El derecho a la libre opinión pública.



La libertad de expresión forma parte de un conjunto de derechos fundamentales reconocidos en las primeras declaraciones de derechos del siglo XVIII, es decir, constituye una de las primeras conquistas del constitucionalismo liberal. El reconocimiento de este derecho, permitió a los ciudadanos ganar un espacio de libertad frente al poder del Estado.

Así pues, estamos ante uno de los clásicos derechos de libertad frente al Estado, aunque, hoy en día, la lucha constante de los ciudadanos en contra de los abusos de autoridad, ha logrado que dentro de la jurisprudencia se reconozcan diversos matices que el derecho a la libertad de expresión tiene en la actualidad.

La libertad de expresión de los ciudadanos permite la creación de la opinión pública, la cual a su vez le proporciona contenido a varios principios dentro de un ordenamiento jurídico. Sólo una discusión pública libre sobre asuntos de interés general asegura la formación de un Estado democrático.

Asimismo, la libre opinión pública es un derecho colectivo que forma parte del derecho a la libertad de expresión y que ante la falta de información objetiva, hoy en día, busca consolidar el factor democrático dentro de Estados en los que impera una sola forma de pensamiento impuesta por medios institucionales de comunicación.

De acuerdo con lo anterior, Habermas, en su obra titulada "Historia y crítica de la opinión pública", la opinión pública es todo juicio de valor verdadero o falso, realizado libremente por una persona sobre determinado hecho o conducta y que es llevado ante un espacio público para su tratamiento. 

Hoy en día es muy discutido en la doctrina si el derecho a la libertad de opinión debe contemplar o no, todas aquellas expresiones de noticias y afirmaciones de hechos, ya que al parecer estas últimas se encuentran tuteladas por el derecho a la libertad de informar.

Lo anterior es así debido a que pareciera que los hechos objeto de determinada información necesitan forzosamente ser verdaderos con el fin de evitarse cualquier distorsión de la realidad que pudiera causar alguna afectación sobre un tercero; mientras que las opiniones como son juicios de valor sobre determinado hecho o conducta, resulta indiferente que sean verdaderas o falsas.

Para muchos autores la distinción entre opinión y hecho resulta innecesaria, pues una marcada delimitación entre expresión de la opinión e información tendría por consecuencia que la información por parte de los medios de comunicación social estaría protegida en forma directa por el derecho fundamental a la libre opinión pública, mientras que la información difundida por una persona privada estaría excluida de ello.

De acuerdo con lo anterior, la libertad de recibir información no se limita a ser notificada de opiniones existentes, sino que también incluye hechos de toda índole, ya que la libertad le opinión constituye parcialmente la implementación recíproca de la libertad de recibir información y se deduce que esta debe también incluir el derecho de comunicar hechos. En base a lo anteriormente explicado podemos afirmar que la libertad de opinión incluye a la libertad de expresar tanto opiniones como hechos.

En este orden de ideas podemos concluir que, sólo una discusión pública sobre asuntos de interés general asegura la libre formación de la opinión pública, ya que independientemente de que cierta opinión sea verdadera o falsa, contribuye en la consolidación de un Estado democrático.

Las ideas falsas, erróneas o verdaderas, presentadas libremente en un espacio público, que se materializan en argumentaciones y contra argumentaciones deben ser tuteladas por el Estado, ya que estas contribuyen para formar una conciencia colectiva dentro de sociedades manipuladas por la única verdad objetiva o institucional. 

Sin una discusión libre no es posible una realización cabal del Estado democrático, donde todos los ciudadanos tienen derecho a opinar (inclusive el Presidente de la República), de lo contrario, nos orillarían a una dictadura, donde sólo existe la información del político.

PDD. Un buen texto para una charla de café. Fuente: Julio Alejandro Gálvez Bautista, Libertad de Expresión y Veracidad de la Opinión Pública, Garantismo Judicial, Editorial Porrúa, Coordinador: Dr. Fernando Silva García, Presidido Honoríficamente por el Profesor Luigi Ferrajoli.



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Julio Alejandro Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales.

Es apartidista, cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico a través del tema activismo judicial fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial”, Editorial Porrúa, presidida por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario Nuevo Gráfico y del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), así como consultor y asesor.