Jorge Montejo
17/10/20

Los mexicanos presos por delitos de cuello blanco, narcotráfico o lavado de dinero en Estados Unidos se han ido acumulando en las cárceles de este país. Estos personajes, gozan de un rasgo en particular, formaron una elite tanto en los gobiernos federal y estatal como en grupos criminales durante los sexenios de Felipe Calderón (Panista) y Enrique Peña Nieto (priísta).

Exsecretarios de Estado, militares de alto rango, exfiscales y narcotraficantes de renombre mundial son ahora exhibidos desde los juzgados estadounidenses. Con la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda, los funcionarios acusados por sus ligas con distintos cárteles del narcotráfico en México embarran dos sexenios.

En este tenor de ideas, es importante recordar que el ex secretario de gobernación Miguel Angel Osorio Chong compartió dentro de su gabinete de seguridad relaciones con personajes procesados por el gobierno de Donald Trump, por narcotráfico y lavado de dinero. 

Inclusive cuando fue gobernador de Hidalgo, Felipe Calderón visitó en distintas ocasiones a Osorio Chong, se reunieron en el Estadio Hidalgo, durante diversos partidos del Pachuca, equipo propiedad de Grupo Pachuca, empresa que creció al amparo del poder y ha sostenido relaciones con distintos gobernadores priistas de esta entidad federativa. 

Osorio y Cienfuegos construyeron parte de la verdad histórica (de Murillo Karam) al argumentar que uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos es un soldado en activo y que Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, confirmó que su hijo fue militar, pero habría “desertado” el año pasado para ingresar a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Incluso, el padre del soldado normalista ha venido reprochando a las autoridades el hecho de que hasta ahora no se haya esclarecido el tema del teléfono móvil de su hijo, que seguía activo después de la desaparición de los estudiantes, y de acuerdo con el rastreo satelital se ubicó por última vez en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Lo anterior va reforzando la idea de qué el ejército y el gobierno, si intervinieron en los crímenes de Ayotzinapa y por lo tanto el desenlace se acerca a que todo fue un crimen de Estado.
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Foto: Archivo/Adolfo Vladimir /Cuartoscuro.