembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California ordenó a Ramírez Padilla retirar en un plazo de dos días hábiles una barda y 21 lonas con su nombre, imagen o expresiones relacionadas, además de cualquier propaganda física de contenido similar en la entidad. Las medidas derivan de denuncias del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración al interés superior de la niñez, así como por culpa in vigilando de Morena. Ninguna de esas infracciones está acreditada todavía. El 3 de septiembre, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena retiró por segunda ocasión las medidas cautelares en su contra, aunque mantuvo abierto el procedimiento.
Quedan tres cosas pendientes. Que la senadora con licencia explique jurídicamente —y no en clave de meme— si sostuvo o no reuniones con la fiscalía federal en San Diego. Que Morena defina si sostiene a una aspirante cuyo operador territorial en Tecate cumplió condena federal por narcotráfico y sigue en la nómina del gobierno estatal. Y que el Departamento de Justicia decida si la información que pudiera entregar vale un beneficio. Esa última decisión, según el propio documento, no se toma en Mexicali.
La senadora con licencia por Baja California, Julieta Andrea Ramírez Padilla, aparece como firmante de un proffer agreement con la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en San Diego, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso la unidad de investigación N+ Focus y que fueron difundidos la noche del lunes 7 de septiembre. El reportaje, firmado por los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas, sostiene que la aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura es investigada por autoridades estadounidenses y estaría en conversaciones para colaborar como testigo.
Un proffer agreement no es una sentencia ni una acusación. Es un contrato preliminar entre un fiscal federal y una persona investigada —o un posible testigo— que permite entregar información sobre un delito bajo la condición de que esa declaración no sea usada directamente en su contra durante un juicio. Según el documento citado por N+ Focus, la legisladora habría aceptado participar en una reunión de ofrecimiento de pruebas con la fiscalía federal y agentes federales para determinar si puede proporcionar información confiable, y se comprometió a no cometer perjurio ni obstruir la justicia.
La cláusula que define el desequilibrio del acuerdo es breve. El texto establece que la determinación de si recibirá o no algún beneficio quedará "entera y exclusivamente a criterio de la fiscalía federal", una vez entregada la información. Es decir: la protección no está garantizada. Se compra con información, y el comprador fija el precio después de recibir la mercancía. El reportaje no precisa por qué delito o delitos se le investigaría.
Ramírez Padilla no negó el documento. Respondió en su cuenta de X con un mensaje irónico en el que anunciaba un nuevo episodio de guerra sucia cortesía de la televisora, acompañado de un GIF del cantante Michael Jackson comiendo palomitas. No hubo aclaración jurídica, ni deslinde, ni explicación sobre si sostuvo o no reuniones con fiscales del Distrito Sur de California.
El silencio jurídico ocurre en el peor momento posible para su proyecto. El 17 de junio de 2026 solicitó licencia al Senado para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California, en competencia directa con el expresidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño. Mediciones recientes de Massive Caller la ubican al frente de las preferencias internas de Morena rumbo a 2027, con 22.9 puntos de ventaja sobre el alcalde.
La pregunta migratoria la persigue desde hace ocho meses. En enero de 2026, el periodista Luis Chaparro afirmó que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos habría revocado la visa de la senadora. Ella lo negó durante un recorrido en el fraccionamiento Lomas de San Martín, en Tijuana, donde calificó los señalamientos como el inicio de la "temporada de zopilotes". Días después cruzó a Calexico, California, y transmitió en vivo desde el interior de una tienda Ross para acreditar hora y lugar, retando a quienes la habían invitado a Disneylandia a reportarse. El 2 de agosto volvió sobre el tema y mostró físicamente el documento durante una entrevista en el estudio de PSN, pese a que la exhibición de una visa no acredita su vigencia, ya que puede ser revocada electrónicamente.
Conservar la visa, además, no la exculpa de nada. En procedimientos de colaboración, la vigencia del documento suele ser condición operativa para que el investigado pueda presentarse en las oficinas de la fiscalía.
El contraste con su antigua jefa política es donde el caso adquiere densidad. Julieta Ramírez fue secretaria particular de Marina del Pilar Ávila Olmeda cuando ésta encabezó el Ayuntamiento de Mexicali. El 10 de mayo de 2025, Carlos Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora, anunció la revocación de su visa estadounidense; la medida también alcanzó a Ávila Olmeda, quien la atribuyó a un procedimiento administrativo. Más de un año después, el semanario ZETA de Tijuana reportó que la mandataria sí estaría bajo investigación de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, y que en audios filtrados aparece el ofrecimiento de firmar una carta proffer como vía de cooperación para intentar frenar cargos o sanciones. La gobernadora ha negado haberla firmado y ha calificado el episodio como una trampa.
Dos figuras del mismo grupo político. El mismo instrumento jurídico. Una lo rechaza públicamente; de la otra se difunde un documento con su nombre.
