Julio Gálvez
18 de febrero de 2025
El partido que nació como vehículo electoral de un movimiento social enfrenta hoy su contradicción más peligrosa: la guerra interna entre quienes llegaron por convicción y quienes llegaron por conveniencia. Pero la fractura ya no responde únicamente a dinámicas internas. Una presión externa, silenciosa y determinante, está acelerando la descomposición desde fuera: la relación con Estados Unidos y las condiciones que Washington habría impuesto para mantener la estabilidad bilateral. Y en el centro de todo, una dinámica que define la verdadera naturaleza de esta crisis: México vive un maximato del siglo XXI, diseñado por Andrés Manuel López Obrador para gobernar detrás del trono a través de una presidenta que, contra todo pronóstico, está intentando desmontar esa arquitectura de control.
La pregunta ya no es si Morena se fractura, sino si esa fractura obedece a una depuración voluntaria, a una reconfiguración dictada desde el exterior, al intento de Sheinbaum por liberarse de la tutela obradorista o a una demolición que nadie podrá controlar.
Morena vive una implosión que no debería sorprender a nadie que haya observado su crecimiento acelerado durante la última década. Un partido que pasó de ser una estructura militante relativamente compacta a convertirse en la primera fuerza política del país no lo hizo solo con bases ideológicas: lo hizo absorbiendo a miles de políticos provenientes del PRI, del PAN, del PRD, del Verde y de prácticamente cualquier sigla que alguna vez haya existido en el mapa electoral mexicano. Los llamados chapulines, figuras que saltan de partido en partido según la coyuntura del poder, encontraron en Morena un refugio rentable. No llegaron por la Cuarta Transformación; llegaron porque Morena ganaba elecciones.
El resultado es un partido inflado artificialmente, donde conviven liderazgos locales sin formación política real junto a operadores experimentados cuya única lealtad ha sido siempre hacia el presupuesto público. Esa convivencia funcionó mientras existía un liderazgo presidencial que concentraba la disciplina y la narrativa. Con López Obrador fuera de Palacio Nacional, esa disciplina no desapareció: mutó. AMLO no se retiró del poder; diseñó un mecanismo de continuidad. Colocó piezas en posiciones clave del gabinete, del aparato legislativo y de la estructura partidaria con un propósito que diversos analistas han señalado abiertamente: mantener el control real del gobierno desde fuera de la investidura presidencial. Un maximato en toda forma.
Pero el diseño del maximato obradorista fue más allá de la colocación de leales en puestos estratégicos. López Obrador habría intentado heredarle a Sheinbaum no solo un gobierno, sino un entramado completo de relaciones políticas, compromisos y, según múltiples señalamientos periodísticos e investigaciones públicas, vínculos con estructuras de la delincuencia organizada que operaron como parte del ecosistema de gobernabilidad durante el sexenio anterior. La herencia no era solo un gabinete ni una agenda legislativa: era una red de pactos, tolerancias y equilibrios informales que la nueva presidenta debía asumir como propios para que el sistema siguiera funcionando bajo la tutela del expresidente.
Lo que AMLO no anticipó, o subestimó, es que Sheinbaum no aceptaría gobernar como regente de un poder ajeno. Lo que desde fuera se ha interpretado como un distanciamiento progresivo entre ambos es, en realidad, algo más estructural y más arriesgado: el intento deliberado de Sheinbaum por desmontar el maximato. No se trata de una ruptura ideológica ni de un desencuentro personal. Se trata de una presidenta que comprendió que mientras el poder real residiera fuera de Palacio Nacional, su gobierno sería una ficción institucional. Y que aceptar la herencia completa, incluidos los compromisos con actores del crimen organizado y las redes de poder informal construidas durante seis años, significaría gobernar como administradora de un sistema diseñado para beneficiar a otro.
Esa decisión de resistir el maximato coincide y se potencia con una presión externa igualmente determinante. Diversos análisis y señales diplomáticas sugieren que la administración Sheinbaum habría priorizado la supervivencia del régimen y la contención internacional por encima de la cohesión interna del movimiento. La presión proviene directamente de Estados Unidos. Bajo la administración Trump, Washington habría señalado, según fuentes e interpretaciones de política exterior, que Omar García Harfuch representa la figura aceptable como garante de seguridad y potencial sucesor en la lógica de cooperación bilateral. El mensaje implícito, según esta lectura, es inequívoco: alineación política o escalamiento de presiones económicas y, en el extremo, militares. Sheinbaum, de acuerdo con esta interpretación, habría elegido la alineación.
