Los hidalguenses durante años nos hemos dolido de la pésima calidad de los servicios públicos municipales y de la normatividad que los regula, lamentablemente nuestros ayuntamientos llevan más de 80 años operando a través de un cuerpo normativo obscuro que favorece el tráfico de influencias y la corrupción.

Hidalgo es un Estado inquisitivo y centralista en el ámbito municipal, la Constitución Estatal, la Ley de Hacienda Municipal, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de la Auditoria Superior, etc, contienen preceptos en materia presupuestaria que limitan jurídicamente a los ayuntamientos y vulneran claramente el principio de libre hacienda municipal consagrado por el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Existen decenas de casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que diversos congresos y gobiernos, con la intención de someter políticamente a los municipios, crearon y reformaron leyes que invaden esferas competenciales, esto para frenar el presupuesto de algunos gobiernos de oposición, obstaculizando de esta manera el desarrollo de ciertas comunidades marginadas con fines electorales.

Por lo anterior, es importante destacar que los municipios tienen múltiples herramientas constitucionales que les otorga autonomía presupuestaria, el mencionado artículo 115 de la Constitución Federal, les concede infinidad de facultades jurídicas exclusivas del municipio libre. Los municipios como entes autónomos pueden expedir sus propios reglamentos en materia de fiscalización y dejar de aplicar las leyes del Congreso que invaden esferas competenciales; sin embargo, esto no sucede en la realidad, los ayuntamientos no cuentan con los mecanismos jurídicos necesarios para ejercer su libertad de gobierno gracias a su desorden normativo e ignorancia.

En nuestra sociedad globalizada, es fundamental que los municipios cuenten con su propia normatividad en las materias que los faculta la Constitución Federal, ya que de esta forma evitarían la intromisión y el control de otros poderes. Por ejemplo, en materia presupuestaria, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, facultada por su Ley, al fiscalizar recursos propios del municipio, se encuentra vulnerando el principio de libre hacienda municipal sin que los ayuntamientos puedan hacer algo al respecto, debido a que no cuentan con las herramientas necesarias para auto-fiscalizarse.

De igual forma, la dispersión normativa es otra de las problemáticas que impiden el desarrollo de los municipios hidalguenses, ya que existe una gran cantidad de reglamentos que colisionan entre si y que son operados por nuestros servidores públicos en un ambiente de obscuridad. En pocas palabras, hoy en día, es mucho más complicada la creación de una empresa, la expedición de licencias, permisos, etc; debido a que cada administración municipal que entra en funciones, quiere redescubrir el hilo negro legitimando sus necesidades partidistas de poder inventando normas ineficaces e inoperantes, generando de esta forma un caos normativo.

Para disminuir la dispersión jurídica con la que cuentan los municipios hidalguenses, es necesario que estos ordenen su normatividad, es decir, los ayuntamientos deben crear un cuerpo normativo (Digesto Municipal) en donde se encuentren compilados, depurados, interpolados y sistematizados todos los reglamentos operados por el municipio. En una economía tan dinámica como la de hoy, es necesario que nuestros municipios cuenten con un cuerpo normativo claro que reduzca tramites incensarios y facilite la creación de empleos, recaudación, transparencia y acceso a la justicia. Las administraciones municipales no necesitan más normas, necesitan ordenarlas.

De acuerdo con lo anterior, es necesario que cada uno de los Municipios del Estado de Hidalgo, cuenten con su propio derecho común, ya que a través de este, se ordenaría jurídicamente al municipio (base de la organización política y administrativa de la sociedad). La desorganización de un ayuntamiento y su falta de resultados se refleja directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, las políticas municipales deficientes que en la actualidad observamos, no son más que el reflejo de la falta de organización jurídica de nuestros ayuntamientos.

La situación en el Estado de Hidalgo, es sumamente preocupante, hoy más que nunca, es necesario que nuestros municipios cuenten con normas claras basadas en principios jurídicos universales como lo son la vida, la salud, la educación, la libertad, el sano esparcimiento y no en formalismos jurídicos que se reflejan en tramites absurdos que vulneran los derechos humanos de los gobernados y obstruyen la inversión privada. Por ejemplo, si queremos que funcionen los proyectos del gobierno destinados a fomentar la inversión, los municipios hidalguenses, deben de modernizar su normatividad municipal, ya que nadie invertirá en un municipio con altos índices de corrupción y dispersión jurídica. 

Hidalgo, necesita un cambio en todos sus sectores, necesita modernizarse de fondo, a diario los ciudadanos nos enfrentamos con funcionarios públicos que operan los reglamentos municipales en un ambiente de oscuridad con la intención de obtener beneficios económicos y políticos debido a que nuestra dispersión normativa se los permite. 

Mientras más normas municipales se contrapongan entre si, menor seguridad jurídica tendrán los gobernados ante la corrupción.

Si anhelamos un Hidalgo de vanguardia, es necesario que los municipios adapten sus normas a los valores humanos que dignifiquen el servicio público, debemos estar preparados para enfrentar la nueva realidad, los gobernados requieren una administración pública transparente, que use las nuevas tecnologías y que actúe con orden y rumbo.

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Julio Alejandro Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales.

Es apartidista, cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico a través del tema "activismo judicial" fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial”, Editorial Porrúa, presidida por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario Nuevo Gráfico y del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), así como consultor y asesor.