Ante la falta de inteligencia para gobernar, el gobierno mexicano recurre a la violencia contra los maestros para imponer la reforma educativa.
Por Alonso Quijano.
El magisterio mexicano es uno de los gremios latinoamericanos que durante años ha mantenido, a costa de recibir represión y ataques mediáticos, su lucha por mejores reivindicaciones y beneficios sociales, según refiere el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez.
Estos últimos días, los maestros de México han salido de las aulas para dar la batalla de las ideas en la calle, lugar de donde parecen no haber salido jamás. Sus constantes peticiones por ser escuchados y tomados en cuenta parece algo cotidiano, pero se trata de una deuda pendiente en la agenda de los últimos tres periodos presidenciales.
Ramírez, quien a lo largo de los años se ha dedicado a defender y estudiar los derechos humanos deploró la imposición de la reforma educativa que ocasionó que al menos siete mil docentes realizaran un plantón multitudinario de tres días la semana pasada, que lejos de obtener el efecto deseado, ocasionó el despido de más de tres mil maestros en este país.
También argumentó que las medidas de protestas responden a que el cuerpo normativo es contrario a los intereses del magisterio, del desarrollo del país, y carece de las herramientas para garantizar la educación adecuada de la población.
Rechazó que el Estado permita la existencia de al menos 9 mil profesionales de la educación a punto de ser despedidos por haber participado de un paro por tres días, en el cual solo demostraban su descontento por la reforma educativa que fue impulsada por el mandatario de la nación, Enrique Peña Nieto.
El defensor de los derechos humanos dijo que lo más grave del asunto son las represiones a las que está sometida la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), movimiento sindical que encabeza las manifestaciones y contra el cual existe un dictamen de las Fuerzas Armadas para impedir sus acciones en la calle.
“Se habla incluso de maestros que son retenidos y llevados lejos (…) estamos ante una situación grave”. Explicó que no solo se rechaza la evaluación docente, sino que la ley restringe los derechos laborales.
“La valoración de la labor docente se hace bajo un sistema de calificación, mediante un examen que anula los derechos de antigüedad (…) no es un mecanismo eficaz porque ni siquiera permite la corrección de los docentes”, dijo.
A ello se le suma que la reforma educativa, según indicó, impone un modelo educativo que no es liberador y que de forma contraria, solo restringe y limita la formación de jóvenes y niñas, dejando por fuera el desarrollo social del pueblo de México, porque crea individuos sumisos y está condicionado a los intereses de grandes empresas.
La CNTE debe enfrentar no solo este panorama, sino una guerra mediática que busca criminalizar el movimiento y acabar con él porque no solo ha emprendido una campaña por sus intereses, sino por temas delicados para el Gobierno mexicano como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“Se dice que la cantidad de personas movilizadas va mermando, es normal, porque hay que tomar en cuenta la represión que ha sido grande, además del uso de los medios. Sin embargo, la calidad de las manifestaciones y la cantidad de los profesores (…) obliga al estado mexicano a reconocer sus derechos”, sostuvo Ramírez.
De igual forma, señaló que en noviembre próximo se cumplen diez años del conflicto magisterial de Oaxaca, que llevó a plantones en los que participaron al menos 80 mil maestros para pedir una mejor calidad de las escuelas oaxaqueñas, mantenimiento óptimo para las escuelas en zonas rurales y justicia en ese estado mexicano.
Sobre los despidos masivos de los más de siete mil docentes que participaron del paro, dijo Ramírez que no cree que procedan porque si no el Gobierno de Peña Nieto tendrá al menos siete mil maestros de forma permanente y a tiempo completo en la calle exigiendo sus derechos.
El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos describió a la CNTE como un organismo de resistencia sólida que levanta las banderas de la libertad en la peor crisis de derechos humanos en la historia de México, incluso de toda América Latina.
La postura oficial de la CNTE
En su portal web oficial, la CNTE refiere que “el gobierno de Enrique Peña Nieto impone reformas estructurales que los afectan económicamente como pueblo trabajador y que los conllevan a la pérdida de los derechos ganados durante décadas de lucha”.
Un boletín reza que “los maestros hemos resistido durante los últimos tres años esta imposición que castiga y somete a los docentes a una evaluación punitiva y privatiza la educación.”
