19/08/21
Con fecha 10 de agosto de 2020, con fundamento en los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 71 de la Ley Orgánica del Ministerio Público vigente en el Estado, el C. EDUARDO GONZÁLEZ MATA, director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, emitió el oficio DIGESEPE/1091/2020, en donde se ordenó que los vehículos oficiales, no podrán ser utilizados para atender asuntos de carácter personal, haciendo del conocimiento del personal a su cargo que todo aquel servidor público que sea sorprendido incurriendo en irregularidades o actos deshonestos durante la jornada laboral y haga uso indebido o desvíe el objeto para el que estén previstos los recursos materiales, será puesto INMEDIATAMENTE a disposición de la Contraloría Interna para las sanciones administrativas conducentes, con independencia de que dichos actos sean de igual forma motivo de alguna denuncia penal.
Es el caso que el 19 de enero del año 2021, peritos de la procuraduría de Hidalgo atendieron una audiencia en la Visitaduría Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en Tula de Allende, dentro de la QUEJA número CDHEH-VG-2018-20.
En el día mencionado se identificó a la C. GUADALUPE PERALTA HERNÁNDEZ (suspendida del cargo) afuera de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en Tula, estacionando un vehículo oficial marca CHEVROLET, tipo CRUZE LS, modelo 2017, color PLATA BRILLANTE, con número de placas HRH-573-A, del cual es responsable EDUARDO GONZÁLEZ MATA, director general de servicios periciales de la procuraduría de Hidalgo.
Derivado de los hechos anteriores, peritos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, iniciaron un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de GONZÁLEZ MATA, por disponer de recursos públicos bajo su resguardo de forma irregular e ilegal, actuando en contra de una disposición del Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo de fecha 6 de noviembre del año 2020 así como de su propio oficio número DIGESEPE/1091/2020 de 10 de agosto del mismo año.
En este sentido, es importante mencionar que por resolución de 22 de junio de 2021, el órgano interno de control de la Procuraduría General de justicia del Estado de Hidalgo, dejó a salvo los derechos de la ciudadana perito promovente, argumentando que la minuta del procurador y el oficio del director de servicios periciales eran actos irregulares.
En este orden de ideas, con fecha 6 de noviembre de 2020, fue firmada una minuta de trabajo por parte del Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, RAÚL ARROYO GONZÁLEZ, en donde en su punto octavo se acordó darle atención a la situación del funcionamiento de la subdirección de Servicios Periciales, suspendiéndose las labores de su titular, la C. Guadalupe Peralta, hasta en tanto se verifique por la Visitaduría General si existen actuaciones que pudieran constituir responsabilidad administrativa o penal y en su caso dar intervención a las autoridades competentes por le uso de recursos materiales de la procuraduría con fines personales.
Es el caso que el 19 de enero del año 2021, peritos de la procuraduría de Hidalgo atendieron una audiencia en la Visitaduría Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en Tula de Allende, dentro de la QUEJA número CDHEH-VG-2018-20.
Derivado de los hechos anteriores, peritos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, iniciaron un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de GONZÁLEZ MATA, por disponer de recursos públicos bajo su resguardo de forma irregular e ilegal, actuando en contra de una disposición del Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo de fecha 6 de noviembre del año 2020 así como de su propio oficio número DIGESEPE/1091/2020 de 10 de agosto del mismo año.
En este sentido, es importante mencionar que por resolución de 22 de junio de 2021, el órgano interno de control de la Procuraduría General de justicia del Estado de Hidalgo, dejó a salvo los derechos de la ciudadana perito promovente, argumentando que la minuta del procurador y el oficio del director de servicios periciales eran actos irregulares.
Es importante mencionar que la denuncia en contra de funcionarios de la procuraduría se derivó de diversos casos de abuso laboral en contra de peritos de esa dependencia, así como del trato desigual que existe, ya que los políticos y directivos gozan de privilegios que los demás trabajadores no tienen en el gobierno.
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