De este modo, la purga interna cumple una doble función: hacia afuera satisface las exigencias de Washington; hacia adentro desmantela la estructura del maximato. Alinearse con las prioridades de seguridad estadounidenses implica sacrificar a los segmentos más radicales y comprometidos de la base morenista, precisamente aquellos que funcionaban como correas de transmisión del poder obradorista dentro del aparato estatal. Las facciones vinculadas al obradorismo ortodoxo, a la influencia cubana en política educativa, al socialismo doctrinario y a lo que algunos analistas describen como gobernanza tolerante con estructuras del crimen organizado se habrían convertido simultáneamente en pasivos inaceptables para Washington y en pilares del maximato que Sheinbaum necesita desactivar. La respuesta ha sido quirúrgicamente política: una serie de amputaciones calculadas que despejan el camino en ambas direcciones.
Observadas en conjunto, las remociones y desplazamientos recientes dentro del gobierno y del partido dibujan un patrón coherente con esta doble lectura. La salida de Marx Arriaga de la estructura educativa eliminó la columna vertebral ideológica de la Nueva Escuela Mexicana, un proyecto con influencia doctrinaria de inspiración cubana que había generado resistencia tanto interna como en sectores académicos internacionales; su remoción no fue administrativa, fue la cancelación de un proyecto ideológico que además representaba uno de los espacios de influencia directa del obradorismo sobre la política pública. El desplazamiento de Alejandro Gertz Manero debilitó el escudo prosecutorial que, según diversos señalamientos públicos, habría protegido a actores internos del escrutinio externo, funcionando como pieza clave en la arquitectura de impunidad que sostenía compromisos heredados. La neutralización política de Adán Augusto López fracturó la estructura de control en el Senado que durante años garantizó disciplina partidaria, representando la pérdida del operador legislativo más importante del maximato. La salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda señaló una ruptura con el nacionalismo fiscal que había generado alarma en mercados internacionales. Y la remoción de Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración cerró un capítulo de gestión migratoria que se había vuelto insostenible frente a las agencias de seguridad estadounidenses, particularmente tras las tragedias documentadas en estaciones migratorias. Leídas por separado, cada remoción tiene explicaciones burocráticas plausibles. Leídas en conjunto, configuran el desmantelamiento simultáneo del obradorismo radical dentro del aparato estatal y de las piezas que sostenían el maximato como sistema de control a distancia.
Entender esto cambia radicalmente la narrativa. No estamos ante una presidenta que se distancia gradualmente de su mentor por diferencias de estilo. Estamos ante una presidenta que está desarticulando, con riesgo calculado y bajo doble presión, un sistema diseñado para que ella nunca gobernara realmente. El maximato obradorista dependía de que Sheinbaum aceptara las reglas heredadas: los compromisos políticos, las relaciones con actores extragubernamentales, los equilibrios informales con el crimen organizado, la red de lealtades personales colocada en puestos estratégicos. Al rechazar esa herencia, Sheinbaum no solo desafía a López Obrador; desafía a todo el sistema de poder que él construyó para sobrevivir más allá de su mandato.
Y es aquí donde la lectura geopolítica adquiere su dimensión más inquietante. El desmantelamiento sistemático de cada pieza que López Obrador colocó para sostener su influencia desde el retiro, la desactivación de los escudos prosecutoriales que protegían a su círculo, la apertura progresiva hacia mecanismos de cooperación en inteligencia y persecución penal con Estados Unidos y la eliminación de las zonas de tolerancia informal que definieron la gobernabilidad de su sexenio trazan, inevitablemente, una línea que conduce hacia el arquitecto del sistema. Si Washington exige desmontar la red, la pregunta que ningún actor político en México formula en público pero que todos calculan en privado es si el objetivo final de esa cadena de desmantelamiento se detiene en los operadores o alcanza a quien los articuló. El silencio de López Obrador en Palenque, leído bajo esta óptica, podría no ser retiro voluntario sino repliegue estratégico de alguien que comprende que la estructura que construyó para protegerlo está siendo desarmada pieza por pieza.
La reacción interna no se hizo esperar y no fue espontánea. El desafío de Saúl Monreal en torno a la candidatura de Zacatecas no se reduce a un episodio de nepotismo familiar. Es una prueba de autoridad por parte de un clan político que comprende que su margen de maniobra se reduce con cada día que pasa y que el desmantelamiento del maximato implica la pérdida de las protecciones que ese sistema les garantizaba. El movimiento unilateral de Manuel Velasco en San Luis Potosí refleja el cálculo oportunista de aliados que ya no confían en que el centro pueda garantizar protección ni cumplir compromisos, porque el centro mismo está siendo redefinido. La resistencia de Marx Arriaga a abandonar su posición representó la defensa simbólica de un ala ideológica que interpreta esta transición no como pragmatismo sino como la liquidación del proyecto original. Para el sector doctrinario del movimiento, cada remoción confirma que el maximato está siendo destruido y con él la posibilidad de que el obradorismo sobreviva como fuerza real dentro del Estado.
