Ningún régimen puede gobernar conciencias



10 de septiembre de 2026 

Pensar siquiera que un régimen puede, solo por ostentar el poder, dictar lo que se debe pensar, analizar, creer… es por demás absurdo. Limitar e imponer una idea acorde a las necesidades de las cupulas es ingenuo.

Los libre pensadores no aceptan guiones ni mucho menos creen discursos vacíos que solo tratan de convencer recurriendo al pasado sin mirar al futuro.

Hubo un día en que el gobierno quiso acabar con la libertad de creencia e imponer una verdad única. Olvidó que el catolicismo –corazón de la espiritualidad popular en México– arraigó particularmente en el occidente de nuestro país. Cuando el poder pasó del desprecio a la persecución, los campesinos se levantaron en armas. Estalló hace exactamente cien años: la Guerra Cristera.

Tenemos la fortuna de contar con una obra maestra que recreó con rigor y conmovedora empatía. Me refiero a La Cristiada de Jean Meyer. Sus tres volúmenes (publicados a principios de los años setenta) rescatan los más diversos avatares de la guerra, pero ante todo resaltan la fe del modesto campesino, cuyas hazañas recuerdan aún sus bisnietos.

Los antecedentes son conocidos. La necesaria separación de la Iglesia y el Estado, así como la plena libertad de creencia habían sido consagradas en la Constitución liberal de 1857. La virtud de ambos preceptos se convirtió en franca intolerancia con la Constitución de 1917 cuyo objetivo era erradicar la religión. El 3° asentaba: “Ninguna corporación religiosa […] podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria…”. El 130° negaba toda posible personalidad de las “denominadas Iglesias”, impedía a los ministros ejercer el voto y facultaba al Estado a determinar el número de sacerdotes.

Aunque los gobiernos de Carranza y de Obregón no ocultaban sus convicciones jacobinas, se abstuvieron de llevar ambos artículos a sus últimas consecuencias. Todo cambió en el período de Plutarco Elías Calles cuya decisión –manifestada a los obispos– fue irrevocable: “No hay otro camino […] que someterse a […] la ley”.

La respuesta fue inmediata. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa –el principal organismo de resistencia civil de los católicos– organizó un eficaz boicot económico. Por su parte, los obispos emitieron una pastoral que anunciaba la suspensión de cultos a partir del momento en que la Ley Calles entrara en vigor. El 31 de julio fue el último día de cultos en todo el país. Los fieles se arremolinaron frente a los templos. Calles declaró que “naturalmente” no pensaba suavizar siquiera las reformas. Ingenuamente, confiaba en que “cada semana sin ejercicios religiosos haría perder a la religión católica 2% de sus fieles”.

Calles esperaba suprimir el “fanatismo” del pueblo, pero un amplio sector del pueblo campesino en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y varias otras zonas se rebeló espontáneamente.

La Guerra de los Cristeros se prolongó por casi tres años. Sin organización central hasta el arribo tardío del general Gorostieta, los cristeros libraron una guerra de guerrillas similar a la zapatista y no menos efectiva. En el momento de los arreglos con Roma en junio de 1929 –en los que intervino el embajador estadounidense Dwight Morrow– había cerca de 50 mil campesinos en armas. Otros 25 mil habían muerto en combate.

El saldo final fue atroz. Sangrienta e injusta, aquella guerra no solo costó a México, en total, 70 mil vidas; provocó, además, una severa caída de la producción agrícola (38% entre 1926 y 1930) y la emigración de unas 200 mil personas.

La lección histórica continúa vigente: ningún régimen puede gobernar las conciencias.