Es una pena en lo que se han convertido nuestras instituciones encargadas de la administración de justicia, de haber alcanzado un grado importante de independencia con las reformas constitucionales de 1994, pasaron a convertirse en instrumentos de la política.
Lo anterior viene al caso, ya que el aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, propuesto por el ejecutivo federal, es uno de los presuntos encubridores del posible fraude cometido por el constructor de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú.
Hinojosa Cantú, administrador de la empresa de Energéticos del Centro, S.A. de C.V. en 2006, omitió un pago fiscal de 8 mil 762 millones 564 mil pesos en el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR), delito por el cual Luis Mancera de Arrigunaga, titular de la Procuraduría Fiscal, emitió una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR inició la investigación por la evasión fiscal, en ese momento Laynez Potisek era subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría y hasta 2008 fue nombrado procurador fiscal, quien ya en ese puesto omitió y no dio seguimiento en el caso contra Hinojosa Cantú, informó el abogado Mario Flores a Apro.
Es decir que los asuntos penales contra el empresario fueron desaparecidos con el apoyo del actual aspirante a ministro de la SCJN, liberando a Hinojosa de cualquier responsabilidad legal.
Laynez Potisek es uno de los seis aspirantes que Enrique Peña Nieto envió a la Congreso para que cubran las dos vacantes para ministros de la SCJN, por lo que de llegar a la Corte, se pone en riesgo la independencia del poder judicial, ya que su perfil de ex procurador fiscal, lo convierte en un defensor de los intereses del gobierno y de la clase política.
Ante esta situación y después de los múltiples casos de corrupción como el del "Zar de los Casinos", podemos concluir que el Poder Judicial de la Federación está podrido en su interior; Ministros, Jueces y Magistrados realizan su trabajo muy alejados de garantizarle justicia a los ciudadanos toda vez que se han convertido en esclavos de la política.
Por desgracia para los mexicanos, los juzgadores que no son corruptos y que en verdad le han aportado prestigio a la judicatura federal, son forzados a salir sin explicación alguna adscribiéndolos en plazas de castigo, para cederle el lugar a todas aquellas personas que ingresan al poder judicial como instrumentos de los hombres de negocios ilícitos.
Es lamentable la época que vive el Poder Judicial de la Federación, hoy más que nunca hace falta una reforma en materia de justicia, la realidad ha superado a nuestros juzgadores o mejor dicho la corrupción, el nepotismo, la venta de plazas y los intereses políticos, ya que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, la política y los negocios están por encima de la justicia.
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Fuente: Revolución Tres Punto Cero.
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