Chong, Imaz y Mancera, involucrados en contratos con García Luna.



Cómo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 empresas.

Mediante contratos fraudulentos con la Policía Federal, y la OADPRS, el brazo derecho de Calderón celebró contratos con el Cisen de Eugenio Imaz y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por más de 745 Millones de Dólares.

El presunto quebranto multimillonario a la Hacienda Pública ocurrió durante los sexenios de Felipe Calderón con 10 contrataciones y en la administración de Enrique Peña Nieto con 29 contrataciones.

De igual forma existen 3 contratos celebrados con el gobierno de Miguel Angel Mancera, tal como precisa el gobierno de la CDMX de Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la investigación de la UIF, El dinero obtenido ilegalmente se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses, acusó el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado, señaló Gómez Álvarez.

Las empresas implicadas en las 30 contrataciones fueron: Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; GLAC. Los contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Los contratos implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745 millones 879 mil 384.78 dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar). De este monto, el 42.5 por ciento –unos 6 mil 400 millones de pesos– se adjudicó con Calderón Hinojosa desde instituciones encabezadas por el propio García Luna: la Policía Federal y el OADPRS. Mientras que en el gobierno de Peña se le asignó el 47.3 por ciento del total, desde el Cisen y el OADPRS, instituciones encabezadas por Miguel Ángel Osorio Chong, desde la Secretaría de Gobernación.