Esa resistencia no es caprichosa ni meramente ambiciosa. Es estructural porque las consecuencias son existenciales. Para las facciones que diversos analistas han descrito como antiamericanistas o vinculadas a zonas grises de gobernabilidad, una sucesión encabezada por García Harfuch no representa simplemente la pérdida de cargos. Representa exposición. La integración plena al aparato de seguridad estadounidense implica intercambio de inteligencia, cooperación prosecutorial bilateral y el fin de las zonas de tolerancia informal que, según múltiples reportajes e investigaciones periodísticas, habrían operado durante el sexenio anterior. Quienes operaron en esos márgenes, muchos de ellos beneficiarios directos de los pactos que el maximato obradorista intentó heredar, entienden que su supervivencia política, y en algunos casos legal, depende de bloquear ese resultado.
La posición de Sheinbaum es, en consecuencia, cada vez más precaria en términos de equilibrio interno. Al cooperar con Washington para evitar una confrontación abierta y simultáneamente desmontar el maximato desde dentro, está librando una guerra en dos frentes con una coalición que se adelgaza con cada movimiento. Las purgas debilitan su legitimidad interna incluso mientras le compran protección externa y autonomía real. Es la paradoja de una presidenta que para gobernar de verdad necesita destruir la estructura que la llevó al poder. El poder dentro de Morena ya no fluye verticalmente hacia la presidencia. Se está fragmentando lateralmente: hacia gobernadores que operan como señores feudales de sus territorios, hacia caciques regionales que negocian por cuenta propia y hacia remanentes ideológicos y del maximato que actúan con independencia creciente porque ya no reconocen en el centro una autoridad que los represente ni un sistema de protección que los cobije.
En medio de esta fragmentación, conviene más que nunca poner a Morena en su justa dimensión. El partido no es sinónimo de la Cuarta Transformación, aunque durante años se haya promovido esa equivalencia. Morena es el instrumento electoral del movimiento, no el movimiento mismo. La Cuarta Transformación, como proyecto político y social, incluye bases que no militan en ningún partido, simpatizantes que votan pero no se afilian, organizaciones civiles que comparten agenda sin compartir siglas y una base de apoyo popular que responde más a una idea de país que a una estructura partidaria. Confundir al partido con el movimiento es un error que beneficia precisamente a quienes quieren secuestrar la marca para fines personales o, peor aún, a quienes buscan que la crisis de Morena se interprete como la muerte de todo el proyecto transformador. Si Morena desapareciera mañana como partido, la Cuarta Transformación no se extinguiría automáticamente. Perdería su vehículo electoral más importante, sin duda, pero el sustento social del proyecto no reside en un registro ante el Instituto Nacional Electoral. Reside en millones de personas que identifican en ese proyecto una respuesta a décadas de exclusión.
Morena ya no es un movimiento unificado. Es una estructura de contención bajo estrés provocado por imperativos opuestos e incompatibles. Un lado busca la acomodación con Estados Unidos, la continuidad institucional a través de figuras como Omar García Harfuch y la emancipación definitiva del maximato obradorista. El otro busca la preservación del orden heredado, con todas sus implicaciones ideológicas, sus compromisos informales y, según diversos señalamientos, sus entrelazamientos con zonas grises de gobernabilidad. La colisión ya no es latente. Se está desarrollando en tiempo real, visible en cada remoción, en cada desafío regional, en cada declaración calculada y en cada silencio estratégico. El partido se aproxima a un punto de quiebre que Sheinbaum quizá ya no pueda controlar, no porque carezca de voluntad política, sino porque desmontar un maximato mientras se gobierna bajo presión imperial exige un margen de maniobra que se estrecha con cada día que pasa.
Lo que está en juego no es solo el futuro de un partido ni la supervivencia de un maximato. Es la definición de qué queda de la Cuarta Transformación cuando el instrumento que la llevó al poder ya no puede contener las contradicciones que acumuló en el camino, cuando la presidenta que debía ser su continuadora ha decidido que gobernar de verdad vale más que administrar una herencia envenenada, y cuando la línea de desmantelamiento que comenzó con los operadores se acerca, inexorablemente, hacia quien trazó el diseño original.
