Alonso Quijano
Ciudad de México / Washington, 10 de febrero de 2026
“La existencia de una alianza intolerable entre las organizaciones del narcotráfico mexicanas y el gobierno de México” no apareció como un encabezado estridente ni como un discurso presidencial en cadena nacional, sino casi enterrada en un comunicado oficial de la Casa Blanca sobre aranceles comerciales. Aun así, la frase, atribuida al gobierno de Donald J. Trump, tuvo el efecto de una explosión política. No se trató de una metáfora diplomática ni de una exageración retórica: fue una acusación directa que, de ser cierta, redefine por completo la relación entre ambos países y coloca al Estado mexicano en una categoría históricamente reservada para enemigos formales de Estados Unidos.
La afirmación no es menor. Implica que el gobierno de México actúa en concierto con los cárteles, los protege, los tolera o incluso se beneficia de ellos; organizaciones criminales a las que Washington responsabiliza por cientos de miles de muertes por sobredosis, principalmente por fentanilo, así como por el tráfico de personas y la erosión de la seguridad en su frontera sur. En términos geopolíticos, equiparar a México con el Panamá de Manuel Noriega o con la red de Osama bin Laden no solo es inédito: es potencialmente más grave, por tratarse de un país con más de 3 200 kilómetros de frontera compartida.
¿Es verdadera esa acusación? Para buena parte de los analistas, exfuncionarios y expertos estadounidenses en política bilateral, la respuesta es incómoda pero clara: sí. Y lo sorprendente no es que se haya formulado, sino que haya tardado tantos años en hacerse explícita. Tras lo que describen como una etapa de complacencia durante la administración de Joe Biden, el gobierno estadounidense parece haber decidido llamar a las cosas por su nombre.
La acusación no surge de la nada. Diversos centros de análisis en Estados Unidos, entre ellos la Texas Public Policy Foundation, han documentado durante años patrones persistentes de colusión, omisión y protección política entre autoridades mexicanas y organizaciones criminales, con especial énfasis en el Cártel de Sinaloa. El argumento central es que México se consolidó en la última década como un régimen de partido dominante, de corte populista, alineado ideológica y operativamente con gobiernos como los de Cuba y Venezuela, donde el crimen organizado no es solo un negocio tolerado, sino una herramienta de control interno y proyección externa.
En ese entramado, la figura clave es Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó México entre 2018 y 2024 y que, según múltiples investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia citados en Estados Unidos, mantuvo una relación de protección sistemática con el Cártel de Sinaloa. Durante su sexenio, López Obrador defendió públicamente a esa organización frente a presiones estadounidenses, visitó en repetidas ocasiones Badiraguato —cuna histórica del cártel—, ordenó la liberación de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su captura, intervino para lograr la liberación del general Salvador Cienfuegos luego de su detención en Estados Unidos y restringió severamente la operación de agencias estadounidenses en territorio mexicano. Incluso llegó a advertir que usaría a las Fuerzas Armadas para impedir acciones unilaterales de Washington contra los cárteles.
Nada de ello ocurrió en la clandestinidad. Por el contrario, fueron actos públicos, defendidos desde la tribuna presidencial, bajo la lógica de la “soberanía” y la no intervención. López Obrador no parecía temer al juicio de la opinión pública mexicana; sí, en cambio, a la justicia estadounidense. Esa preocupación se hizo evidente cuando investigaciones de ProPublica y The New York Times revelaron la existencia de indagatorias del Departamento de Justicia sobre presuntos vínculos financieros entre su entorno político y el Cártel de Sinaloa, investigaciones que habrían sido congeladas durante la administración de Barack Obama. La reacción del entonces presidente mexicano no fue desmentir con pruebas, sino amenazar públicamente a los periodistas y medios involucrados.
Estados Unidos, por su parte, dio un paso adicional en enero de 2025 al clasificar formalmente a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esa decisión, sin precedentes, amplió de manera drástica el marco legal para perseguir no solo a los criminales, sino a cualquier actor —incluidos funcionarios— que los financie, proteja o colabore con ellos. Desde la óptica de Washington, la violencia que los cárteles ejercen en México y en Estados Unidos no es solo crimen organizado: es terrorismo transnacional.
El problema, subrayan analistas estadounidenses, no se limita a López Obrador como figura individual. Casos como el del general Cienfuegos, conocido en expedientes de inteligencia como “El Padrino”; las denuncias sobre acuerdos entre gobiernos estatales de Morena y organizaciones como el Cártel del Noreste o el Cártel Jalisco Nueva Generación; y la existencia de redes políticas del partido oficial en ciudades estadounidenses, alimentan la percepción de que la colusión es sistémica, no anecdótica.
Además, Washington observa con inquietud lo que considera intentos del Estado mexicano por influir políticamente dentro de Estados Unidos, desde la movilización de estructuras partidistas hasta el uso de consulados para proteger flujos de remesas que, según agencias estadounidenses, constituyen una fuente clave de ingresos para los cárteles. En ese contexto, la migración irregular, el tráfico de personas y el fentanilo no son fenómenos aislados, sino instrumentos de presión y desestabilización.
El relevo presidencial de octubre de 2024, que llevó al poder a Claudia Sheinbaum, no alteró sustancialmente esta percepción en Washington. Para la Casa Blanca, se trató de una sucesión controlada, sin ruptura real con el aparato político ni con las redes heredadas del obradorismo. La reacción airada del gobierno mexicano a la acusación estadounidense fue leída menos como una defensa soberana y más como el reflejo de intereses amenazados.
Al final, la acusación de una “alianza intolerable” no es solo una declaración política: es una advertencia. Estados Unidos ha dejado claro que considera al crimen organizado mexicano una amenaza directa a su seguridad nacional y que ve al Estado mexicano no como un socio pasivo incapaz, sino como un actor que, por acción u omisión, ha permitido que esa amenaza crezca. Lo que sigue —sanciones, investigaciones reabiertas, presiones diplomáticas o acciones más severas— será una decisión de Washington. La responsabilidad histórica, en cambio, recae por completo en el gobierno mexicano y en el proyecto político que decidió convivir, proteger y normalizar al crimen organizado desde el poder.
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Fuente: Artículo publicado en febrero de 2025 en la revista británica The Spectator el cual reavivó las acusaciones sobre los presuntos vínculos del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con cárteles de la droga, en particular con el Cártel de Sinaloa.
