Alonso Quijano
29/10/21
Tal como lo había expresado este semanario, Arturo Zaldívar sólo es una apariencia, un juez fifí que protege a los potentados, ya que prometió realizar cambios para combatir la corrupción dentro del poder judicial y nada de esto ha pasado, todo lo contrario, esta institución continúa privilegiando a las grandes empresas y personas de dinero, no al pueblo.
Lo anterior, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prisión preventiva de oficio establecida para quienes cometen delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes (factureras).
Durante la sesión del Pleno de la Corte, los ministros analizaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del decreto del 8 de noviembre de 2019.
Los ministros consideraron que con esta reforma el Poder Legislativo excedió sus facultades al extender la prisión preventiva de oficio a delitos no contemplados en el artículo 19 de la Constitución federal.
Por ello, invalidaron el artículo 5 fracción XII de la Ley de Seguridad Nacional que establece a estos delitos entre las conductas consideradas como amenazas a la seguridad nacional y el artículo 167, párrafo sexto fracciones I, II y III que los agrega como delitos que merecen prisión preventiva de oficio.
Lo anterior, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prisión preventiva de oficio establecida para quienes cometen delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes (factureras).
Durante la sesión del Pleno de la Corte, los ministros analizaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del decreto del 8 de noviembre de 2019.
Los ministros consideraron que con esta reforma el Poder Legislativo excedió sus facultades al extender la prisión preventiva de oficio a delitos no contemplados en el artículo 19 de la Constitución federal.
Por ello, invalidaron el artículo 5 fracción XII de la Ley de Seguridad Nacional que establece a estos delitos entre las conductas consideradas como amenazas a la seguridad nacional y el artículo 167, párrafo sexto fracciones I, II y III que los agrega como delitos que merecen prisión preventiva de oficio.
En este orden de ideas, es importante mencionar que para la Corte, los delitos de corrupción no requieren prisión preventiva, todo el esfuerzo realizado por el gobierno de AMLO en contra de empresas fantasma y facturaras que saquean al fisco, se ha ido a la basura con interpretaciones formalistas y textuales de la Constitución, sin importar las víctimas y el tema de corrupción que es de primer orden para México, por encima de los formalismos ya que los derechos humanos van más allá de las normas mexicanas creadas por políticos, estos son expansivos en el derecho internacional.
Con esta sentencia, la Suprema Corte protege a los supuestos empresarios y políticos que se han vuelto millonarios defraudando al pueblo al amparo del poder, tal y como lo ha hecho en los amparos donde el ciudadano se enfrenta a privilegiados corruptos y al dinero.
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