La extradición de Lozoya, tratado con guante de seda por el actual gobierno, fue precedida por la firma de una declaración, en la cual señala a quienes recibieron sobornos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto estaría provocando un sonado nerviosismo en ciertos círculos políticos y económicos que se beneficiaron de los negocios al amparo del poder.
La acusación podría alcanzar también a varios gobernadores en funciones que hoy están enfrentados con el gobierno, como los de Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Baja California Sur y Tamaulipas. Y en momentos como éste aparece el fantasma de una acusación contra los dos últimos presidentes de México. Una carta que, aunque AMLO no utilice en aras de no salpicar la legitimidad de la institución presidencial ni polarizar más su sexenio, es en sí misma una verdadera espada de Damocles sobre aquellos.
Incluso, al calor de esto surgieron nuevos rumores. La posibilidad de que Miguel Osorio Chong, el otrora poderoso ex secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, esté bajo los reflectores de una nueva investigación por enriquecimiento ilícito.
El gobierno pretende, sin duda, que el caso Lozoya (y los que vengan luego), fortalezca su imagen a los ojos de la población, retomando la bandera del llamado combate contra la corrupción. Esto se da en un momento económico y social donde necesita de hechos mediáticos y gestos políticos que jueguen a su favor. Y es en el mismo sentido que va el encarcelamiento de César Duarte en EE. UU. —un verdadero regalito de la Casa Blanca— cuya audiencia se pospuso recientemente.
En este intento de contrarrestar la pérdida relativa de popularidad, la Cuarta Transformación quiere también utilizar los nuevos hechos en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No es casual que las declaraciones en torno a ello hayan sido el día anterior a la visita de AMLO a Washington, Planteando que, gracias a las nuevas investigaciones, se echó por tierra la “verdad histórica” de Peña Nieto. Sin embargo, ésta ya había sido denunciada y demostrada su falsedad por los padres de los estudiantes desaparecidos y por las movilizaciones multitudinarias que señalaron al Estado como responsable. Sin embargo, AMLO pretende presentar un éxito de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la desprestigiada PGR de los gobiernos priístas y panistas.
Si todo esto busca como decimos fortalecer la imagen del presidente, a la par tanto el reanimamiento del combate contra la corrupción como la posibilidad de nuevas investigaciones, apuntan a poner a la defensiva a una oposición que había comenzado a levantar cabeza, encabezada por los gobernadores, fundamentalmente de militancia panista e “independiente”.
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