Por María Albertina Mancilla
Analista Político
Después de 9 años de espera, llegaron duras consecuencias para los zimapenses, ya que en el 2004, el ayuntamiento de Zimapán autorizó a la empresa Abengoa Befesa el cambio de uso de suelo para que construyera una recicladora de basura, pero fue hasta 2007 cuando los habitantes de este lugar se enteraron de que lo que realmente pretende la empresa española, es construir en 133 hectáreas un confinamiento para el manejo de 4 mil toneladas de desechos industriales, durante un periodo de 50 años.
Lo anterior, provoco el descontento de los ciudadanos y fue como se conformó el movimiento “Todos Somos Zimapán”, este grupo fue creado para rechazar la instalación de de la empresa española que recicla residuos tóxicos, ya que esta provocará daños irreversibles en la salud de los habitantes y en el ecosistema de Zimapán, perjudicandose principalmente el manto acuífero de este municipio.
Ante la resistencia del movimiento al proyecto varios de sus integrantes fueron objeto de detenciones ilegales por parte de las corporaciones policiacas, pero la planta de confinamiento nunca pudo entrar en operaciones de manera formal.
En 2011, José María Lozano Moreno, entonces alcalde de Zimpán, embargó bienes de la empresa Abengoa, toda vez que el corporativo español no liquidó la multa, equivalente a 648 mil pesos que le impuso el municipio, por no contar con la licencia de operación respectiva. Fue por ese motivo que el corporativo español interpuso un arbitraje ante el Ciadi en contra del gobierno mexicano.
En días pasados el Gobierno de México confirmó que ha perdido un caso interpuesto en un tribunal arbitral del Banco Mundial (BM) después de que se impidiera a la empresa Befesa, filial de Abengoa, operar un depósito de residuos peligrosos que había construido en Zimapán, justo en el centro del país.
El ministro admitió que la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del BM sobre el litigio entre México y España fue favorable a este último país, lo que establece que se violó el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre ambos países.
En otras palabras México debe pagar a España por no haberle cumplido con los compromisos que tiene el país en materia de inversiones, no obstante, el diario Reforma adelanto que la suma estará "entre 42 y 45 millones de dólares" que irían a parar a Abengoa y a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), copartícipe en el proyecto.
Para las trasnacionales no importa el daño ambiental, la salud de los zimapenses, pero sobre todo alguien en el gobierno debió de haber hecho un gran negociazo a costa del bienestar del pueblo. Durante el gobierno de Calderon se otorgaron los permisos, pero ahora como por obra de magia, la nueva administración priísta nos sale con que se perdio el litigio, México se convertirá en el basurero de los españoles.
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