Por Julio Gálvez
Twitter: @juliogalvezb
La antropología dentro del campo de los derechos humanos y la política es un tema de gran relevancia para la democracia en México. El creciente reconocimiento de bienes humanos básicos contenidos en pactos internacionales por parte del Estado mexicano y su difusión a través de los medios de comunicación, ha originado un nuevo paradigma social que algunos núcleos de poder se niegan a reconocer en nuestro país.
Durante los últimos años hemos escuchado que en todos los foros nuestros políticos hablan de valores cuando son los que principalmente carecen de estos. Desgraciadamente para nuestra clase política los derechos humanos se han convertido en instrumentos legales de legitimación social que son utilizados para controlar a determinados sectores de la población; es decir, los derechos humanos simplemente son aplicados al arbitrio del poder, para dominar a los ciudadanos.
En pocas palabras, la clase política que nos gobierna, para consolidar su régimen de dominación institucional se encuentra disfrazando el uso indiscriminado de la fuerza pública a través del discurso de los derechos humanos. Por medio de la demagogia nuestros gobernantes buscan manipular a la población con el fin de evitar que los ciudadanos estallen en contra del gobierno en virtud de que la violencia en nuestro país ha alcanzado niveles realmente preocupantes.
En los últimos años, en México se ha incrementado de forma alarmante el numero de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de personas a consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas, como la trata de personas. En términos generales, gracias a la incapacidad de nuestros gobernantes el país se ha tornado ingobernable.
Ante la crisis de inseguridad que se vive, el gobierno mexicano ha tomado medidas precipitadas que sólo han generado un clima de caos y temor que predomina en varias regiones del país. En pocas palabras, el combate frontal a la delincuencia organizada ha provocando un fuerte incremento del número de homicidios, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Gracias al clima de violencia ocasionado por nuestra la clase política, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos, han alzado sus voces en contra de la inseguridad, convirtiéndose de esta forma en blancos del Estado mexicano y de organizaciones delictivas. Lamentablemente el gobierno no ha sido capaz de ofrecerle justicia a las víctimas de la impunidad.
Según el informe de Human Rights Watch, titulado: “Ni Seguridad, Ni Derechos", México ocupa el segundo lugar mundial en desapariciones forzadas de personas. En nuestro país, cientos de ciudadanos en su mayoría periodistas y activistas políticos, han desaparecido de forma inexplicable en los últimos 15 años, y en ninguno de los casos el Estado mexicano ha encontrado a los culpables. Este organismo internacional asegura tener información concreta, detallada y verosímil sobre la participación de funcionarios públicos en este tipo de conductas delictivas.
Conforme a lo anterior y ante el fracaso del sistema de justicia, México se ha convertido en el segundo país con el mayor número de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de Colombia, evidenciándose de esta forma que el gobierno mexicano esta coludido con los criminales, ya que nuestros políticos han obstaculizado cualquier tipo de reforma “que regule todos los aspectos de la desaparición forzada de personas”.
Así, por ejemplo, mientras ocho estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Df, Guerrero, Nayarit y Oaxaca) han incluido este delito en sus respectivos códigos penales, en los restantes 24 este no es visto como un delito “autónomo”, y por lo tanto es enfrentado como abuso de autoridad, detención arbitraria, delitos contra la administración de la justicia o secuestro, en las que la “severidad de la pena” no resulta apropiada. Incluso, algunas víctimas “son simplemente consideradas como extraviadas o perdidas, particularmente en grupos de mujeres, menores y migrantes.
De igual forma, otra cuestión que impide prevenir las desapariciones forzadas, es la falta de normas, estatales y federales, que regulen el uso de la fuerza pública, de lo cual es ejemplo que la ley en la materia avalada en 2009 por la Cámara de Diputados “está pendiente de aprobación en el Senado”, mientras que otras reformas legales, como la de 2008 en materia penal, destinada a combatir el crimen organizado, “socavan la protección en contra de las desapariciones forzadas”.
México, a través del tiempo ha ido reconociendo progresivamente y desorganizadamente derechos humanos que en el pasado no estaban reconocidos dentro del orden legal interno. La presión internacional y el peligro a un estancamiento económico, han generado que el Estado mexicano reconozca a mayor medida derechos humanos básicos, pero a su vez, muchos de estos, gracias a la corrupción, simplemente se han quedado en el discurso político.
La problemática actual por la que atraviesa nuestro país en materia de corrupción, seguridad y justicia, hace necesario que los derechos humanos sean garantizados de forma integral por el Estado. Como ha afirmo Norberto Bobbio en su obra “El Problema de la Guerra y las Vías de la Paz”, los derechos humanos se despliegan en un proceso inacabado del cual la declaración universal debe ser entendida como el punto de partida hacia una meta progresiva. Por lo tanto, el problema no es solamente construir los instrumentos que garanticen esos derechos, sino perfeccionar el sistema jurídico y organizacional de un Estado.
La situación de nuestro país es sumamente preocupante, es necesario que los operadores legales abandonen los formalismos jurídicos absurdos, para darle paso a un nuevo paradigma en el que los derechos humanos sean garantizados de forma efectiva. México necesita un cambio de rumbo, hoy vivimos una de las crisis más severas en materia de administración de justicia, lamentablemente contamos con un Poder Judicial totalmente sometido al poder político, de nada servirán las reformas estructurales cuando para los operadores legales la política se encuentra por encima de las instituciones.
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Julio Alejandro Gálvez Bautista, es Especialista en Derecho Civil, Maestro en Derecho Procesal Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana; ha enfocado su trabajo en temas sobre Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derechos Sociales, Derecho a la Información y Reforma Gubernamental / www.juliogalvez.com
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