Por Jorge Montejo.
Ante las acusaciones del PAN realizadas en el Congreso del Estado de Hidalgo de que durante el sexenio de Miguel Ángel Osorio Chong, se vendieron ilegalmente parques, jardines y zonas ecológicas protegidas, la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, señaló que las ventas fueron legales, haciendo referencia a los jardines del Fraccionamiento Valle de San Javier en Pachuca, Hidalgo.
La funcionaria federal señaló durante la exposición Norte infinito: Pueblos Indígenas en Movimiento, que el proceso fue legal luego de los señalamientos de que estos terrenos eran públicos y que se vendieron a un precio menor al establecido en su momento. “Esto que hablan y que comentan que son terrenos que son públicos, no es así, ustedes lo pueden constatar, está la documentación, existe un decreto, toda la legalidad que se tiene que llevar en cada uno de los procesos en este caso cuando yo era Secretaria de finanzas”, puntualizó la ex funcionaria estatal.
Ante estas declaraciones, la Diputada Gloria Romero León, señaló que justamente la ilegalidad de las ventas realizadas radica en que el gobierno hizo pasar bienes del dominio público como lo son parques, jardines y zonas ecológicas protegidas por bienes del dominio privado para poder vender esas propiedades de uso común a precios irrisorios y en beneficio de particulares o incluso de políticos.
De hecho, muchas de las áreas destinadas para donación (que son establecidas como no vendibles) están limitadas de originen, ya que se supone que el gobierno solo otorga permisos para fraccionar bajo la condición de que los fraccionadores donen ese tipo de terrenos para la edificación de vialidades, escuelas públicas y jardines, por lo que su venta para otros fines es ilegal, incluso hay precedentes de casos similares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, varios ciudadanos y diversas asociaciones de colonos de todo el estado preparan acciones legales en contra de la venta ilegal de las áreas verdes y expropiación de bienes ejidales, ya que el caso San Javier es apenas la punta del iceberg de las irregularidades que ocurren en Hidalgo en materia de fraccionamientos, toda vez que diversos políticos han hecho jugosos negocios, incluso han construido grandes edificios que son rentados al propio gobierno en un círculo de corrupción sin límites.
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