Asimismo, dice que la manifestación del gremio en las principales ciudades del país tienen como objetivo exigir la abrogación de la reforma educativa, en defensa de la educación pública y los derechos laborales.
En resumen, presentan dos aspectos fundamentales y argumentos del plantón:
1. Defender la educación pública.- “El gobierno y los empresarios están llevando a cabo políticas de privatización, no sólo dando muchas facilidades para crear escuelas particulares, sino también porque el tipo de educación que quieren imponer es para formar personas no pensantes y sumisas que sirvan principalmente para obedecer a los ‘patrones’”.
2. Defender el empleo y nuestras condiciones de trabajo.- “Desde hace varios años, el gobierno ha estado lesionando nuestros derechos laborales, por ejemplo, aumentó los años de servicio para la jubilación y eliminó la plaza base para todos los docentes, sin importar la antigüedad. Debido a una ‘evaluación’ represiva, miles de nosotros estamos en riesgo de perder el empleo, como ya lo perdieron 3 mil 360 maestros despedidos”.
El mundo rechaza la represión que se vive en México.
El mundo rechaza la represión que se vive en México.
Por su parte, cientos de personalidades y organizaciones académicas, eclesiales, populares, estudiantiles, de derechos humanos y sociales de diferentes partes del mundo expresaron su rechazo a la campaña de desprestigio y la brutal represión que desde el gobierno federal se está aplicando contra los maestros y maestras de México.
Se pronunciaron por la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión resultado de este conflicto.
También solicitan iniciar un diálogo nacional resolutivo entre el gobierno federal y los representantes de la CNTE, interlocutor legítimo del movimiento magisterial, que rechaza con dignidad la llamada reforma educativa del gobierno federal.
Exigieron el cese a la represión y la persecución contra el movimiento magisterial y de las miles de personas que han salido a manifestarse contra la llamada reforma educativa. Cancelar el derecho a la protesta social es, sin duda, característica principal de un Estado autoritario.
Apuntaron que como hombres y mujeres de distintas nacionalidades y profesiones, hemos visto consternados la campaña de desprestigio y la brutal represión que desde el gobierno federal se están aplicando en contra de los maestros y maestras de México.
Por último, enviaron un saludo fraterno y se solidarizaron con los profesores que se movilizan, con sus familiares y con toda la sociedad civil que en diferentes puntos de México hoy defiende su derecho a la educación pública y gratuita y a un trabajo digno.
Firmaron el documento:
Pablo González Casanova, el obispo Raúl Vera, Miguel Concha Malo, Rodolfo Stavenhagen, Víctor Flores Olea, Magdalena Gómez, Gilberto López y Rivas, Alfredo López Austin, Ana Esther Ceceña, Paulina Fernández, Alicia Castellanos, Carlos Fazio, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González, Héctor de la Cueva, Gonzalo Ituarte.
Asimismo, Pablo Romo, Jorge González Souza, Guillermo Briseño, Óscar González, Daniel Inclán, Carlos Ventura, Citlalli Hernández Saad, Argel Gómez Concheiro, Raúl Romero, Samuel González, Enrique Pineda, Sergio Méndez Moissen, Javier Bautista de la Torre, David Acevedo Straulino, Atzelbi Hernández y Argelia Guerrero Rentería.
Se adhirieron entre muchos otros, Adolfo Gilly, Ofelia Medina, Gustavo Esteva, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Martín Esparza Flores, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, Cristina Barros, Julieta Egurrola, John Saxe-Fernández, Víctor M. Toledo, Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, Norma Andrade, Guillermo Almeyra, Ilán Semo, Lorenzo Meyer, José Humberto Montes de Oca, Alejandro Encinas, Daniel Giménez Cacho, Elvira Concheiro, Fabrizio Mejía Madrid, el presbítero Pedro Pantoja, Pietro Ameglio y Celeste Batel de Cárdenas.
Asimismo, académicos y profesionistas de Reino Unido, Francia, España, Irlanda, Uruguay, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Venezuela, Bolivia, País Vasco, Colombia.
Firmaron también profesores de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM, de la Universidad Iberoamericana, el ITESO y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros centros de estudio.
Lo mismo hicieron el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuatla; Tribu Yaqui; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana).
Igualmente, Casa del Migrante Saltillo; los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Fray Matías de Córdova, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Flor y Canto; los centros de Reflexión y Acción Laboral, así como Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, entre centenares de firmas.
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