A ese cuadro se suma el perfil de quien opera su estructura territorial en Tecate. De acuerdo con documentos de la Corte del Distrito Sur de California obtenidos por el portal Punto Norte, el 8 de octubre de 2011 un tráiler aparentemente vacío ingresó a Estados Unidos por la garita comercial de Otay Mesa; un oficial de la CBP detectó una anomalía en la pared frontal de la caja y un agente canino reaccionó en la misma zona. En lugar de detener al conductor, agentes de Homeland Security Investigations permitieron la salida de la unidad y la siguieron hasta Lemon Grove, donde localizaron a Alfredo López Martínez, Rubén E. Sandoval Chávez y Pedro Medina Amaya intentando acceder al compartimento oculto. Del interior se extrajeron 951.2 kilogramos de marihuana. Según los documentos, Sandoval declaró que recibiría 300 dólares por hora para retirar remaches y tornillos, abrir el compartimento y ayudar a descargar.El 15 de noviembre de 2012, la jueza federal Irma E. González lo sentenció a 30 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable de posesión de marihuana con intención de distribuirla. La sentencia contempló su deportación o retorno voluntario a México y le prohibió reingresar ilegalmente. El Buró Federal de Prisiones lo registró con el número 28788-298 y consigna que dejó la custodia federal el 9 de diciembre de 2013.Cumplida la condena, Sandoval Chávez fue incorporado a la Secretaría de Bienestar de Baja California. Su registro más antiguo en la Plataforma Nacional de Transparencia corresponde al último trimestre de 2021. Aunque públicamente fue presentado como delegado en Tecate, su plaza era la de promotor, como personal de confianza. Hoy aparece como analista de Gestión de Proyectos, nivel 10, adscrito a la oficina del titular de la dependencia, con percepciones reportadas de 25 mil 317 pesos brutos. Su afiliación formal a Morena se registró el 21 de marzo de 2023.Quien lo nombró su representante en el municipio fue Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, entonces titular de Bienestar y principal colaborador político de Julieta Ramírez.
Jáuregui dejó la dependencia el 29 de junio de 2026 y fue sustituido el 1 de julio por Felipe de Jesús Gamboa Valdez. Su salida ocurrió una semana después de que Ramírez se registró en Morena como aspirante a la coordinación estatal.El domingo 23 de agosto de 2026, el comunicador Andrés Cruz Meza, director del portal Conexión Noticias, documentó en Tecate la concentración de habitantes de las colonias Santa Fe, Cerro Azul y La Sierrita para ser trasladados a Mexicali a una movilización encabezada por Ramírez. En el punto de reunión había entre cinco y seis camiones con logotipos de la Secretaría de la Juventud y del programa COMUNDER, banderas de Morena y cajas con alimentos. Las unidades no tenían aire acondicionado y la temperatura superó los 40 grados. Sandoval Chávez fue identificado y grabado coordinando el operativo.
El Gobierno de Baja California negó haber contratado o autorizado las unidades, señaló que los camiones de COMUNDER pertenecen a una empresa concesionaria y afirmó que cualquier uso indebido sería investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
No es el primer señalamiento sobre el uso electoral de esa estructura. En agosto de 2023, Punto Norte difundió una grabación en la que Valeria Oseguera Herrera, entonces coordinadora general operativa de la Secretaría de Bienestar, amenazó a una líder de Morena con retirarle apoyos sociales por haberse sumado al equipo de Claudia Sheinbaum. La funcionaria fue separada del cargo tras la publicación. Jáuregui Santillán negó haber ordenado el condicionamiento de programas y sostuvo que cada funcionario debía responder por sus actos.Sandoval Chávez operó también como enlace territorial en Tecate del proyecto presidencial de Adán Augusto López Hernández durante la contienda interna de 2023, respaldado en Baja California por Ramírez y Jáuregui.
Años después, Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad nombrado por López Hernández en Tabasco, fue detenido en Paraguay y vinculado a proceso como presunto dirigente de La Barredora. El exsecretario de Gobernación ha negado cualquier relación con esa organización.
Ninguno de los documentos publicados hasta ahora vincula a Ramírez Padilla con el llamado huachicol fiscal, el esquema de defraudación aduanera que ha detonado las investigaciones más sensibles del último año. Ese expediente lo encabeza la FGR contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, exmandos navales conocidos como "Los Primos" y sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, hoy en prisión preventiva por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que las indagatorias identificaron operaciones de esa red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, mediante la simulación de inspecciones, la aprobación de volúmenes manipulados y la desactivación de cámaras durante las descargas. La coincidencia geográfica es un dato de contexto. No es una imputación.
En el frente doméstico, el cerco es administrativo. El 1 de septiembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California ordenó a Ramírez Padilla retirar en un plazo de dos días hábiles una barda y 21 lonas con su nombre, imagen o expresiones relacionadas, además de cualquier propaganda física de contenido similar en la entidad. Las medidas derivan de denuncias del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración al interés superior de la niñez, así como por culpa in vigilando de Morena. Ninguna de esas infracciones está acreditada todavía. El 3 de septiembre, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena retiró por segunda ocasión las medidas cautelares en su contra, aunque mantuvo abierto el procedimiento.
Quedan tres cosas pendientes. Que la senadora con licencia explique jurídicamente —y no en clave de meme— si sostuvo o no reuniones con la fiscalía federal en San Diego. Que Morena defina si sostiene a una aspirante cuyo operador territorial en Tecate cumplió condena federal por narcotráfico y sigue en la nómina del gobierno estatal. Y que el Departamento de Justicia decida si la información que pudiera entregar vale un beneficio. Esa última decisión, según el propio documento, no se toma en Mexicali.
