Para poder entender la columna de opinión del día de hoy, necesitamos la ayuda de la historia de nuestro país. Si nos referimos a los 200 años del imperio Azteca y los 300 años siguientes del Virreinato, es bien sabido que los derechos humanos no existían, y ni hablar de los derechos laborales. Pasamos por una independencia, la instalación de una República, posterior la invasión de barradas, un Santa Anna, la Guerra de los pasteles, la Guerra de Reforma, La Batalla de Puebla, el ascenso de Díaz y los tres momentos de la Revolución Mexicana.
En cada una de las etapas históricas de nuestro país en ningún momento se conformó un estado de derecho hasta 1917 cuando el Congreso de la Unión discutió y aprobó la creación de una nueva Constitución.
Uno de los artículos fundamentales fue el 123, referente al trabajo, donde se estableció un límite para el abuso de los patrones con sus empleados precisamente por todos los atropellos vividos en las etapas que mencione al principio. La conquista de nuestros derechos laborales fue gracias a los constituyentes, curiosamente todos hombres JOVENES de 23 a 39 años, a los que les llamaban “radicales” por su ideología agobiante para los moderados y los conservadores.
Desafortunadamente hoy son letra muerta, pues si bien fue un gran avance obtener la reducción a 8 horas de la jornada laboral, el acceso al derecho de huelga, a recibir el pago en efectivo y no con vales, a tener por lo menos un día de descanso a la semana así como el derecho a recibir una participación de las utilidades de la empresa en la que se trabaja, entre otros derechos más, previstos en el 123 constitucional; desaparecieron gracias a las reformas priistas.
En el mandato de Miguel de la Madrid, con las reformas estructurales de primera generación, México se comprometió con distintos organismos internacionales como el Banco mundial y el Fondo Monetario Internacional a generar una serie de modificaciones a las normas administrativas mexicanas (incluidas las laborales) además de darle apertura a las instituciones financieras para que el estado interviniera lo menos posible.
En el mismo orden de ideas, en una segunda etapa de reformas con Salinas de Gortari, nuevamente se dieron reformas estructurales donde se firmó el tratado de libre comercio que tuvo impacto jurídico en los derechos laborales. Con Zedillo se minó la seguridad social y se dio paso a la privatización de las paraestatales y el campo, además de permitirles a las mismas instituciones financieras la influencia en la toma de decisiones en la economía mexicana.
En la tercera etapa con Peña Nieto, se impulsa la contrarreforma laboral donde perdimos completamente todos los avances en materia de derechos laborales.
Muchos jóvenes han perdido de vista como se obtuvieron esos derechos y como se perdieron. Tal parece que los gobiernos de centro y derecha cada que gobiernan llegan a destruir los pocos derechos obtenidos históricamente, aprovechan las coyunturas para dejar a las nuevas generaciones fuera e imponer condiciones de precarización a la clase asalariada. Hoy nos toca a los jóvenes ya que representamos poco más del 35% de la fuerza laboral decidir si queremos perder esos derechos o decidimos tener el valor para defenderlos dentro de los espacios públicos. No nos equivoquemos, la historia ya nos ha enseñado que nos han quitado nuestros derechos laborales la pregunta es ¿Vamos a perder nuestros derechos por completo?
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