12/08/22

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que emitirá un decreto para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), surgió una controversia, ¿si se violaría o no la Constitución?, ya que se trata de un tema de seguridad.

Surgieron voces que mencionan que al tratarse de un tema de seguridad nacional, el mandatario tiene las facultades que le otorga la ley como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y otros puntos de vista han señalado que un decreto no puede modificar la carta magna, por lo que sería inconstitucional.

Un artículo transitorio de la ley, que creo la Guardia Nacional en 2019, permite que el presidente pueda ocupar a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública por un periodo de cinco años. Sin embargo, quienes se oponen señalan que este organismo surge por una reforma constitucional, por lo que no se puede violentar con un acuerdo administrativo como un decreto presidencial.

La seguridad nacional y el decreto

Al respecto, el abogado, Julio Gálvez, expresó que si el decreto se fundamenta en motivos de seguridad nacional, no sería inconstitucional. “Al estar infiltradas las fuerzas de seguridad por la delincuencia organizada, como existe evidencia en procedimientos judiciales en Estados Unidos".

El especialista ejemplificó con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México en el gobierno de Felipe Calderón, detenido en 2019 en Estados Unidos por aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa.

El Senador por Hidalgo, Navor Rojas, mencionó que la Constitución es muy clara cuando se trata de temas de seguridad nacional. “La seguridad de los mexicanos es seguridad nacional, entonces, por lo tanto, el presidente está en todo su derecho de decretar cambios a la ley orgánica de la administración pública federal o de algún otro ordenamiento”.

“La inseguridad en México no viene por generación espontánea, este problema viene desde los años ochenta, cuando los gobiernos federales, particularmente los presidentes de la república, en ese tiempo los gobernadores, los senadores, los diputados y hasta los presidentes municipales, dejaron permear al narcotráfico en nuestro país. La narcopolítica surgió en los ochenta a tal grado que carcomió el tejido social y familiar”, agregó en entrevista con Nuevo Gráfico el legislador morenista.

Las voces en contra

Organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez dijo que adscribir la Guardia Nacional a la Sedena mediante un acuerdo presidencial, implicaría eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución y profundizar la militarización.

El abogado Juan Velásquez opinó que un decreto no puede estar por encima de la Constitución, y si la oposición lo llevaba a instancias judiciales, es muy probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declare inconstitucional”.